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Llodio responderá ante el Ararteko sobre la gestión de sus pisos de uso social

Los criterios de la actualización de las cuantías aplicados por el Ayuntamiento en esas viviendas de la localidad alavesa con el apoyo de todos los grupos no son compartidos por el PSE que trasladará su queja al Defensor del Pueblo.

Llodio mantiene a seis de las familias que acogió en inmuebles de titularidad municipal hace 20 años cuando no existían las pisos sociales del Gobierno vasco.

"Hemos ajustado los precios a las rentas de los inquilinos, que afortunadamente ahora cuentan con mayores ingresos y lo hemos hecho aplicando las tablas de Alokabide, la Sociedad Publica de Viviendas de Alquiler", explica el responsable de Bienestar Social. 

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Los criterios de la actualización de las cuantías aplicados por el Ayuntamiento de LLodio en las viviendas municipales, con el apoyo de todos los grupos no son compartidos por el PSE.  La formación socialista, después de no haber conseguido revertir la subida de las cuotas, trasladará su queja al Ararteko. El PSE pelea por conseguir que los alquileres del Programa Municipal de Alquiler de Viviendas sociales en LLodio no superen el 30% de las rentas de las familias.

Desde hace meses, de forma reiterativa, ha llevado el asunto a comisiones y plenos de la localidad alavesa desde que el Ayuntamiento decidiera con el respaldo de todos los grupos, PNV, EH Bildu, PP y Omnia, actualizar las cuantías a la familias. Esta orden se aplicó, según explicaciones de los responsables de la concejalía de Bienestar Social, de acuerdo a criterios sociales y aplicando las tablas de Alokabide, la Sociedad Publica de Viviendas de Alquiler del Gobierno vasco. Como las rentas eran muy antiguas, la revisión de los precios ha aumentado de forma considerable las cuotas, entre un 60% y un 120%. Y según la concejala socialista Txaro Sarasúa, este incremento ha dejado a las familias en situación de desprotección. "Algunas no pueden afrontar estos precios, porque son mujeres con una pensión mínima", afirma.

Este extremo lo han negado los responsables de Bienestar social. "Llevamos más de 20 años en contacto con esas familias, son casi como parientes. Nos consta que su situación económica afortunadamente ha variado. Hemos tenido en cuenta todas muchas variables para fijar las rentas, el número de inquilinos de cada piso, el número de metros, también su patromonio... Y siempre se tiene en consideración su situación personal, que puedan hacer frente a los gastos. Se ha hecho de forma ponderada, justa y proporcionada", insisten.

Sospechas del PSE de una cesión gratuita a una asociación con ingresos

Pero los argumentos con convencen al PSE y será el Ararteko, a quien han recurrido, quien deberá estudiar ahora la gestión de estos pisos municipales destinados a uso social. Las viviendas que ceden para este fin son de propiedad municipal. Hace 20 años que pusieron en marcha este recurso, cuando no existían las viviendas sociales del Gobierno vasco. "Cuando aparece Etxebide nos planteamos que nuestro servicio tiene que ir muriendo ya que suponen una duplicidad de recursos. Caminábamos en paralelo ofreciendo lo mismo. Así que cuando la gente, al mejorar sus situaciones personales, iba abandonando estos piso los hemos ido reutilizando. Ahora están más enfocados a usos comunitario, para que asociaciones sin ánimo de lucro desarrollen es ese espacio sus actividades. De hecho empezamos con 21 pisos para familias y ya solo quedan cinco", relatan.

Este giro hacia otros usos ha suscitado también el reproche del PSE. Ponen pegas a la gestión "diferente" que hace el equipo de Gobierno de los pisos municipales. "Se cobra alquiler a los que se dedican a atender necesidades sociales mientras se cede de forma gratuita a las asociaciones, no nos parece acertado", declara Txaro Sarasua. La edil ha reclamado en varias ocasiones al equipo de gobierno «una relación de los pisos municipales con sus actividades, contratos y las subvenciones que reciben».

Desde las filas socialistas piden además que se aclare si todas las asociaciones que acceden son sin ánimo de lucro, ya que la cesión de esos espacios es gratuita para estos colectivos. "Sospechamos que alguna ahora no lo es, porque tiene contratos suscritos con el Ayuntamiento por algún servicio. Respetamos su dedicación pero si tienen ingresos, el pueblo no tiene que pagarles el agua, la luz ni cederles un local de forma totalmente gratuita. Esto es lo que queremos que nos aclaren".

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