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El Tribunal de Cuentas investigará los sobrecostes de FCC en Vitoria con la oposición de la Fiscalía

El fiscal propone el archivo de una denuncia de EH Bildu por el pago a 332.000 euros/unidad de dos vehículos valorados en la mitad pero la última palabra será de la sección de enjuiciamiento

El PP insiste en que no hay causa contra Maroto y advierte de que emprenderá acciones legales contra Aitor Miguel (EH Bildu) por mentir

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Sede central de FCC

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas del Estado investigará el presunto sobrecoste abonado en 2015 por el Ayuntamiento de Vitoria, entonces con Javier Maroto (PP) como alcalde, a la contrata de limpieza de FCC. En concreto, analizará la compra por 332.000 euros la unidad de dos camiones de basura, cuando en otras ciudades y en la propia Vitoria se habían adquirido vehículos similares incluso a menos de la mitad de precio. Eso sí, lo hará con la oposición de la Fiscalía, que no aprecia indicios de responsabilidad contable.

Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía del órgano auditor por el concejal de EH Bildu Aitor Miguel a raíz de una investigación ya abierta en torno a posibles cobros de FCC por servicios no prestados efectivamente, como ha ocurrido en Badalona o Barcelona. Miguel se ha felicitado en rueda de prensa de que su denuncia haya sido remitida a la sección de enjuiciamiento "a fin de que lleve a cabo la correspondiente investigación", como consta en un documento firmado en Madrid el 20 de julio. El PP, sin embargo, ha utilizado el mismo documento para garantizar que el asunto está archivado definitivamente e incluso ha advertido de que emprenderá "acciones legales" contra el representante de EH Bildu por sus "mentiras". 

Fuentes conocedoras del funcionamiento del Tribunal de Cuentas han matizado a eldiarionorte.es que el enrevesado escrito del fiscal, Miguel Ángel Torres Morato, que es el fiscal-jefe en el órgano auditor, sólo supone que se opone a una investigación y que solicita su archivo, aunque tendrá que ser la sección de enjuiciamiento quien, a propuesta de los técnicas, decida el sobreseimiento definitivo de la causa. Estas mismas fuentes puntualizan que lo habitual es que el criterio de la Fiscalía prevalezca, aunque no es vinculante para los instructores.

Dos camiones en el centro de la polémica

Los camiones objeto de polémica fueron adquiridos por el Ayuntamiento y no directamente por la empresa adjudicataria en 2015. Se hizo con el contrato ya en situación de prórroga y después de que se hubiera adjudicado la nueva contrata de nuevo a FCC (aunque ahora en UTE con GMSM-Viuda de Sainz). El coste de los vehículos fue de 332.000 euros por unidad, más caro incluso que algunas grandes máquinas Caterpillar del vertedero. Miguel ha recordado que en el contrato original de 2006 el precio unitario eran 155.000 euros (es cierto que desde entonces ha habido tres revisiones del IVA) y que en el contrato firmado en enero de 2015 el coste era de 175.000 euros. 

Escrito del fiscal.

Escrito del fiscal.

Se da la circunstancia de que la información sobre el precio de estos camiones la aportó el propio Maroto cuando se vio en el centro de la investigación iniciada en el Tribunal de Cuentas. Se aludía a la posibilidad de que FCC cobrara unos 800.000 euros en el ejercicio 2014 por servicios no prestados -una práctica que se ha probado en otras ciudades donde opera la multinacional- y el PP argumentó que ese dinero sí tenía justificación, entre otras cosas, por la adquisición de los vehículos recolectores, si bien son del ejercicio 2015.

Formalmente, el Ayuntamiento de Vitoria, ahora en manos de PNV y PSE-EE, no se pronuncia en relación a esta investigación del Tribunal de Cuentas. Insisten en que la anterior contrata de limpieza está sin liquidar y, por lo tanto, tampoco están cerradas todas las facturas de 2014 y 2015, que deberían arrojar luz por un lado de si hubo o no sobrecostes y, por otro, si los vehículos se pagaron por encima de su valor de mercado.

Miguel, en este sentido, ha reclamado una vez más una "auditoría" completa de "todos" los contratos de FCC en Vitoria, que además de la limpieza gestiona el vertedero y fue la encargada de urbanizar la nueva manzana de la plaza de toros y de construir la autopista Vitoria-Eibar. Ha subrayado que en Badalona y en Barcelona se han detectado importantes irregularidades y que no se puede fiar todo a la carta del Tribunal de Cuentas del Estado. El edil de EH Bildu ha apuntado que FCC ha participado en tramas como la Gürtel y que Vitoria "no puede mirar para otro lado".

La investigación afecta a una contrata que nació en 2006 bajo la sombra de la corrupción. La contratista accedió a información privilegiada antes de que se convocara el concurso público y también se ha constatado cómo familiares directos de los técnicos que facilitaron la adjudicación trabajan para la compañía. En el área de Medio Ambiente de Vitoria, además, otro empresario denunció la existencia de peajes en forma de comisiones al PP para acceder a las contrataciones.

FCC, asimismo, forma parte del denominado cártel de la basura, un grupo de empresas potentes del sector que manipularon en toda España las contratas municipales de gestión de residuos. En principio, cuando esa sanción sea firme ninguna de ellas podrá volver a contratar con la Administración.

El PP anuncia "acciones legales" contra EH Bildu

El PP de Vitoria ha emitido una nota de prensa en la que "aclara" que la investigación en torno a los camiones está "archivada" definitivamente. Según los 'populares', el fiscal por sí solo no puede cerrar una causa y la ha remitido a la sección de enjuiciamiento con el único objetivo de que sea un magistrado del Trbunal de Cuentas el que la archive, sin que quepa otra posibilidad. "No se ha apreciado ningún indicio de sobrecoste", ha manifestado el PP en su comunicado, en el que ha acusado al concejal de EH Bildu Aitor Miguel de no tener "ninguna credibilidad" por "mentir deliberadamente". El PP "se reserva el derecho de emprender acciones legales" contra Miguel. El propio Javier Maroto, en Twitter, ha asegurado que no hay investigación alguna en su contra.

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