Psicólogos, fisioterapeutas y logopedas vizcaínos dicen que el decreto de atención temprana desautoriza a muchos centros

El Colegio de Psicología de Bizkaia y los Colegios del País Vasco de Fisioterapia y Logopedia, han rechazado el decreto de atención temprana de la Diputación de Bizkaia porque “desautoriza a una gran cantidad de centros asistenciales”.

En un comunicado, han destacado que, recientemente, el Boletín Oficial del País Vasco ha publicado un Decreto por el que se regularán los centros de Euskadi que pueden dispensar la Atención Temprana en base a unos requisitos estructurales, funcionales y de personal.

Según han apuntado, el nuevo decreto explica cómo deben ser las instalaciones de estos centros en cuanto a disposición de la entrada, número de baños o despachos. Asimismo, el Decreto especifica como requisito para formar parte de la nueva red de concertación pública que en cada centro debe haber dos profesionales que presten servicio en tres de los cuatro ámbitos de actuación para los trastornos del desarrollo que se trabajan en la Atención Temprana (movilidad, cognición, lenguaje y emocional).

Los distintos colectivos profesionales que intervienen en los Equipos de Intervención en Atención Temprana de Bizkaia (Psicología, Fisioterapia y Logopedia) han manifestado su “malestar y preocupación” por las medidas que se adoptarán con la entrada en vigor de este Decreto en Bizkaia.

A su juicio, se incluyen “requisitos innecesarios” que ponen en duda los servicios prestados hasta ahora. Según indican, la Diputación destaca que la regulación de centros se fundamenta en una “mejora de la calidad del servicio”, una especificación que “deja en mal lugar” a los centros que no están convenidos con el Decreto Foral porque “repercute en su imagen”.

CENTROS DE CALIDAD

“Parece que no son centros de calidad cuando en realidad sí lo son y han venido prestando un excelente servicio que hasta ahora estaba acreditado por la propia Diputación. La mayoría de los centros que han quedado fuera del decreto lo han hecho por decisión propia. Hasta un total de 49 centros integrarán la red concertada de Atención Temprana en Bizkaia, cuando hasta ahora eran 107”, según han señalado.

Por ello, han reivindicado el “máximo respeto” al “excelente” servicio prestado hasta ahora por parte de centros y profesionales que, obligada o voluntariamente, no se han acogido al decreto por términos de sostenibilidad empresarial. Han defendido que dichos centros siguen prestando “una adecuada atención como lo venían haciendo hasta ahora”.

“Las numerosas exigencias recogidas en el nuevo Decreto Foral sobre las condiciones mínimas a cumplir de los centros de actuación resultan desproporcionadas y, en casos, injustificadas. En muchos casos nuestros colegiados nos han expresado directamente la inviabilidad de la remodelación y/o adecuación de las instalaciones. Son centros que invierten en formación e instrumentalización por encima de cambios urbanísticos injustificados a través de la experiencia de años”, han añadido.

Según han destacado, entienden una “adecuada” regulación, pero no que se haga “de forma excluyente y con imposiciones que no se corresponden con las necesidades sanitarias y arquitectónicas para esta problemática”.

Asimismo, creen que el decreto foral ha desencadenado “una enorme asimetría y desigualdad” en la prestación de los servicios, hasta el punto de que, dependiendo de dónde sea el lugar de residencia del usuario, “tendrá que recorrer muchos kilómetros para recibir la atención debida”.

A su juicio, existe una “disparidad geográfica” en la prestación del servicio y una “limitación” de las familias en la elección libre del centro y/o del profesional. En concreto, han denunciado que el Gran Bilbao concentra el 50% de los centros, mientras que en otras comarcas existen “déficits notables” como Busturialdea con “cero centros autorizados” y las zonas de Encartaciones, Uribe Kosta, Lea Artibai o Arratia Nervión, todos ellos con un único centro.

Por lo tanto, creen que el decreto “pone en riesgo los principios básicos que necesariamente han de ser contemplados en la intervención integral en Atención Temprana como la proximidad de la prestación sociosanitaria”. Además, consideran que supone “una merma en el derecho de las familias a elegir centro”.

También critican la “injustificada” exigencia de ser centros con varias disciplinas “cuando no es necesario”, ya que el decreto marca como requisito para entrar en la nueva red de concertación que en cada centro debe haber dos profesionales que presten servicio en tres de los cuatro ámbitos de actuación para los trastornos del desarrollo que se trabajan en la Atención Temprana.

Por ello, creen que se debería permitir la continuidad en el desempeño de este servicio público a los centros unidisciplinares que se rigen “bajo unos criterios de calidad y funcionamiento sobresaliente” para el desempeño de un área en concreto.

Por otra parte, han criticado que en los equipos de evaluación existe una “injustificada” ausencia de profesionales de la Fisioterapia y Logopedia, “siendo otros profesionales quienes toman estas decisiones”. “Logopedia y Fisioterapia siguen siendo ”prescritas“ por profesionales que poco o nada saben de evaluar estas necesidades. La prescripción de la llamada psicomotricidad se basa en criterios poco definidos -cuando no desajustados-. Su prestación puede caer en manos de cualquier persona con un título no avalado por criterios oficiales”, han añadido.

Por último, han denunciado la “absoluta indiferencia y falta de la más mínima intención de escuchar, atender y/o empatizar” por parte de la Diputación a las numerosas “inquietudes y sugerencias” recibidas desde los distintos colectivos profesionales que intervienen en la Atención Temprana.