Guardias civiles y policías nacionales reivindican su derecho a permanecer en Euskadi

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) y el Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), tras conocer que el Gobierno Vasco desea la reducción de efectivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi, han reivindicado su derecho a permanecer en Euskadi.

No obstante, han considerado “apropiada” una mayor inversión económica para mejorar sus dependencias, instalaciones, medios de prestación del servicio y vehículos, además de beneficiarse de la subida salarial que en el ámbito nacional puedan experimentar ambos Cuerpos.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, denunció este pasado martes que el “empeño” del Gobierno central por mantener el actual despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE) en Euskadi “contraviene” el Estatuto de Autonomía de Gernika, que reconoce a la Ertzaintza el carácter de policía “integral”.

En un comunicado conjunto, los guardias civiles y policías nacionales que integran dichas organizaciones han recordado al Gobierno Vasco que, sin perjuicio de racionalizar el número de efectivos, la Guardia Civil conserva “intactas” sus funciones de Resguardo Fiscal del Estado, por cuanto el antiguo Cuerpo de Carabineros se integró desde mediados de siglo pasado en ese Cuerpo, y son precisos sus efectivos para los servicios que prestan en fronteras, puertos y aeropuertos, incluido el mar territorial, que es competencia del Estado.

DOCUMENTACIÓN Y EXTRANJERÍA

De la misma forma, han destacado que documentación y extranjería son funciones de la Policía Nacional, que requieren de personal para el control de entrada de personas de territorios ajenos a la Unión Europea.

“Es el control de mercancías y personas en territorio de la Unión Europea lo que justifica la permanencia de ambos Cuerpos, pues dichas competencias no han sido transferidas, y difícilmente lo serán, dado el grado de compromiso que España mantiene con los países integrantes de la Unión”, han aseverado, para destacar que en el Puerto de Santurtzi ha aumentado el salto masivo de personas que intentan llegar a Gran Bretaña siendo transportados en el Ferry que une ambos países.

Las organizaciones profesionales de ambos Cuerpos de Policía del Estado, IGC y SIPE, han recordado también que en países como Italia existe un Cuerpo de Policía específico para cumplir con estas funciones, conocido como la 'GUARDIA DI FINANZA'.

La Guardia Civil es también Cuerpo de Policía al servicio de la Agencia Tributaria, y conserva también funciones de protección de la naturaleza y salud pública, armas y explosivos, policía judicial dependiente de la Audiencia Nacional y juzgados del resto del territorio nacional, como consecuencia de sus funciones de seguridad ciudadana “ad extra” de los límites de la comunidad autónoma vasca. Igual ocurre con la Policía Nacional, que además tiene competencia exclusiva en la persecución de las grandes redes internacionales del narcotráfico.

SEGURIDAD A INSTALACIONES Y AUTORIDADES

“Los guardias civiles y policías nacionales tienen que prestar servicios de protección y seguridad a instalaciones y autoridades de la nación, y a sus propias instalaciones y dependencias”, han añadido.

Los Independientes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional (IGC y SIPE), consideran “beneficioso” que se racionalicen las estructuras y departamentos de ambos Cuerpos, y se aprovechen las inversiones del Estado para crear comisarías y comandancias conjuntas de ambos Institutos Armados, haciéndolos funcionar “como si fueran uno sólo, con lo que se puede reducir en mucho personal, con las nuevas tecnologías y medios de protección de las instalaciones nuevas, al integrar sus dependencias”.

Las organizaciones independientes también han expresado que son “muchos los asesinatos y atentados sin resolver y sin detener a sus autores, lo que requiere de la permanencia de las Fuerzas de Seguridad para seguir investigándolos”.

Tanto IGC como SIPE desean que el Gobierno Vasco vea en las Fuerzas de Seguridad del Estado el “complemento necesario” para satisfacer las necesidades de seguridad de los ciudadanos vascos, que no les tengan como fuerzas “innecesarias o no deseadas”, y faciliten la integración social de estos funcionarios, vascos o foráneos afincados y con hijos naturales de Euskadi, y se aproveche de esa plusvalía de agentes “al servicio de las personas y de sus bienes”, para mantener bajos niveles de inseguridad.

MALOS TRATOS

Respecto a la condena a España porque supuestamente dos miembros de ETA detenidos fueron víctimas de malos tratos, según sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ambas organizaciones profesionales, IGC y SIPE, consideran que “siendo un hecho contrario al ordenamiento jurídico, es puntual, y puede haber sido consecuencia también de una defectuosa instrucción de diligencias en ese concreto hecho, por no haber reflejado suficientemente bien el resultado de las lesiones como consecuencia de una supuesta resistencia”.

En todo caso, los funcionarios de policía y guardia civil han asegurado que son “manifiestamente contrarios” a cualquier acto que entrañe violencia física o moral contra las personas, “aún incluso cuando éstas hayan asesinado a otras y hayan provocado graves daños y riesgos para la ciudadanía”.

“La profesionalidad e integridad de los funcionarios policiales debe mantenerse por encima de cualquier acto criminal, considerando satisfecho el castigo, con el cumplimiento de una condena, tras un juicio justo”, han concluido.