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Juntas Generales insta a Diputación a recuperar las ayudas por el proyecto fallido de la planta de purines de Karrantza

La comisión de Agricultura y Medio Ambiente de las Juntas Generales de Bizkaia ha instado a la Diputación a llevar a cabo "todas aquellas actuaciones que considere oportunas en la defensa de los créditos públicos", apoyando el procedimiento concursal abierto en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao y otras acciones en aquellas jurisdicciones en las que proceda, "con el fin de maximizar la recuperación de las ayudas concedidas y de exigir responsabilidades" por el proyecto fallido de la planta de purines de Karrantza.

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La proposición no de norma, presentada por PNV, ha contado también con el apoyo de los grupos junteros Socialistas Vascos (PSE-EE) y Popular Vizcaíno (PP), mientras EH Bildu se ha abstenido.

En la sesión ha comparecido la diputada foral de Agricultura, Irene Pardo, a petición de EH Bildu, para dar su versión de los hechos y para explicar, en este caso por iniciativa del PP, la estrategia futura de la Diputación para el tratamiento de los purines en el valle encartado.

Contestando a los populares, Pardo ha explicado que, después de paralizarse la construcción de la planta de purines, se creó un sistema de reparto de desechos orgánicos en el valle, gestionado por la sociedad cooperativa Lorra, que se encarga de distribuir los residuos de origen animal en el que participan "150 explotaciones" de Karrantza.

APORTACIONES DE GANADEROS

En cuatro años, este sistema se ha hecho cargo de "416.000 metros cúbicos" de purines, que han sido distribuidos en 8.962 hectáreas, con un coste de "593.233 euros", cubierto entre un 50 y un 55% con las aportaciones de los propios ganaderos.

En su intervención, la responsable foral ha salido al paso de las declaraciones de la portavoz de EH Bildu, Irune Soto, que ha tachado de "inexplicable" y "lenta" la actuación de la Diputación, al tardar "dos años" en abrir un expediente a los responsables del proyecto Karrantzako Minda por el "fraude" cometido en la ejecución de la planta, del que se llegaron a abonar hasta 13,5 millones de euros entre distintas administraciones (Gobierno central, Gobierno vasco y Diputación), ejecutando apenas el 30% del proyecto.

Para la diputada, la Institución foral actuó respetando los plazos legales, cumpliendo la norma foral vigente, en aquel momento, que regía la concesión de ayudas públicas, y realizando posteriormente el control y seguimiento. El propio Tribunal de Cuentas del Estado emitió un "auto definitivo" en que el que manifestaba la "inexistencia de responsabilidades contables" de la Diputación procediendo, según ella, al archivo del caso.

El servicio de Desarrollo Agrario de la Diputación dio por buenas las facturas presentadas por la adjudicataria, certificando que las actuaciones de la empresa adjudicataria se habían realizado correctamente, tanto la adquisición de los terrenos como el tratamiento e impermeabilización del suelo en donde se iba a construir la infraestructura.

INCUMPLIMIENTO

Según Pardo, la parte de obra financiada por la Diputación estaba "totalmente ejecutada", pero más tarde -en julio de 2012-, se decidió pasar el caso al departamento de Hacienda y Finanzas para que se reintegrasen las cantidades abonadas por un incumplimiento "total o parcial" del proyecto. En concreto, la devolución de los 2 millones de euros, más 292.510 euros en concepto de intereses de demora.

Pardo ha recordado también que, en estos momentos, existe un procedimiento concursal abierto en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao, en el que están personados la Diputación, el Gobierno vasco, el Ayuntamiento de Karantza y el Ministerio de Economía, y que se encuentra a la espera de resolución.

Por su parte, EH Bildu cree que en este caso hay que hablar de "responsabilidades políticas y penales", ya que "el fraude de la planta de purines de Karrantza no hubiese sido posible sin la colaboración y el protagonismo de Martin Ascacibar", director de Investigación Agropecuaria del Gobierno vasco durante la adjudicación del proyecto a la empresa Ade Biotec. Por ello, ha lamentado que la Diputación no impulse "una acción judicial" contra los "responsables del fraude".

Según Soto, la necesidad de solucionar un problema medioambiental, ha servido para "desviar" dinero público por medio de una "tapadera" en la que se encuentran "gentes del PNV". "Hubo una financiación desproporcionada y se falsearon el coste y las fechas de realización y finalización del proyecto", ha sostenido la portavoz de EH Bildu.

MAYOR CONTROL

Tanto PP como PSE-EE han defendido que se deje trabajar a la justicia y han pedido un cambio normativo "urgente" de los mecanismos de control forales en relación a las ayudas y subvenciones públicas que emanan de la Diputación, al tiempo que se estudien las necesidades de la zona con el tema de los purines, ya que el sistema de gestión ideado ha resultado ser un "fracaso".

Para Arturo Aldecoa (PP), se deben de perfeccionar las medidas de control para "bloquear" subvenciones y obras si fuera necesario, al tiempo que se debe "ir hasta el final" para buscar a los responsables del fiasco de la planta de purines.

El representante del PSE-EE, Isaac Fernández, cree que este proyecto, construido en un "30%" y pagado en un "90%", arrancó "sin acuerdo con los ganaderos". Considera que el sistema actual puesto en marcha tras la paralización en 2009 del proyecto de tratamiento de los residuos orgánicos de ganado "está funcionando", por lo que -para él- "no está claro que sea necesario" construir ahora una infraestructura para el tratamiento de estos residuos.

Por su parte, el grupo Nacionalistas Vascos (PNV) ha criticado la política "de desprestigio" a la que EH Bildu "nos tiene acostumbrados para echar barro sobre la gestión jeltzale". Su apodera María Presa ha recordado que fue la propia comisión la que pidió "acelerar" la concesión de las ayudas para solucionar un problema medioambiental.

Ha defendido la actuación del Gobierno foral que -según ella- inició el expediente cuando constató que el objeto del contrato no se cumplía, personándose posteriormente ante los tribunales para exigir la devolución de las ayudas.

La apoderada jeltzale ha indicado que la jurisdicción del caso abierta en la vía mercantil impide iniciar otras acciones en el resto de jurisdicciones (civil o penal) y ha indicado, en referencia a la oferta cursada por PP y PSE-EE, que su grupo "estudiará" aquellas iniciativas que supongan implantar "mayores garantías" para el control de la ayudas, con el objetivo de que lo acontecido en Karrantza no se repita.

AVES COMUNES EN PELIGRO

Por otro lado, la comisión ha aprobado una proposición no de norma del PP para que la Diputación paralice, durante al menos cinco años, las autorizaciones de capturas de aves como el verdecillo, verderón, jilguero y pardillo, para su cría en cautividad, "con el objetivo de ayudar a frenar su desaparición". La medida ha sido apoyada por EH Bildu y PSE-EE. El PNV se ha abstenido.

Recogiendo la solicitud de "profesores de la UPV", el apoderado popular Arturo Aldecoa ha indicado que los últimos datos recogidos sobre estas aves referentes a los años 2013 y 2014, arrojan una rápida merma de los ejemplares en Bizkaia que puede llegar a ser "irreversible". "O tomamos medidas o estas aves serán un recuerdo", ha dicho.

Por ello, propone que se estudien las causas de este descenso y que se revise la moratoria, al tiempo que se impulsan la crianza en cautividad.

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