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Inspección de Trabajo elude sancionar a los dos exaltos cargos del PNV del 'caso Ibarzaharra'

Obvia el contundente informe interno que concluyo que Iñigo Camino y Juan Cruz Nieves cobraron casi 300.000 euros sin ir a su puesto de trabajo y desiste de sanciones tras el archivo de la causa en la vía penal

El informe, que hablaba de una “relación simulada” para cobrar los salarios públicos, proponía multas económicas y la anulación de los periodos de alta en la Seguridad Social de los dos afectados

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Iñigo Camino (a la derecha) y Juan Cruz Nieves, ambos imputados por fraude a la Seguridad Social.

Iñigo Camino (a la izquierda) y Juan Cruz Nieves.

La Inspección de Trabajo de Bizkaia ha decidido no imponer ninguna sanción contra dos ex altos cargos del PNV que, según su investigación interna, habían cobrado salarios públicos por casi 300.000 euros sin ir a su puesto de trabajo. La Inspección, según fuentes del organismo, ha desistido de las medidas propuestas en su informe, como multas económicas y la anulación de los periodos de alta en la Seguridad Social de los dos afectados, tras el reciente archivo del caso en la vía penal.

Este caso, que empezó a ser investigado a finales de 2013, afectaba a dos destacados miembros del PNV: Iñigo Camino y Juan Cruz Nieves, que ocuparon el cargo de adjuntos a la gerencia de la sociedad pública Ibarzaharra,  dedicada a la promoción de suelo industrial y propiedad de los Gobiernos central, vasco, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao. Camino fue estrecho colaborador del actual presidente del PNV Andoni Ortuzar durante el periodo en el que cobraba de la sociedad pública Ibarzaharra y luego fue director de Radio Euskadi y del diario Deia, afín a los peneuvistas, y ahora es asesor de este partido en las Juntas Generales de Bizkaia. Nieves fue diputado foral vizcaíno de Urbanismo y director gerente del Consorcio de Transportes de Bizkaia, la entidad que gestiona las obras del metro de Bilbao.

La Inspección de Trabajo de Bizkaia determinó, en marzo de 2014, en un contundente informe, que "pese a la falta de prestación de servicios" Iñigo Camino cobró 89.580,74 euros (incluidos incentivos) entre abril de 2008 y septiembre de 2009 (cuando se dio de baja para ocupar el cargo de director de Deia), en lo que califica de "carácter simulado de la relación laboral". El informe concluía que "ha quedado acreditado" que no existía "ninguna relación con el cargo al que teóricamente debería auxiliar", en alusión al gerente de la sociedad Ibarzaharra. Destacaba que Camino no aporta "ninguna documentación que pueda sustentar ni siquiera mínimamente la actividad laboral que haya podido desempeñar".

En el caso de Juan Cruz Nieves, quien figuró como adjunto a la gerencia durante tres años (desde marzo de 2011 a febrero de 2014, cuando se dio de baja semanas después de que este caso fuera desvelado por el diarionorte.es), el acta de la Inspección señalaba que percibió igualmente un total de 162.714,93 hasta octubre de 2013, “pese a la falta de prestación de servicios”. Ahí no se incluyen las nóminas de los últimos meses hasta febrero de 2014 ni el finiquito de su baja, con lo que la cantidad total rondaría los 200.000 euros.

"Un puesto que no se ejerce"

El acta de la Inspección concluía que “ha quedado acreditado, de nuevo, el carácter simulado de la relación laboral toda vez que en un periodo de 35 meses tan solo se puede acreditar documentalmente la participación del afiliado en cinco reuniones de la empresa” y sin que Nieves, al igual que “su predecesor Iñigo Camino haya acudido al centro de trabajo o haya mantenido relación significativa con el gerente de la empresa”. De hecho señala que carecía de correo electrónico de la sociedad, a diferencia de los otros dos empleados que sí acudían a su puesto (el gerente y la secretaria). Juan Cruz Nieves cumplió además 65 años en agosto de 2012 y podía haber abandonado ya este cargo acogiéndose a la jubilación. La pensión máxima es de 35.762 euros brutos anuales, la mitad de lo que ha estado percibiendo. Pero se mantuvo cobrando hasta que, tras las informaciones de este diario se difundió su irregular situación laboral.

El Gobierno vasco, entonces en manos del PSE, pidió en 2011 que se suprimiera un puesto “que no se necesita y no se ejerce” pero la petición no fue atendida por las otras instituciones de Ibarzaharra, el Gobierno central, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Sestao.

El contundente informe de la Inspección motivó la intervención de la Fiscalía, que vio indicios de delito penal (malversación de caudales públicos y fraude) y envió el caso a un juzgado en 2014. Desde que se difundió el caso, las presiones para archivarlo han sido múltiples y variadas. Según distintas fuentes de la investigación, altos cargos del Gobierno vasco, en  la actual legislatura ya dirigido por el PNV, presionaron a la Inspección de Trabajo de Bizkaia para modificar el informe y también hubo gestiones en instancias políticas. En la fase de la instrucción judicial, tanto el Gobierno vasco como la Diputación vizcaína se han afanado en enviar documentos para probar (al contrario de lo que mantenía el anterior Gobierno vasco)  que Camino y Nieves si trabajaban pese a que el entonces gerente de Ibarzaharra (quien fue despedido pocos meses después de difundirse el caso)  declaró en el juzgado que nunca “vio el pelo”  a Camino en las oficinas de la empresa y, sobre Nieves, que solo se acreditó su participación en cinco reuniones.

El acta de Inspección propuso imponer una sanción contra Caminos y Nieves “por simulación de la relación laboral” así como contra la empresa y la anulación de los periodos de alta en la Seguridad Social de los dos afectados. Tras este informe, el caso pasó a la Fiscalía, que, después de estudiarlo y ver indicios de delito penal (fraude a la Seguridad Social y malversación de fondos públicos), lo envió a un juzgado de Barakaldo para la instrucción judicial.

En agosto pasado, la Fiscalía cambió de criterio y solicitó el archivo de la causa. El fiscal citó a varios testigos durante la fase testifical para reafirmarse en que Nieves y Camino cometieron delitos de fraude a la Seguridad Social y malversación pero en la sesión testifical no compareció. Es decir, sus propios testigos se encontraron solos frente a las defensas de los dos imputados. Como era previsible tras el giro de la Fiscalía, el juzgado de Barakaldo que investigó el caso decidió archivarlo en septiembre pasado al considerar que tanto la documentación existente como las pruebas testificales practicadas resultan "insuficientes" para afirmar que no existió "actividad laboral por parte de los dos contratados y que "los contratos fueron simulados".

La Inspección de Trabajo de Bizkaia, tras el archivo de la vía penal, ha decidido no continuar la vía laboral con sanciones a los dos ex altos cargos, como proponía el informe de los inspectores. Fuentes de la Inspección creen que, tras un informe tan contundente como el de este caso, además de dejar en evidencia el trabajo de los inspectores, se coarta la labor de control de posibles fraudes laborales. La Inspección no ha querido comentar nada de este asunto y se ha limitado a remitirse, al tratarse también de un tema de la Seguridad Social, al Gobierno central, competente en ello. La Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, también consultada por este diario, ha rehusado igualmente aportar información ni valoración alguna.

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