Nace en Bilbao Etikalia, la primera inmobiliaria ética del Estado

Impulsada por el exdirector y promotor del programa Bizigune del Gobierno vasco, Roberto Cacho, Ekitalia está especializada en la intermediación en alquiler de viviendas, y ofrece tanto a propietarios como a inquilinos “soluciones a los problemas, necesidades y temores que les puede plantear el arrendamiento”.

Los arrendatarios con dificultades sociales o económicas “pueden ver suprimidas las barreras que pueden dificultar el acceso al alquiler, con una política de gestión que no les exigirá ni avales ni garantías adicionales, entre otras ventajas”.

Por su parte, los arrendadores obtienen garantías del cobro de la renta y ante desperfectos por vandalismo en su vivienda. En este sentido, Cacho ha señalado que “el sector inmobiliario tradicional se ha lucrado durante la burbuja inmobiliaria a costa de dificultar el acceso a la vivienda de un sector muy importante de la población, cuyos recursos económicos no les permitía tener acceso a una vivienda”.

Con Etikalia se demuestra que el sector “puede y debe trabajar en beneficio de la sociedad, puesto que la vivienda no es un bien con el que se pueda especular sino una necesidad básica de las personas”, ha subrayado.

En este sentido, la empresa basa su funcionamiento en la “Economía del Bien Común”, por la cual la actividad económica “debe servir a los intereses generales y al bien público”.

Según su gerente, “la mayor parte de las personas que alquilan una vivienda o la mantienen vacía para evitar los riesgos del alquiler, han conseguido esa vivienda a través del ahorro de muchos años o de herencia, y muchas veces sus valores personales, como la solidaridad o la generosidad, están en contradicción con la especulación inmobiliaria”.

“Ahora Etikalia permitirá a esta población, con sensibilidad social, alquilar su vivienda de forma ética y en coherencia con sus valores personales”, ha añadido.

PRACTICAS INNOVADORAS

Entre algunas de las iniciativas novedosas que Etikalia ha puesto en marcha, destacan “la reinversión del 100% de los beneficios en la empresa y en la mejora de los sueldos, la contratación laboral de sus empleados evitando la fórmula del ”falso autónomo“, el establecimiento del salario mínimo en la línea de la economía del bien común, y la limitación del salario máximo de la empresa al triple del mínimo”.

A éstas se añaden el uso de transporte público y bicicleta en los desplazamientos a las viviendas para reducir el impacto en el medio ambiente, la priorización de empresas de la economía social en la selección de sus proveedores estratégicos, la gratuidad de la gestión para los inquilinos y la oferta de garantías y servicios exclusivos gratuitos para los propietarios que alquilen su vivienda por debajo de la renta de mercado.