El Tribunal de Cuentas fija para el 15 de febrero la vista previa del caso contra Alfonso Alonso y Javier Maroto
El Tribunal de Cuentas del Estado celebrará el día 15 de febrero la audiencia previa por el caso 'San Antonio', en el que se investiga al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, por el “perjuicio” causado a las arcas públicas al firmar, en la etapa de ambos en el Gobierno municipal de Vitoria, un contrato a precio muy superior al de mercado.
La cita había sido fijada inicialmente para el pasado 20 de enero, pero la sesión fue aplazada debido a que la nueva sede del Tribunal de Cuentas aún está en obras y a que la sala destinada a albergar esta audiencia todavía no estaba acondicionada.
El Tribunal de Cuentas ya impuso una fianza conjunta de medio millón de euros a Alonso, Maroto y al resto de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vitoria que en 2007 firmaron el contrato municipal de alquiler con el empresario Gonzalo Antón. Se les había fijado en concepto de la “responsabilidad contable” derivada de un contrato de alquiler de unos locales para albergar servicios municipales suscrito cuando Alonso era alcalde de Vitoria y Maroto, concejal de Hacienda. El contrato obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros al empresario Gonzalo Antón. A cambio de esta suma, el Consistorio alquilaba por un periodo de veinte años un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros. El órgano fiscalizador considera que esta decisión ha podido causar un “perjuicio” a las arcas municipales.
Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Vitoria, actualmente presidido por el PNV, se han personado en el caso abierto en el Tribunal de Cuentas, que se encuentra a la espera de decidir si abre o no juicio contable en torno a este asunto.
A la audiencia del día 15 de febrero, según han explicado a eldiarionorte.es fuentes del Tribunal de Cuentas, se citan a los abogados de ambas partes para presentar la documentación pertinente. “No es necesario que se personen las personas vinculadas a la investigación sino que delegan en sus representantes legales”, han aclarado. En días posteriores el órgano fiscalizador informará sobre el procedimiento, si se se sigue adelante con el proceso o se archiva el caso.
