“Muchas promesas, pero al final de año nos vemos en la calle”
Cinco meses después, los inquilinos del programa Vitalquiler siguen esperando una confirmación de que podrán seguir en sus pisos de alquiler el próximo año. Todo depende de las subvenciones que concede Kutxabank, entidad dueña de la iniciativa. El programa surgió en 2004 y comprende un parque de alrededor de 1.000 pisos de protección oficial en Vitoria, con alquileres inferiores a los precios de mercado. A una parte de estos inquilinos se les concede subvenciones para pagar el arrndamiento. Son estas ayudas las que están en cuestión después de que Kutxabank anunciara el pasado enero su intención de retirarlas. La presión popular de los afectados ha hecho que las mantengan este año, pero a partir del próximo enero se abre la incógnita.
Cinco meses después del anuncio de suspensión, los afectados siguen a la espera de saber lo que les depara el futuro. Por eso, mantienen movilizaciones periódicas en la capital alavesa, tratando de concienciar a la ciudadanía de su situación. “Hemos recibido buenas palabras y muchas promesas, pero de momento nada seguro”, recalca Egoitz Conte, uno de los portavoces de la plataforma de afectados, que se ha manifestado al lado de la sede de Adania, la promotora de las viviendas protegidas. “Este año”, añade, “se mantienen las subvenciones y con eso nos dan un respiro, pero a partir de ahí no tenemos ninguna garantía ni novedad. Se nos ha prometido que se van a mantener las subvenciones, pero solo si baja el precio de los pisos y que puedan conseguir subvenciones del Gobierno central. Muchas promesas, pero nada en firme”.
Casi 1.000 familias se encuentran en esta situación de incertidumbre “ante la posibilidad de ser desahuciados en cualquier momento”. El alquiler medio ronda en torno a 600 euros, superior al mercado libre y con las subvenciones del programa Vitalquiler se puede quedar entre 450-500 euros. “Se trata”, explica Conte, “de precios abusivos para tratarse de alquileres de viviendas protegidas. Además hay que añadir el pago de las cláusulas de nuestros contratos, el cobro del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)…”
El paso del tiempo sin obtener un compromiso de firme de seguir con las ayudas que fueron pactadas cuando los inquilinos accedieron a los pisos de alquiler hace que la mayoría del colectivo se vea “fuera” en cuestión de meses.
