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Las Juntas de Bizkaia abogan por “eliminar el trato discriminatorio” por orientación sexual en la administración

Las Juntas de Bizkaia abogan por "eliminar el trato discriminatorio" por orientación sexual en la administración

EUROPA PRESS

GERNIKA (BIZKAIA) —

Las Juntas Generales de Bizkaia han condenado “todas las formas de violencia y discriminación” contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y han emplazado a adoptar medidas para “eliminar el trato discriminatorio basado en la orientación sexual o la identidad de género” en cualquier nivel de la Administración.

Con motivo de la conmemoración este pasado martes del Día contra la Homofobia y la Transfobia, los portavoces de las Juntas vizcaínas han acordado una declaración institucional, a la que ha dado lectura la presidenta de la Cámara, Ana Otadui, en el pleno de este miércoles.

El texto acordado por la Junta de Portavoces subraya que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y los poderes públicos tienen la obligación de evitar la violencia y la incitación al odio por motivos de orientación, prácticas, identidad sexual y de género, así como de respetar los principios de igualdad entre mujeres y hombres, con plena inclusión de las personas o expresiones transgenéricas y transexuales”.

Por ello, proclama su compromiso con “el respeto a la diversidad y libertad del ser humano” recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como con los principios recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

Asimismo, expresa el compromiso “activo de acción política e institucional” con esos principios y reclama que se adopten las medidas necesarias, “tanto legislativas como administrativas y de otra índole”, para prohibir y eliminar “el trato discriminatorio” basado en la orientación sexual o la identidad de género en cualquier nivel de la Administración.

Las Juntas vizcaínas condenan y rechazan “enérgicamente” todas las formas de violencia y discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y se ofrecen como “agente activo en la lucha contra la vulneración de estos derechos y promotor de la igualdad efectiva de estas personas, promoviendo su visibilidad, en especial de lesbianas y personas transgénero y transexuales, en coordinación con el resto de instituciones y colectivos sociales”.

Los portavoces junteros manifiestan su “especial preocupación por los múltiples casos documentados internacionalmente”, que ponen de manifiesto, aún hoy, “la criminalización en algunos países de la homosexualidad y transexualidad, privación de derechos y discriminación legal, así como la impunidad de estos crímenes contra personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales”.

Teniendo en cuenta la “involución” experimentada en algunos países integrados o “estrechamente vinculados” a la Unión Europea, la declaración de las Juntas solicita a comunidad internacional, Naciones Unidas y la Unión Europea a “actuar para que se garantice el respeto de estos derechos y que todas las denuncias e informes de violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual o identidad de género sean investigadas por las autoridades competentes con prontitud e imparcialidad y que se obligue a sus autores a rendir cuentas y a comparecer ante un tribunal”.

Del mismo modo, solicita la derogación de “todas las leyes que den lugar a la discriminación, el procesamiento y la condena de personas exclusivamente por su orientación sexual o identidad de género”, además de la “inmediata” puesta en libertad de todas las personas detenidas o condenadas por mantener relaciones sexuales consentidas con personas del mismo sexo.

“TODAS LAS GARANTÍAS EXIGIBLES”

Las Juntas instan a las administraciones competentes a aplicar, “con todas las garantías exigibles”, el reconocimiento de la orientación o identidad sexual como posible motivo para la concesión de asilo político realizado en la Ley 12/2009, además de avanzar en el reconocimiento efectivo de la protección subsidiaria a estas personas.

Asimismo, demandan a la Organización Mundial de la Salud que elimine las categorías de “disforia de género” y “trastornos de la identidad de género” de los catálogos diagnósticos (DSM de la American Psychiatric Association y CIE - OMS), que “continúan contemplando la transexualidad como enfermedad mental”.

Finalmente, realizan un llamamiento al resto de instituciones públicas y la ciudadanía a mostrar su adhesión a estas iniciativas a favor de la lucha por la igualdad y a desarrollar una labor proactiva en la lucha contra la homo-lesbofobia y la transfobia, así como “cualquier forma de discriminación latente en nuestra sociedad”.

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