Cuando el Parlamento ya no es un legislativo

La que fuera letrada mayor del Parlamento vasco, Montserrat Auzmendi, señaló la pasada semana en la presentación de unas jornadas sobre parlamentarismo celebradas en la propia Cámara autonómica que la función legislativa tradicional de la institución hacía ya tiempo que había perdido peso e importancia en favor de otras, como el control al Gobierno. Usar “legislativo” como sinónimo de “parlamento” es ya más una tradición que una realidad en Euskadi, como demuestran los datos. Desde el arranque de la actual legislatura, en 2016, apenas se ha completado la tramitación de 11 leyes (tres presupuestarias, ocho proposiciones de la oposición y ningún proyecto del Ejecutivo), muy lejos de las 271 mociones y proposiciones no de ley debatidas y que copan casi el 100% de las sesiones ordinarias. A ello hay que sumar 363 iniciativas de control sustanciadas en el pleno, sin contar los debates en comisión o los miles de asuntos que se tramitan por escrito.

No es la primera vez que Auzmendi, que ocupó entre 2009 y 2012 la jefatura del cuerpo de letrados de la institución, en la que sigue trabajando, realiza una reflexión semejante. “En cuanto a la función considerada 'básica', como es la función legislativa, lo cierto es que, en un porcentaje altísimo de casos, la iniciativa para su ejercicio la toman los Gobiernos respectivos, con lo cual el Parlamento en cierto modo pierde su papel protagónico. Por otra parte, si tenemos en cuenta el tiempo que el ejercicio de la función legislativa ocupa en el trabajo parlamentario, ya sea de Pleno o de Comisión, éste es muy inferior al ocupado por otro tipo de labores o funciones”, manifestó en unas jornadas celebradas en Perú en 2013.

“La mencionada centralidad de la función de control viene dada también por una percepción cada vez mayor de que en todo trabajo parlamentario se da un 'control latente'. Es decir, en los debates legislativos, en la presentación de enmiendas, etc., por parte de los grupos de la oposición, subyace una intención de sacar a la luz aquello que el ejecutivo no lleva a cabo, a su juicio, de forma correcta. Siempre está planeando el control anudado a la crítica política. Del mismo modo, iniciativas llamadas ”de impulso“, como pueden ser las proposiciones no de ley, tienen, en ocasiones, una finalidad más fiscalizadora que impulsora de la actuación gubernamental. No importa tanto la actuación a la que el Parlamento insta como el mostrar qué actuación no llevaba a cabo el ejecutivo, o no la llevaba a cabo adecuadamente”, abundó Auzmendi en aquel foro.

Las estadísticas recogidas en la propia 'web' de la Cámara muestran ese cambio de tendencia. En la primera legislatura, con todo el autogobierno vasco por construir, se debatieron 114 leyes entre proyectos del Gobierno, presupuestos y textos de la oposición, frente a 125 proposiciones no de ley o mociones, que solamente instan al Ejecutivo o a otras instancias pero sin resultar vinculantes. En el período 2012-2016, la última legislatura completa, los debates legislativos cayeron a 69 por 1.193 asuntos no vinculantes.

En lo que va de mandato, la tendencia se mantiene. Son apenas 11 las leyes debatidas frente a más de 250 proposiciones no de ley y mociones. No todas las normas, además, han sido aprobadas, como la relativa a la anulación de las condenas judiciales del franquismo, que no se admitió a trámite. A ello hay que sumar 15 más en curso pendientes de análisis, cinco de ellas del Gobierno y el resto propuestas de la oposición. Es cierto, no obstante, que el calendario legislativo del Ejecutivo pospone hasta la segunda mitad de la legislatura la aprobación de muchas de las leyes prometidas.

Precisamente este jueves, 1 de febrero, el Parlamento vasco retoma su actividad ordinaria después de un largo parón invernal tras las vacaciones de Navidad. El Reglamento de la Cámara fija enero como mes inhábil y desde el 22 de diciembre no se celebran ni plenos ni comisiones. En julio, agosto y la primera mitad de septiembre tampoco es corriente que haya actividad. El jueves se celebrará un pleno ordinario y el viernes una sesión de control al Gobierno en la que el lehendakari, Iñigo Urkullu, tendrá que responder a la oposición por la polémica en torno al informe de torturas (PP), al derecho a decidir (EH Bildu) o el 'caso De Miguel' (Elkarrekin Podemos).