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La Guardia Civil gana la 'batalla del cuartel de Legutio'

Guardias civiles en una ofrenda floral en un cuartel.

Aitor Guenaga

Hubo un tiempo en Euskadi, hace relativamente poco, que a los guardias civiles algunos les querían echar a bombazos. Una de las últimas veces que ocurrió eso fue el 14 de mayo de 2008 cuando ETA colocó de madrugada un coche bomba frente al cuartel de Legutio (Álava). La onda expansiva segó de cuajo la vida del guardia civil José Manuel Piñuel y produjo heridas a cuatro personas. En aquella ocasión, el coche bomba dejó en estado de ruina el acuartelamiento. Y la corporación, gobernada por el entonces alcalde de EA, Pedro Berriozabal, apostó fuerte para evitar que el instituto armado volviera a construir un cuartel de la Guardia Civil en el municipio.

La idea se pergeñó enseguida: y los periodistas que entoces cubrieron el atentado terrorista pudieron escuchar de boca de los concejales nacionalistas una frase: “igual no hay otro cuartel de la Guardia Civil en esta ciudad”. Legutio, localidad alavesa de unos 1.400 habitantes, estaba entonces gobernada por Eusko Alkartasuna. Pero tradicionalmente había sido un feudo de Batasuna, formación que entonces no pudo presentarse a las elecciones municipales de mayo de 2007 al ser anulada su lista. EA y la izquierda abertzale en general han defendido históricamente la salida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, campaña que HB y la desaparecida KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista) resumió con la campaña mantenida en el tiempo durante décadas “Que se vayan”. Claro que la formación EA, escindida del PNV y fundada por el exlehendakari Carlos Garaikoetxea, siempre ha defendido ese postulado denunciando a la vez la violencia terrorista de ETA.

Cuando ETA dejó el cuartel de Legutio “en estado de ruina” además de una familia rota por el dolor, la corporación aprobó por unanimidad una rotunda condena del atentado con los votos de EA, PNV y el representante del PSE y se ratificó en el “valor del respeto a la dignidad humana”.

Pero pasado el luto y el dolor inicial, los máximos responsables del consistorio comenzaron a poner trabar urbanísticas y municipales para intentar hacer desistir al Ministerio del Interior y al Gobierno central, entonces en manos socialistas, de la idea de construir un renovado cuartel.

El Ayuntamiento evitó conceder la necesaria licencia municipal para derruir el acuartelamiento y poder construir uno nuevo cuartel y ralentizó al máximo la vía administrativa, como acredita la resolución judicial. El Gobierno central, ante esa situación, ordenó de manera urgente y excepcional el 16 de septiembre de 2011 la ejecución del proyecto de obras de construcción del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil en Legutiano.

Autonomía municipal

La resolución de Alto Tribunal considera que el Gobierno usó la potestad extraordinaria fijada en la norma que permite en “circunstancias excepcionales” y por el “interés público” alterar las “reglas competenciales y procedimientales ordinarias”, como ha venido a fallar ahora una sentencia del Tribunal Supremo, recogiendo jurisprudencia anterior. En concreto, la Ley del Suelo, en su artículo 180.2 responde “a una manifestación de la virtualidad de las circuntancias excepcionales para alterar las reglas generales en materia de competencia y procedimiento” Y añade la sentencia, “en el sistema del artículo 180.2, la competencia municipal para el otorgamiento de la licencia se ve sutituida, en lo que ahora importa, por la del Consejo de Ministros para decidir si procede ejecutar el proyecto” planeado.

El consistorio defendió en los tribunales la autonomía municipal, pero el Supremo señala en la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Fernández Valverde, que “es evidente que la autonomía no se reconoce por la Constitución para incidir negativamente en los intereses generales de la Nación”.

La sentencia, con todo, tiene un voto particular del magistrado Eduardo Calvo, quien recuerda que la resolución del Ministerio del Interior que declaró “de excepcional interés público el proyecto de obras de construcción del nuevo cuartel” fue anulada por sentencia de la Audiencia Nacional de diciembre de 2013. El magistrado discrepante cree que la Sala debió haber mantenido ya que no existía “una declaración de excepcional interés público que justifique y habilite la intervención del Consejo de Ministros para autorizar la ejecucion del proyecto”.

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