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¿Por qué el PP quiere evitar que el Tribunal de Cuentas investigue una polémica compra de suelo?

Ante la posible apertura de una investigación por parte del máximo órgano fiscalizador del estado sobre una operación urbanística en Vitoria-Gasteiz, el alcalde Javier Maroto ha cursado una petición para que archive el caso "al haberse superado el plazo para pedir responsabilidades contables".

El Ayuntamiento, a través de la sociedad pública Ensanche 21 y junto a dos promotoras privadas, pagó en 2006- en pleno mandato del actual portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso-  más de 21 millones de euros por tres parcelas rústicas, a razón de 45 euros por metro cuadrado, cuando el coste medio de operaciones similares oscilaba entre dos y cinco euros por metro cuadrado.

Se realizó la adquisición de esos caros terrenos aun no siendo prioritarios por no estar previstos en el Plan General de la ciudad, con suelo suficiente entonces para construir 21.000 viviendas para los nuevos barrios.

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Cuando el PP creía superadas las dudas que en su día suscitó una peculiar -por su elevado precio- compra de suelo rústico, las viejas sospechas resucitan de la mano del PNV. El grupo jeltzale del Ayuntamiento de Vitoria nunca abandonó sus indagaciones y tras recopilar documentación sobre esa adquisición de terrenos - "el mayor pelotazo urbanístico de la ciudad" según palabras de su portavoz Gorka Urtaran, - elevó al Tribunal de Cuentas del Estado la petición de que investigue el caso. Ante esta posibilidad de que el máximo órgano fiscalizador remueva el pasado- la operación urbanística se realizó en el 2006, en pleno mandato del actual portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso- el PP ha movido ficha con rapidez. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha remitido una petición al Tribunal para que se archive el caso "al haberse superado el plazo para pedir responsabilidades contables", según avanzó el periódico El Correo en su edición impresa.

Que los hechos hayan prescrito era algo con lo que ya contaba el Tribunal de Cuentas cuando revisó la documentación enviada por el grupo municipal del PNV, sin embargo no se pronunció de entrada en contra de la apertura de investigación. Ha dado los pasos pertinentes en estos procesos como el nombramiento de un instructor y la apertura del plazo de alegaciones. No obstante, ese avance no significa que vaya admitir la petición de los jeltzales. Ahora toca esperar y no se sabe cuánto tiempo, según las explicaciones del propio Tribunal. "No hay plazos estipulados y hay muchos procedimientos abiertos. El Tribunal se pronunciará si sigue adelante y se celebra un juicio oral o atiende la reclamación del Ayuntamiento de cerrar el caso", han aclarado.

En tiempos de clamor social a favor de la transparencia institucional y de lucha contra la corrupción esta reacción del PP para evitar la investigación ha provocado el reproche en bloque de la oposición municipal.

El PNV considera "muy grave" que el PP trate de "obstaculizar" el proceso argumentando que los hechos han prescrito. "Es algo deshonroso políticamente", han denunciado miembros del grupo jeltzale, que consideran que tratan de esconder un presunto mal uso del dinero público.

"Esconder un presunto mal uso del dinero público"

EH Bildu y el PSE se muestran favorables a la investigación de los hechos y a que se depuren responsabilidades si las hubiera. 

La polémica operación consistió en una compra del Ayuntamiento vitoriano, a través de la sociedad pública Ensanche 21 junto a dos promotoras privadas, de tres parcelas rústicas por más de 21 millones de euros, a razón de unos 45 euros por metro cuadrado, cuando el coste medio de operaciones similares oscilaba entre dos y cinco euros por metro cuadrado, según los datos que maneja el Tribunal de Cuentas que publicó El Correo.

Se realizó la adquisición de esos caros terrenos aun no siendo prioritarios por no estar previstos en el Plan General de la ciudad, con suelo suficiente entonces para construir 21.000 viviendas para los nuevos barrios. Se hizo en el año 2006, en pleno mandato del actual portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso y contó con la aprobación de todos los grupos municipales. El PNV siempre ha mantenido que se sacó adelante la operación porque se ocultó información. Ahora se reafirman. "No contamos entonces con datos suficientes. Manejamos información muy sucinta, tal y como se refleja en las grabaciones que hemos recuperado para escucharlas. Además, ocurrió en una etapa de ampliación de la ciudad donde se daba una compra masiva de terrenos. Hicieron pasar esto como otra adquisición más cuando no lo era. Sabemos que se podían haber hecho mejor las cosas, que todos teníamos que estar más atentos, pero eso es óbice para que se aclare lo sucedido aunque haya prescrito. Por eso pedimos la investigación", justifican desde el PNV.

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