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El Pacto Escolar que busca el Gobierno despierta el recelo de la escuela pública

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública y los sindicatos recelan de las intenciones del Gobierno, mientras las patronales de la red concertada ven con buenos ojos el proyecto.

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Protesta contra la Lomce. Foto: ELA

Protesta contra la Lomce. Foto: ELA

24 años después del Pacto Escolar y la Ley de la Escuela Pública aprobador en 1993 parece que ha llegado el momento de darle la vuelta al sistema. Dos años lleva la consejera de Educación, Cristina Uriarte, hablando del futuro Pacto Escolar y ahora ha dado el pistoletazo de salida al proceso que deberá alumbrar la futura Ley de Educación, la norma que debe vertebrar el sistema. El primer paso es crear cinco grupos de trabajo (innovación, lenguas, modernización, convivencia y autonomía de centros) que deberán presentar a su vez cinco textos (que se refundirán en uno) en diciembre. El propio departamento se encargará de nombrar a los componentes de estos equipos, lo que no garantiza la presencia de todos los agentes educativos en cada uno de ellos.

La siguiente fase quedará en manos del Consejo Escolar. Pero casi sin empezar a andar, las intenciones del Departamento de Educación se han encontrado con fuertes resistencias y, sobre todo, recelos entre los defensores de la red pública.

Y es que los representantes de la escuela pública desconfían de las intenciones reales del Ejecutivo. A lo que hay que añadir el telón de fondo de las movilizaciones convocadas por STEILAS, ELA y LAB.  Antes de decidir si participa en este proceso de trabajo, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública-EHIGE va a abrir un proceso de debate interno por varias razones. Su coordinadora, Lurdes Imaz, asegura que no existe una definición del modelo de sistema educativo en el que se deberían estructurar los temas que se proponen a debate. “El proceso participativo es limitado, sin garantías ni compromisos previos por parte del Departamento de Educación. Los antecedentes de modelo participativo de Heziberri y el II Plan de Inmigración no son un ejemplo de consenso y participación”.

Además, la propuesta de trabajo del departamento no incluye la segregación escolar entre los principales temas a tratar. “Esta es una de las cuestiones fundamentales, que más tensiones está generando en nuestro sistema educativo. Nos produce inquietud y alarma. La segregación no es un subtema a tratar en el apartado de la convivencia, sino que está directamente relacionada con la equidad y con el modelo educativo”.

Imaz teme que al final la red concertada termine siendo equiparada plenamente a la red pública, como si se tratara de lo mismo. “En el actual sistema, la escuela privada vasca es la que más financiación tiene en el Estado y a nivel europeo. Lo que hay que hacer es colocar a la escuela pública en el eje del sistema ya que es la escuela pública la que tiene las puertas abiertas a todo el mundo sin excepción, una escuela religiosa evidentemente no.

Interés de la red concertada

Para Imaz, el interés de aprobar una nueva ley es de la red concertada. “No es normal tener un sistema educativo con solo un 50% de escuela pública. Si lo que el departamento quiere es hacer un pacto para darle normalidad a esta situación, que es anormal, EHIGE no va a participar”.

Desde ELA, Xabier Irastorza, considera que el Pacto Educativo que quiere poner en marcha Uriarte no cuenta con las suficientes garantías ni los compromisos necesarios por parte del Gobierno vasco. “De momento, la consejera no ha dicho en cuánto se incrementará la inversión pública en educación ni ha hecho públicos los contenidos concretos que cree fundamentales para una hipotética ley educativa”.

“Todavía no sabemos si este gobierno [por el Ejecutivo vasco] considera que la educación pública debe ser la prioridad y el eje sobre el que se vertebre el sistema educativo o considera las diferentes redes complementarias entre sí. ELA cree que antes de iniciar este camino el gobierno debe aclarar estos contenidos básicos para que el debate y el itinerario sean transparentes”.

Así, para ELA carece de sentido iniciar un camino de este tipo sin garantizar que se vaya a llevar a cabo lo que los agentes educativos consideren necesario. “No tenemos ninguna garantía de que lo que reflexionemos o acordemos se vaya a llevar a cabo”.

En un punto más intermedio se encuentra Comisiones Obreras. El responsable de la Federación de Enseñanza de CC OO de Euskadi, Pablo García de Vicuña, “El hecho de que sea el propio departamento quien designe a los miembros de cada grupo de trabajo provoca desconfianza. Comisiones quiere participar en todos los grupos, pero tenemos claro que la música de esta pacto escolar a los que mejor les suena es a los representantes de la red concertada, que buscan aumentar su financiación”.

Quienes van a estar muy atentos al desarrollo de los trabajos serán  los socialistas, socios de gobierno del PNV y que ven la educación como uno de los terrenos más sensibles. Entre sus líneas rojas para el acuerdo figuran: carácter laico de la educación; papel central de la escuela pública; financiación más ligada a la función educativa y social de los centros; más autonomía de los colegios; consolidación de la educación trilingüe y apuesta por la educación en valores y ciudadanía.

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