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Solo 187 de los 40.000 afectados por las aportaciones a Eroski y Fagor recurren a la mediación del Gobierno vasco

Protesta de afectados por las subordinadas de Eroski y Fagor frente a una sede de Caja Laboral.

Eduardo Azumendi

Vitoria —

Solo 187 de las alrededor de 40.000 personas afectadas por las aportaciones financieras a Eroski y Fagor han recurrido al Instituto Vasco de Consumo-Kontsumobide, dependiente del Departamento de Salud del Gobierno vasco. El Instituto puso en marcha la mediación parta los afectados el pasado 9 de abril, facilitando a través de su página web la tramitación de las reclamaciones mediante un formulario. La Asociación de Afectados por las aportaciones a Eroski-Fagor, que agrupa a alrededor de 1.000 personas, rechaza la intervención y mediación del Instituto por entender que no sirve para defender sus intereses, actúa de manera parcial y sus decisiones no resultan vinculantes.

La Asociación se creó para reclamar la devolución de las aportaciones o participaciones subordinadas de Eroski y Fagor, que fueron comercializadas por varias entidades financieras. El dinero ahora permanece cautivo, considerado como deuda perpetua. En total, en estas aportaciones hay colocados 845 millones de euros.

Ricardo González de Durana, presidente de la asociación, considera que el Gobierno vasco ha dirigido a los afectados hacia el Instituto Vasco de Consumo en un intento de “arrojar más confusión” a la situación para alargar todo el proceso. “Kontsumobide no puede obligar a los bancos y cajas que han comercializado el producto a devolvernos nuestro dinero. Lo único que hace es poner unos formularios para que los rellenemos y en caso de que se demuestre que alguien ha cometido fraude sancionarle. En definitiva, dar largas porque no su decisión no es vinculante para las partes”.

Además, González de Durana entiende que el Instituto actúa de forma “parcial”. “Su directora (Belén Greaves) ha negado que Eroski y Fagor tengan responsabilidad en la cuestión. Se ve claro de parte de quién está”.

Tomar partido

El PSE también considera que el Instituto Vasco de Consumo ha quedado invalidado para seguir adelante con la mediación después de las últimas declaraciones de su directora, Belén Greaves, y ha solicitado la comparecencia de ésta en el Parlamento vasco. “La señora Greaves”, expone la parlamentaria socialista Txaro Sarasua, “toma partido claramente por una de las partes, las emisoras de esas participaciones. Sin cuestionar todos los factores que haya que tener en cuenta en este caso, ¿qué afectado que se haya sentido engañado va a acudir a ese arbitraje, si el árbitro ha decidido de antemano quién gana el partido?”.

Por su parte, Kontsumobide explicó a este medio que está negociando con las entidades financieras para tratar de dar con una solución adecuada para los afectados. “Las respuestas pueden ser variadas. Nuestra decisión no es vinculante para las partes, lo que significa que si alguien no está de acuerdo se puede seguir por la vía judicial. Tratamos de ofrecer una vía para llegar a un acuerdo”.

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