La OPE de la Ertzaintza, en el aire
El Gobierno vasco ha rechazado el requerimiento formulado por la Secretaría de Estado de Presupuestos que ordena limitar el número de plazas en la oferta pública de empleo de la Ertzaintza que se inicia el próximo mes de julio. Este rechazo por parte del Ejecutivo autónomo deja en el aire la OPE en la que se convocan 120 plazas y a la que se han presentado 5.400 aspirantes. A partir de este rechazo el Gobierno central tiene dos meses para presentar un recurso contencioso administrativo que se puede traducir en una suspensión cautelar de prueba que tiene su primera convocatoria el próximo 5 de julio.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, asegura que el Ejecutivo “tiene la convicción absoluta de que cuenta con respaldo político y base jurídica para mantener esta convocatoria”. En este sentido Erkoreka ha añadido que en el supuesto de que finalmente los tribunales tengan que “conocer de este pleito, sentencien a favor del Gobierno vasco y de la capacidad que tiene para publicar la convocatoria en los términos que lo ha hecho”. A pesar de ello Erkoreka admite que “nunca se puede excluir que finalmente se produzca un pronunciamiento contrario” a la OPE. En cualquier caso el portavoz considera que es difícil que haya alguna novedad a este respecto antes de la fecha de la primera prueba.
El Gobierno español limita al 10% la tasa de reposición de efectivos de todas las comunidades autónomas que disponen de policía autónoma. En este sentido, ha señalado que el Gobierno ha acordado rechazar este requerimiento porque la determinación de la plantilla de la Ertzaintza está acordada en Juntas de Seguridad y los aspectos financieros en la Comisión Mixta de Cupo. “El acuerdo resulta de reuniones y consensos bilaterales”, ha afirmado.
Además, ha recordado que existe una proposición no de ley aprobada por el Parlamento vasco en 2010 que insta al Gobierno vasco a que garantice una plantilla de la Ertzaintza no inferior a los 8.000 agentes. Erkoreka ha apuntado que aquella iniciativa partió del ahora delegado del Gobierno central en el País Vasco, Carlos Urquijo, y fue aprobada por unanimidad. En este sentido, ha confiado en que el PP vasco -que apoyó el mencionado pronunciamiento de la Cámara- trabaje para “influir en el ánimo del Gobierno central”.
