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Ramiro González: "El fiscal cree que no hay perjuicio para la Diputación de Álava"

El diputado general asegura que no hay constancia de que Álava se viese afectada por la trama de Alfredo de Miguel si bien la Fiscalía enumera contratos irregulares que el exdiputado se adjudicó a sí mismo

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Alfredo de Miguel y Joseba Egibar, a punto de fundirse en un abrazo en el Parlamento Vasco en 2011

Alfredo de Miguel y Joseba Egibar, a punto de fundirse en un abrazo en el Parlamento Vasco en 2011 NURIA GONZÁLEZ

El 8 de enero arranca en la Audiencia Provincial de Álava el juicio del 'caso De Miguel', la trama de presunta corrupción encabezada por el que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (Urbanismo) en el momento de su detención en marzo de 2010. El actual diputado general de Álava por el PNV, Ramiro González, no ha querido valorar el alcance de este caso, el mayor abierto en Euskadi, porque eso "corresponde" a los jueces. Y sobre la afección de los hechos investigados a su institución ha sostenido que "el fiscal cree que no hay perjuicio para la Diputación".

Preguntado por los periodistas, González -que conoce de primera mano el caso ya desde sus orígenes, entre otras cosas porque fue ponente de la comisión de investigación abierta en las Juntas Generales de Álava- ha insistido en varias ocasiones en que en el escrito de acusación de la Fiscalía no consta que la Diputación se viese afectada por la trama. "El fiscal dijo que no había perjuicio", ha repetido.

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, solicita penas ejemplarizantes de cárcel para los 26 imputados, 119 años en total y 54 en particular para De Miguel (15 de cumplimiento efectivo). En su largo escrito de acusación hay un apartado específico que alude a "Contratos con el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava". En él se enumeran las contrataciones 'a dedo' que beneficiaron a las empresas controladas por De Miguel y que el propio imputado gestionó desde su despacho foral.

Sobre la Diputación, el fiscal señala: "Don Alfredo de Miguel Aguirre fue nombrado Diputado Foral del Departamento de Administración Local y Equilibrio Territorial el día 8 de agosto de 2007, en virtud de Decreto Foral del Diputado General nº 187/07, de fecha 8 de agosto. Por su condición de Diputado Foral del citado Departamento era el órgano competente para 'acordar y realizar la contratación de obras, servicios, suministros y otros contratos de carácter administrativo o no, dentro de los límites establecidos por la normativa foral presupuestaria y por la legislación vigente, así como presidir las mesas de contrataciones' y para 'autorizar, disponer y ordenar el gasto'. Aprovechándose de ambas potestades que tenía inferidas por razón de su cargo y con ánimo de lucro propio, adjudicó directa e irregularmente a las mercantiles ERREXAL S.L. y ORTZI MUGA S.L., con las que como se ha expuesto anteriormente mantenía íntima relación". La actividad mercantil es incompatible por ley con ocupar un cargo foral precisamente para evitar conflictos de intereses.

Concretamente, los contratos forales bajo sospecha son los siguientes y suman casi 70.000 euros en total:

  • 11.774 euros a Errexal para “Jornadas de formación de las entidades locales, 2007” 
  • 11.890 euros a Errexal para “Estudio para la dinamización turística de entidades locales del Territorio Histórico de Álava” 
  • 10.596 euros a Errexal para “Jornadas de formación de las entidades locales, 2008” 
  • 7.795,20 euros a Errexal por el contrato para un “Estudio sobre equipamientos públicos en el ámbito local en el Territorio Histórico de Álava”
  • 16.496 euros a Errexal para “Jornadas de formación de las entidades locales, 2009”
  • 5.684 euros para Ortzi Muga para “Asesoramiento al Departamento para la puesta en valor de la ruta del vino y del pescado de enero a mayo”
  • 5.626 euros para “Asesoramiento al Departamento para la puesta en valor de la ruta del vino y del pescado, verano” 

La Fiscalía también recuerda que De Miguel utilizó su despacho foral -registrado en su día por la Policía- para mantener reuniones en las que presuntamente solicitó comisiones ilegales por la adjudicación de contratos. Asimismo, De Miguel impulsó políticamente la recalificación de 120 hectáreas en Zambrana, al Sur de Álava, cuando sus empresas habían ingresado importantes sumas de dinero de los promotores catalanes Construcciones Riera. Se estimaba en 65 millones de euros el valor de ese 'pelotazo' urbanístico.

La Diputación de Álava no participará como acusación en el juicio. Según informó el propio González en 2016, el juez instructor Roberto Ramos no lo permitió en su momento. El Gobierno vasco, en cambio, sí ha presentado un escrito de acusación, si bien no solicita penas de cárcel a los imputados en lo tocante a los hechos que afectan a la Administración autonómica, de nuevo contrataciones sospechosas con las empresas de la trama, en este caso realizadas desde el área de Juventud dirigida por el 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles. Así las cosas, la única institución que acompañará a la Fiscalía en el juicio será la Diputación de Bizkaia. Desde el primer momento, su Hacienda ha tenido claro que existían delitos fiscales en las operaciones de algunas de las empresas de la trama como Sidepur, que tenían domicilio social en Bilbao.

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