Solo el bloque de derechas se desmarca del decálogo de medidas contra los desahucios
Solo el bloque de partidos de derechas se ha desmarcado del decálogo de medidas contra los desahucios. La iniciativa, promovida por las plataformas vascas de Stop Desahucios, fue remitida a todos los partidos y coaliciones electorales el pasado mes de febrero. EH Bildu, PSE, Ezker Anitza, Podemos, Equo y las plataformas Ganemos-Irabazi de varios municipios han trasladado su apoyo. Mientras, PNV, PP y UPyD no han suscrito el decálogo, según han anunciado las plataformas de Stop Desahucios.
En la línea de exigir la aplicación de estas medidas y reclamar una segunda oportunidad real a los deudores de buena fe y sus avalistas, el siguiente paso será una gran movilización ciudadana el viernes 27 de marzo frente a la sede central de Kutxabank, en Bilbao. “Elegimos la sede de Kutxabank”, apunta Stop Desahucios, “porque es la primera entidad en concesión de hipotecas, la que más desahucios ha promovido y la que mayoritariamente aplica el índice IRPH”. Además, es la que “menos segundas oportunidades brinda a sus clientes empobrecidos, como la dación en pago con alquiler social, pese a ser una entidad surgida con fines sociales y pese a que sus órganos de gobierno son controlados por PNV, PSE, PP y CCOO”.
“Los deudores empobrecidos, sus avalistas y familiares”, añade la plataforma, “vienen sufriendo las fases de esta crisis o estafa financiera, que viene originando desempleo, quiebra de negocios, pobreza y que culmina con la amenaza de perder también la vivienda. Por eso se producen sucesos trágicos como el de nuestra compañera Miren y su familia, y por eso mismo exigimos a bancos y gobiernos esa segunda oportunidad”.
El decálogo demanda, entre otras medidas, una ley de vivienda “útil y práctica para la comunidad autónoma”. Esa ley debe reconocer y aplicar el derecho subjetivo al uso de una vivienda digna, exigible ante la Administración y la Justicia. La norma tiene que recoger un sistema de sanciones y expropiaciones de uso para las viviendas vacías propiedad de entidades financieras y sociedades dependientes de las mismas, inmobiliarias o fondos de inversión. El objetivo es incorporarlas a un parque público de viviendas de alquiler social.
