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El Plan de Paz renuncia a "imponer" un relato sobre la violencia en Euskadi

El documento exige a ETA su "desaparición o disolución" sin "condicionamiento político" y fija como primer paso su "desarme y desmantelamiento" definitivo.

El secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández, destaca que la violencia de ETA tendrá una "valoración expresa de su injusticia", pero añade que no se puede "diluir o excluir" el resto de las vulneraciones de derechos humanos.

El coste de las iniciativas del plan, que el Gobierno aprobará el próximo martes, sumará en toda la legislatura más de 19,4 millones de euros.

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El Plan de Paz y Convivencia que el Ejecutivo del lehendakari Urkullu aprobará el próximo martes renuncia expresamente a "imponer un relato" sobre lo que ha pasado en Euskadi en los últimos 50 años en relación con la violencia de la organización terrorista y otro tipo de "vulneraciones de derechos humanos". Para el Ejecutivo y el piloto del plan, el secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández,"imponer por decreto" un único relato "no funciona". La opción para el Gobierno vasco es que el plan y sus iniciativas y búsqueda de microacuerdos sirva para "crear las condiciones que hagan posible esta reflexión compartida". Pero parte de una exigencia incial: que se produzca la "desaparición o disolución" de ETA sin "condicionamiento político" y fija como primer paso su "desarme y desmantelamiento ordenado, seguro y definitivo".

Pero sí ha fijado unos mínimos que son "líneas rojas" que todo el mundo que aspire a una sociedad "reconciliada" o que exija una convivencia no basada en la amnesia deben compartir de salida. De hecho, el nuevo plan incorpora como anexo el denominado 'suelo ético' pactado en la anterior legislatura y que la izquierda abertzale no termina de asumir como propio en su integridad.

"En el relato crítico sobre el pasado, ningún argumento, -ni un contexto de conflicto, ni una tesis sobre bandos enfrentados, ni la denuncia de las vulneraciones de signo diferente, ni una razón de Estado, ni la prevalencioa del futuro- puede ser invocado para minizar o legitimar la violencia de ETA, ni ninguna otra violación de derechos humanos", ha subrayado Fernández en la presentación esta mañana del plan en la capital donostiarra.


"Reconocer y reparar"

El Plan destaca que la violencia de ETA tendrá una "valoración expresa de su injusticia", precisamente por "su dimensión" (más de 860 asesinatos) y "significación", pero añade que no se puede "diluir o excluir" el resto de las vulneraciones de derechos humanos. La posición a la que invita el denominado 'suelo ético' -que incluye una valoración crítica del pasado y la asunción de responsabilidades en la violencia terrorista- desde "su principio de verdad", ha precisado Fernández, es "reconocer y reparar" todas las vulneraciones de derechos, "sin excluir ni diluir ninguna", se sostiene en el plan.


Huidos de ETA

El secretario de Paz y Convivencia ha negado que el objetivo de integrar completo el 'suelo ético' busque incoporar a los sectores más críticos con el primer documento -PP, UPyD y, en parte, PSE- y tampoco hay que interpretarlo como un intento de hacer un contrabalance a los "guiños" a la izquierda abertzale contenidos en el primer documento. Fernández cree que hay que huir de ese tipo de interpretaciones y ha apuntado que el objetivo, a partir de ahora, es buscar un "acuerdo integrador" entre las cuatro principales familias políticas que existen en el País Vasco.

El coste de las iniciativas del plan, que el Gobierno aprobará el próximo martes, suma más de 16 millones de euros para los próximos tres años, a los que hay que sumar los 3,2 millones presupuestados para 2013. En total 19,4 millones de euros. El plan es un "punto de partida" y Fernández ha destacado el esfuerzo realizado por el Ejecutivo para integrar las enmiendas, críticas y sugerencias llegadas desde 26 entidades, partidos y asociaciones de diferente signo y dos particulares. El plan ha incoporado 27 enmiendas puntuales y coincide con 42 sugerencias planteadas por los enmendantes. Una de ellas, "exigida por EH Bildu y el PSE", según Fernández, es hacer extensible a los huidos de ETA las políticas de reinserción e incorporación a la sociedad vasca post ETA dentro del programa 'Hitzeman'. Esta iniciativa -para la que el Ejecutivo vasco no tiene competencias- de  'dar la palabra', pretende "diseñar e impulsar, en materia de reinserción, un programa vasco de reintegración social y promover en paralelo el consenso parlamentario, interinstitucional y sociopolítico necesario para su implementación".

La nueva redacción del plan también clarifica el compromiso de la Ertzaintza con los derechos humanos -en el documento inicial no estaba bien precisada y dio lugar a interpretaciones enfrentadas. Ahora se precisa que lo que se hace es dar continuidad a su compromiso social por la convivencia y los derechos humanos-, no fija el lugar donde se tiene que radicar el futuro Instituto de la Memoria (ya no aparece Gernika como el municipio elegido y se deja para un consenso posterior) y otro tipo de sugerencias que levantaron críticas entre los partidos de la oposición.

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