Hacienda cifra en 126 millones las ayudas autorizadas con el sistema 'tax lease' ilegal
El Ministerio de Hacienda ha remitido a la Comisión Europea una notificación en la que señala que las ayudas autorizadas para la construcción de buques bajo el sistema 'tax lease' entre 2007 y 2001 asciende a 126 millones de euros, según han confirmado a EDN fuentes autorizadas del propio ministerio. España ha acompañado esta información con un listado de las operaciones que han sido chequeadas por los técnicos del ministerio durante estos meses, desde que en julio la Comisión certificara la ilegalidad de dichas bonificaciones fiscales.
El sector naval vasco esperaba que se despejaran las incertidumbres que se ciernen sobre los astilleros desde la decisión de julio. El pasado 17 de julio, la Comisión europea resolvió que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para el sector naval debían reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011. Inicialmente las autoridades comunitarias planteaban que la devolución se remontara a 2005. La cifra que se había barajado inicialmente -y que posteriormente rebajó el ministro de Industria, José Manuel Soria- era que las bonificaciones fiscales de las que se habían beneficiado los inversores que habín entrado a construir barcos se acercaba a los 2.000 millones de euros.
A partir de ahora se abre una negociación con Bruselas, que debe certificar la información y dar luz verde a los datos suministrados por las autoridades españolas en el día de hoy. La cuestión no parece fácil porque se han producido diferencias de criterio entre los técnicos españoles y los comunitarios sobre este asunto.
La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, que se ha entrevistado esta tarde con el ministro Soria ha confirmado también que España ha remitido “un listado de operaciones” y que ese movimiento “supone un paso adelante, pero aún quedan cuestiones por aclarar”. Tapia ha mostrado su estupor porque el Ministerio de Hacienda “no haya confirmado si ha remitido o no a Bruselas la documentación solicitada en las condiciones requeridas, es decir con una clara relación de empresas afectadas y la concreción de las cuantías a solicitar a cada una de ellas”.
