¿Habrá hablado Quiroga con Mayor Oreja sobre la sede del PP?

“El partido está por encima de las personas”. Arantza Quiroga dejó esta reflexión un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz fijara en un auto los pagos de la caja B del extesorero del PP, Luis Bárcenas, a favor de la sede del PP en Bilbao. La líder del PP vasco hizo esa declaración en la sede de la discordia, el cuartel general de los populares vascos en la Gran Vía de Bilbao, donde recalaron los populares en 1999. No se podrá decir de Quiroga que se ha escondido ante un escándalo que apunta una financiación irregular del partido con donaciones anónimas de constructores que luego se transmutaban en adjudicaciones de obra pública a las empresas en cuestión.

No lo hizo en el verano de 2013, cuando este escándalo reventó las cuadernas del partido y convulsionó a una militancia que asistía incrédula a la sucesión de noticias sobre la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas y los 'sms' intercambiados hasta marzo de 2013 entre su presidente Mariano Rajoy y el entonces innombrable Bárcenas, que luego pasaría a ser el “delincuente Bárcenas” y que no ha dejado de hacer tambalear los cimientos de un partido que ya tiene a su exsecretario general Ángel Acebes imputado por un delito de apropiación indebida por omisión. Casi nada.

No, no se le puede achacar a Quiroga medias tintas, ni una política de paños calientes. Su verbo fue afilado cuando estalló esa bomba de relojería, mostrando su más absoluto asqueo ante este tipo de prácticas ilegales y exigiendo una investigación hasta el final. Caiga quien caiga. “Se llame como se llame”, como ha repetido esta semana al referirse al escándalo de la financiación con mordidas de la sede bilbaína de su partido. Y también cuando en julio pasado se conoció el contenido de la famosa carpeta de color verde adelantada por este periódico en la que se desgranaban los pagos en B de la sede bilbaína en base de los apuntes contables que religiosamente había anotado Bárcenas a lo largo de décadas.

El problema para la presidente del PP en Euskadi es que ya no se enfrenta solo a lo que diga y pueda documentar con sus ya famosos papeles un presunto delincuente. La gran diferencia, que Quiroga no parece entender, es que quien sostiene que de la caja B del partido salieron más de 700.000 euros entre 1999 y 2005 para el pago de la sede bilbaína del PP es el juez que investiga la financiación ilegal del PP en toda España. Y, sobre todo, que una parte está documentada en un informe policial de 145 páginas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dependiente del Ministerio del Interior. La misma que ha revelado la contabilidad B en otras operaciones. O los informes de la Agencia Tributaria, que acaba de certificar que las obras de la sede del PP de Génova, en Madrid, realizadas entre 2005 y 2010, se pagaron hasta la cifra de 750.095,04 euros con dinero negro (la literatura judicial prefiere emplear los términos “con fondos ajenos al circuito económico legal”). Y van ya 1,71 millones en supuestas mordidas para esas obras de Génova. Ambos informes son letales para la estrategia seguida hasta ahora por los populares de negar cualquier tipo de financiación ilegal y caja B en el partido. También en Euskadi. La sede vasca costó 165 millones de pesetas y otros 38 millones de obras de acondicionamiento. Más de un millón de euros de los que, según la UDEF, mas de 700.000 euros llegaron del caudal podrido de Bárcenas.

En aquel verano de 2013 Quiroga quiso predicar con el ejemplo: llamó a capítulo a los presidentes del PP vasco de esa etapa (básicamente Carlos Iturgaiz) para preguntarles por la famosa carpeta verde de Bárcenas. Habló con el gerente del PP, Ignacio Aguirre. Pusieron las cuentas en manos de expertos -según reveló esta misma semana Quiroga- y, en aquella ocasión, el todavía secretario general Iñaki Oyarzabal dio la cara asegurando que todo estaba limpio en la contabilidad del partido en Euskadi.

Hoy Oyarzabal (alavés) ya no es secretario general. El gerente Ignacio Aguirre, un 'pata negra' alavés, fue despedido en abril pasado. Un miembro del partido que ha mantenido esta misma semana una conversación con Aguirre asegura que el ya exgerente “jura y perjura que todo es falso”. El auto del juez Ruz acredita “la entrega en efectivo al gerente de la sede regional, Ignacio Aguirre Lafuente del importe de la cuota mensual, para que éste cancelase directamente la hipoteca mediante traspaso a la cuenta de cargo”. “Aguirre me ha asegurado que nunca ha estado con el empresario de Construcciones Bruesa Emilio Álvarez”, añade la fuente popular, a la que le cuesta creer que si las cosas han sido como dice el juez y el informe “la dirección de la época no supiera nada”.

La dirección de la época estaba en manos de Carlos Iturgaiz, pero pocas cosas se movían en esa etapa sin que su mentor y predecesor en el cargo, el hombre que volvió a aglutinar con éxito el centro derecha vasco en torno a las siglas del PP, las conociera. Luego una pregunta que queda por resolver es: ¿qué sabe de todo esto Jaime Mayor Oreja?

La lideresa popular probablemente haya querido hacer muchas cosas a la vez en muy poco tiempo desde que llegó a la presidencia del partido tras la salida de Antonio Basagoiti para embarcarse en su aventura de banquero en la tierra de los mariachis y el mezcal (y de los desaparecid@s). A su favor tiene la credibilidad de haber liderado -incluso delante de los máximos dirigentes del partido, entonces temorosos de lo que pudiera hacer el innombrable Bárcenas- el discurso más hostil contra la corrupción en su partido. Y la certeza de que está limpia.

Pero ahora toca gestionar el dinero negro propio. El PP está salpicado por algo más que sospechas. Y para eso no vale solo apelar a que la “lavadora del dinero negro estaba en Madrid”. Es claramente insuficiente. Algunos en el partido creen que Quiroga debe ser más “valiente”. “Y no esperar a que los tiempos los marque el juez Ruz”, añade la fuente popular. Porque de momento el magistrado se ha centrado en las declaraciones relacionadas con la operación de la compra de las acciones de Libertad Digital, que afectan de lleno a Lapuerta y Acebes, entre otros. ¿Pero alguien piensa de verdad en el PP vasco que en algún momento de la investigación judicial de esta pieza separada el juez no llamará a declarar (y veremos en calidad de qué) al empresario de construcciones Bruesa que financió el pago de la sede? Y después al exgerente Ignacio Aguirre. Y si acaso a los presidentes del PP vasco entre 1999 y 2005.