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El Parlamento examinará la gestión del Gobierno Ibarretxe en el caso Epsilon

El PSE reclama la comparecencia de la actual consejera de Desarrollo Económico, la ex titular de Industria de ese ejecutivo y el actual director de Desarrollo Industrial, que también ocupaba ese cargo en esa época.

Destaca el "perjuicio grande" para las arcas vascas, que debe pagar 16 millones de euros por el aval concedido a la empresa.

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La viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, en una intervención en el Parlamento. /EDN.

La viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, en una intervención en el Parlamento. /EDN.

El Parlamento vasco examinará la gestión del anterior Gobierno del PNV que impulsó el fracasado proyecto Epsilon, el plan automovilístico que supuso la pérdida de 50 millones de euros de dinero público, de ellos 16 millones de las arcas vascas. El PSE ha pedido la comparecencia en la Cámara de la actual consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, la ex consejera de Industria cuando se puso en marcha el proyecto y el actual director de Desarrollo Industrial, quien también ocupó ese cargo en aquella época.

El parlamentario socialista Vicente Reyes ha registrado este jueves la petición de comparecencia tras la reciente sentencia de del Juzgado de lo Mercantil 1 de Vitoria, que ha fallado como culpable el concurso de la empresa y ha condenado a su responsable, Joan Villadelprat, al pago de 900.000 euros y la inhabilitación de tres años para administrar bienes.

El PSE recuerda, en su escrito, que este proceso concursal “fue impulsado por los trabajos del gobierno vasco socialista” y señala que las decisiones adoptadas por el Gabinete del  lehendakari Ibarretxe, “a través  del consejo de administración del Parque Tecnológico de Miñano, han supuesto un perjuicio grande para el erario público que debe pagar 16 millones de euros por la ejecución del aval que concedió a Epsilon, aparte de otras deudas”.

Este caso tiene además otra investigación penal, en la que la Fiscalía de Álava ha denunciado a Villadelprat y a otro exresponsable de Epsilon, el británico Mark Payne, por un delito de alzamiento de bienes.

Para las arcas vascas, esta empresa ha supuesto un agujero de 16 millones de euros que el Gobierno vasco tuvo que pagar a Kutxabank: era el aval que el Gobierno Ibarretxe concedió en 2009 a la empresa en contra del criterio técnico de los abogados del Parque Tecnológico de Álava, donde se mantiene sin ningún uso el espectacular edificio de la empresa.

Este proyecto fue impulsado por el Gobierno que lideraba entonces Juan José Ibarretxe y el PNV de Álava, que querían convertir al Parque Tecnológico en la vanguardia internacional de la tecnología del automovilismo. El proyecto ofrecía datos sospechosos, como que la empresa creada por Villadelprat tuviera un capital social de solo 90.000 euros y recibiera 50 millones en créditos y subvenciones. La mayor parte de este dinero vino de Madrid, fruto de las exigencias del PNV para apoyar a José Luis Rodríguez Zapatero cuando era el presidente español.

 

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