La jueza del 'caso Ibarzaharra' impidió la intervención del fiscal por videoconferencia
La Fiscalía de Bizkaia no pudo intervenir por videconferencia el pasado miércoles (14 de enero) en la toma de declaración de los testigos del 'caso Ibarzaharra'. La jueza que instruye la causa, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Barakaldo, entiende que el uso de la videconferencia debe ser “excepcional” y, por lo tanto, que era precisa la presencia física de un fiscal a la hora de tomar declaración a los testigos citados por la propia Fiscalía. El 'caso Ibarzaharra' es un presunto caso de corrupción que afecta a dos exaltos cargos del PNV, Iñigo Camino y Juan Cruz Nieves, ambos imputados por la Fiscalía por cobrar casi 300.000 euros de la sociedad pública sin ir a trabajar. Ibarzaharra está dedicada a la promoción de suelo industrial y es propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao. Según la Fiscalía, Camino y Nieves cometieron delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación de caudales públicos.
La sorpresa de los testigos se produjo al comprobar que la Fiscalía, que impulsa el caso, no iba a participar y, por lo tanto, no les iba a tomar declaración. La Fiscalía sí que intentó intervenir y su presencia estaba garantizada por medio de una videoconferencia. Pero dos días antes de la toma de declaración a los testigos, la jueza le remitió un escrito en la que rechazaba la presencia del fiscal por medio de videconferencia. Para ello, la jueza emitió una resolución en la que argumenta que este medio tecnológico debe utilizarse “de forma excepcional” y “en el presente caso no se ha alegado ninguna causa que justifique que el Ministerio Fiscal no pueda trasladarse desde la próxima localidad de Bilbao, la cual dista unos nueve o diez kilómetros de Barakaldo”.
Además, alega que “la enorme documental obrante en la causa puede hacer más dificultosa la declaración por videoconferencia, restando también inmediatez a la declaración practicada por tal medio, así como las dificultades técnicas que puedan complicar la declaración”. Eso significa que había mucha documentación por escrita que examinar y la videconferencia no era el sistema adecuado para ello.
Uso de las tecnologías
El caso es que finalmente la Fiscalía de Bizkaia optó por no mandar a nadie al juzgado de Barakaldo al no poder intervenir mediante videconferencia y no disponer de recursos humanos para acudir físicamente a la cita. Fuentes próximas a la Fiscalía de Bizkaia recalcaron que “no siempre puede el fiscal acudir a todas las declaraciones”, dado que muchas veces coinciden declaraciones relevantes para las causas en varios juzgados en día y hora. A esta circunstancia, añaden los de “obligatoria asistencia, guardias y juicios en la Audiencia y ante los juzgados de lo Penal”.
El evidente déficit de fiscales obliga a este cuerpo a recurrir a la tecnología (en este caso, la videoconferencia) para poder estar presente en el mayor número de casos. En este sentido, el articulo 306 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal supone una llamada al uso de las tecnologías para lograr una adecuada distribución de recursos humanos:
“Cuando en los órganos judiciales existan los medios técnicos precisos, el fiscal podrá intervenir en las actuaciones de cualquier procedimiento penal, incluida la comparecencia del artículo 505, mediante videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido”.
El acta de la Inspección de Trabajo, en la que se acredita “el carácter simulado de la relación laboral” y su “carácter fraudulento” es una de las pruebas de cargo contra Nieves y Camino. Ambos han cobrado salarios por casi 300.000 euros sin ir a su puesto de trabajo, señala el informe de la Inspección elaborado el pasado año. El acta prosigue que “pese a la ausencia de actividad laboral”, tanto Camino como Nieves recibieron incluso incentivos por casi 22.000 euros (7.800 y 14.000 respectivamente). Los dos imputados en este caso desvelado por eldiarionorte.es tienen un gran peso en el PNV, especialmente Iñigo Camino, quien fue asesor del actual presidente del PNV durante el periodo en el que cobraba de la sociedad pública Ibarzaharra (año y medio, entre 2008 y 2009). Es decir, en realidad sí trabajaba, pero no para quien le pagaba, sino para el PNV. Nieves, por su parte, ya está apartado de la primera línea, pero en su momento fue el primer diputado foral vizcaíno del área de Urbanismo.
