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La Ley de Víctimas de abusos policiales pasa el primer examen parlamentario

La Cámara vasca ha rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y UPyD y el texto continúa su tramitación a la espera de aprobación antes de que finalice la legisltura

PP y UPyD han criticado al Gobierno de Urkullu por "vulnerar los derechos de los parlamentarios" al tramitar el texto sin apenas plazo para su estudio y debate

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El Parlamento Vasco eligirá lehendakari a Íñigo Urkullu en la segunda votación

El lehendakari Iñigo Urkullu. EFE

El proyecto de Ley de víctimas de abusos policiales redactado por el Gabinete de Iñigo Urkullo continúa con su camino tras haber sorteado la devolución del texto y las dos enmiendas a la totalidad presentadas en la Cámara vasca. Con el voto favorable de PNV, EH Bildu y PSE, el polémico enunciado de la Ley sigue su trámite a la espera de ser debatido y aprobado en la recta final de esta legislatura y  a pesar de las acusaciones de falta de tiempo, prisa, fines electoralistas e, incluso, de "vulnerar los derechos de los parlamentarios", que han vertido al lehendakari desde la tribuna tanto el popular Carmelo Barrio como el único representante de UPyD, Gorka Maneiro.

Defensa del lehendakari

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha defendido el proyecto de ley de víctimas de abusos policiales, al considerar que atender a este colectivo de damnificados, "que existen y no están reconocidos", resulta un "imperativo ético y democrático". Urkullu ha afirmado que la ley no vulnera la Constitución, algo que ha sido cuestionado por el Gobierno central, y ha rechazado que su aprobación "equipare" unas y otras violencias.

Este texto sigue las pautas generales de un decreto aprobado en 2012 por el Ejecutivo vasco del PSE-EE, encabezado por Patxi López, que regulaba las ayudas económicas y otras formas de reparación para las víctimas de abusos cometidos por las fuerzas policiales en el contexto de la lucha antiterrorista, aunque en aquel caso abarcaba únicamente hasta 1978.

"Es imperativo ético y democrático crear un instrumento para el reconocimiento de estas víctimas, que existen, tienen derecho a la verdad, justicia y reparación y no han sido reconocidas por la legislación vigente", ha añadido Urkullu.

El lehendakari ha recordado que la aprobación de este proyecto responde a distintos mandatos del Parlamento. Entre otros antecedentes, ha recordado que la Cámara, con los votos favorables de PNV, EH Bildu, PSE-EE y PP, aprobó una resolución el 11 de junio de 2015 en la que instaba al Gobierno vasco a dar pasos en este ámbito.

Oposición dividida

Los grupos de la oposición han recibido el texto sin grandes ilusiones. Para los dos partidos más conservadores, PP y UPyD, esta ley es necesaria, pero el Gobierno ha fallado en la forma y el fondo de su tramitación. Por un lado, el texto no da seguridad jurídica a las víctimas ya que "se ha entregado a medio hacer, un proyecto no suficiente mene trabajado, con dudas jurídicas, con cuestiones competenciales que si no se resuelven pueden paralizar la ley", ha denunciado Maneiro. Y Barrio ha insistido en que "el Gobierno vasco no ha hecho bien su trabajo y quiere trasladar la responsabilidad al Parlamento" y por ello, ha señalado, "este proyecto no se asienta en unas claves de seguridad jurídica cierta".

Las prisas, han señalado ambos grupos, chocan con la parsimonia que el PNV ha tenido en otras ocasiones que para ambas formaciones son de mayor trascendencia. Así, Maneiro ha afirmado que "el proyecto de Ley fue presentado con prisas y de manera precipitada por intereses partidistas y electoralistas del PNV, llama la atención que hayan priorizado la tramitación a toda prisa de esta Ley en vez de la Ley de Transparencia... El PNV ha paralizado otras leyes y ponencias y ahora ha interpretado el reglamento a su antojo para hacer que esta Ley prospere". Una idea en la que también ha coincidido con Barrio, que ha asegurado que "los retrasos del Gobierno los pagamos los grupos parlamentarios y la Mesa [del Parlamento] protege al Gobierno en vez de a los parlamentarios".

EH Bildu tampoco comparte la totalidad del texto de la Ley propuesta por Urkullu, pero considera que aunque "no estamos de acuerdo con este proyecto, ya que actuamos con más ambición, debe existir una ley para administrar la memoria y la justicia". En este sentido, Julen Arzuaga ha reprochado lo que a su juicio son intromisiones del Gobierno central ya que la postura del Ejecutivo de Rajoy demuestra que "para Fernández Díaz este es un país menor de edad  y no tiene capacidad para reconocer y reparar a sus víctimas".

El representante del PSE-EE Patxi Elola ha compartido "muchos de los argumentos" de 'populares' y UPyD, pero se ha mostrado partidario de seguir adelante con la tramitación del texto, por considerar que una ley de estas características "es necesaria".

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