PP vasco denuncia que el Gobierno vasco no tiene “ambición” ni “voluntad” para reformar la RGI

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha criticado que el Gobierno vasco no tiene ni “ambición” ni “voluntad” para resolver los “problemas” del sistema de Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y le ha instado a llevar “con carácter urgente” al Parlamento vasco una propuesta “con medidas efectivas”. “Si se ha tardado cuatro años en reconocer un problema, que no se tarden dos años más en tomar medidas para corregirlo”, ha reclamado.

El PP vasco ha celebrado este martes en Bilbao su Comité de Dirección, en el que, entre otros asuntos, ha analizado la propuesta de medidas de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos que presentó la pasada semana la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal.

En una rueda de prensa tras este encuentro, Alonso ha “apreciado” que el Gobierno vasco “reconozca que hay un problema”, aunque “tarde” porque le ha “costado cuatro años” admitir que “tiene un problema de fraude en la RGI, un problema grave de cobros indebidos y un problema muy serio de cronificación de las personas que reciben las ayudas”.

No obstante, ha criticado que no se percibe ni “ambición” ni “voluntad” en el Ejecutivo que dirige Iñigo Urkullu para resolverlo. En este sentido, ha señalado que “la mayoría” de las medidas propuestas por Artolazabal “tienen falta de definición”.

El presidente del PP vasco ha indicado que hay “algún avance” en la limitación del cobro de RGI por parte de varios perceptores que comparten domicilio, pero “luego vemos otras medidas contradictorias” y se “abre la puerta a rebajar de tres a dos años el periodo de empadronamiento” para cobrar ayuda.

También ve “falta de ambición” en las medidas para el control de la “residencia efectiva”. “Sorprende que no se esté controlando ya la residencia efectiva de los perceptores de la RGI. Es motivo de escándalo que la gente se empadrone aquí, consiga entrar en el ciclo de ayudas, y se vaya a residir fuera del País Vasco mientras sigue cobrando la ayuda”, ha añadido.

Asimismo, ha expresado su preocupación por el hecho de que “se quiera aprobar una prescripción de los cobros indebidos a 24 meses, por debajo de la prescripción normal de las deudas tributarias”. En este sentido, ha explicado que “hay 132 millones de cobros indebidos, de los cuales se han recuperado 26, y ahora se quiere hacer borrón y cuenta nueva y perdonar o regalar más de 100 millones del contribuyente a quienes han estado cobrando indebidamente las ayudas”. “Eso es legitimar una situación de fraude”, ha advertido.

Alonso ha insistido en “los avances son pequeños” y, aunque se propone “desindexar las ayudas o que haya una responsabilidad solidaria para quienes contribuyen y hacen posible el fraude”, el Gobierno “hace como que se hace, pero no hace”.

En su opinión, “falta valentía, determinación para afrontar el problema y, por tanto, necesita el Gobierno ser espoleado para que, si reconoce que hay un problema con la RGI, efectivamente tome las medidas que convenzan a todo el mundo de que el sistema es justo, llega a quien lo necesita y no se producen situaciones de fraude”.

Por otro lado, ha criticado que el Gobierno haya anunciado que “no traerá ningún cambio normativo hasta el segundo semestre del año 18 y, por tanto, no estaría aplicando estas medias hasta el año 19”. A su entender, es “escandaloso que, cuando uno detecta una situación de fraude, tarde dos años en actuar”. “Quiere decir que van a tolerar dos años de situaciones de abuso y de fraude”, ha lamentado.

Por ello, ha anunciado que el PP pedirá en el Parlamento que se lleve “con carácter urgente” una propuesta de modificación del sistema de la RGI “con medidas efectivas para prevenir el fraude”, de manera que, “si hemos tardado cuatro años en reconocer un problema, no tardemos dos años más en tomar medidas para corregirlo”.

Tras reiterar su “decepción” por el documento remitido por el Gobierno vasco, ha insistido en la necesidad de que el Ejecutivo “se mueva ya”, en vez de “aparentar que uno va a tomar medidas, dilatarlas en el tiempo y tratar de calmar a la opinión pública pero para no hace nada”.

UN SISTEMA

Por otro lado, ha señalado que “es responsabilidad del Gobierno vasco garantizar que hay un sistema público de ayudas y de acceso en el conjunto del País Vasco”, algo que debe “clarificarse” en la modificación legal que se plantea para que “quien tiene la competencia en este ámbito pueda determinar con qué requisitos se hace”.

En este sentido, ha criticado que el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, “está montando su propio sistema de ayudas para que el requisito de empadronamiento sea otro, para que se pueda hacer de otra manera”, lo que está “incrementando fuertemente el efecto llamada” de modo “irresponsable”. A su entender, se trata de “un sistema demagógico que produce efectos indeseados”.