La UPV, a juicio por un presunto acoso continuado
Los informes redactados por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, Osalan, para describir la situación de acoso que ha dado lugar a la demanda de un exprofesor contra la Universidad del País Vasco, revelaban tres puntos de 'mobbing' en una escala de 0 a 3.
El denunciante, un exprofesor de la Facultad de Derecho, sufrió tres bajas debido a la presión a la que fue presuntamente sometido, dos de ellas por “trastorno adaptativo con ansiedad-mobbing” y una tercera por ingreso en la UCI con un “síndrome coronario agudo”. Ante estos hechos y pese a la inspección Osalan, que requirió la intervención del propio rector, al no existir el órgano competente para ello, un Comité Arbitral, la Universidad obvió la queja de acoso presentada por el afectado- J.A.R.- ante el Servicio de Prevención de Riesgos y no adoptó medida alguna para intentar solucionar el problema detectado.
El propio rector, Iñaki Goirizelaia, declarará ante el tribunal en el juicio. En la demanda se reclaman responsabilidades por los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales de forma continuada durante más de diez años.
La demanda fue presentada en junio de 2013 por el exprofesor, doctor desde el año 2002, y que en su trayectoria ganó dos concursos públicos. Fue despedido en 2012 sin aplicarle el convenio laboral que obligaba a la Universidad a mantener su relación contractual, según dictaminó la Inspección de Trabajo en un informe emitido tras la denuncia presentada por el trabajador. En dicho informe también constaba que el docente, en su última etapa en la universidad, estuvo trabajando, sin saberlo, sin contrato laboral.
El relato de su particular calvario en más de 200 páginas
El profesor relata en su demanda, en más de doscientas páginas, su particular calvario, el trato recibido en su departamento y en la UPV durante los más de diez años de vinculación. Menciona negaciones de ampliación y mejoras de contrato, el retraso en la tramitación de su tesis porque el presunto principal instigador del acoso no envió su informe como miembro suplente del tribunal de tesis; la imposición de clases en San Sebastián en lugar de en Leioa, la fijación de tutorías a primera y última hora del día, a sabiendas de que residía en Vitoria o la desacreditación ante los alumnos.
En este punto el demandante relata como una profesora dedicó al menos tres horas de sus clases a desprestigiarle, diciendo que era un “jeta”, que se había cogido la baja para preparar el concurso, y animándoles a presentar quejas colectivas, informaciones que a él le llegaban a través de los alumnos. También detalla cómo se asignó su despacho a una tercera persona; se le ocultaba a días de comienzo del curso de las clases que impartiría, de su extensión telefónica y denuncia “el ostracismo y la exclusión” de cualquier actividad del departamento, de proyectos de investigación y un largo etcétera.
Ante esta concatenación de hechos, la única reacción de la Universidad llegó de la mano del Servicio de Prevención de Riesgos laborales de la UPV que se limitó a recomendar que ninguna persona incluida en la queja de acoso debía integrar el tribunal en caso de sacar su plaza, que ocupaba interinamente, a concurso. Pero ni eso petición fue cumplida. Pese a esa instrucción el supuesto principal instigador del mobbing denunciado –ex Secretario General de la UPV- se auto designó secretario del tribunal de oposición y decidió el nombre de los demás miembros, según asegura denunciante. J.A.R. que no asistió al concurso por encontrarse de baja, presentó entoces ante el rector un escrito recusando a los miembros del tribunal de oposición.
En ese escrito, advertía también al rector sobre la ilegalidad de la normativa de concursos de la UPV así como de las bases de la convocatoria, un extremo que ahora ha avalado la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el concurso se celebró y profesor de Derecho fue cesado en junio de 2012. Ese despido es contrario a un informe de la Inspección de Trabajo, que señalaba a la Universidad la obligatoriedad, tal y como establece el convenio, de ofrecerle otra plaza distinta debido a su antigüedad y a sus méritos docentes.
El juicio contra la UPV/EHU y su rector se celebrará en el juzgado de lo Social número tres de Vitoria.
