Urkullu rechaza destituir a Tapia ni a ningún otro cargo señalado por la investigación sobre Epsilon

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que “respeta” pero no “comparte” el dictamen del Parlamento vasco que señala la existencia de responsabilidades políticas de varios cargos institucionales del PNV en la pérdida de dinero público por el fracaso del proyecto 'Epsilon', por lo que ha rechazado destituir, tal y como le ha reclamado UPyD, a cinco de estos dirigentes que actualmente forman parte de su Gobierno, entre ellos la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia.

Urkullu ha respondido este viernes, durante el pleno de control que celebra el Parlamento vasco, a una pregunta de UPyD sobre las medidas que piensa adoptar tras la aprobación del informe sobre las ayudas públicas concedidas a 'Epsilon' e 'Hiriko', dos proyectos empresariales fracasados que causaron una importante perdida patrimonial a las instituciones tras recibir cerca de 60 millones de euros en ayudas públicas.

El Parlamento vasco, con el apoyo de todos los grupos, salvo el del PNV, aprobó este pasado jueves un dictamen que apunta a la existencia de “responsabilidades políticas” por lo ocurrido en varios cargos y excargos institucionales del PNV, a los que no se cita con nombres y apellidos, sino a través de una referencia a los organismos a los que pertenecían y a las sesiones concretas de las reuniones a las que acudieron.

Maneiro ha destacado que los responsables “están ahí”, aunque “no se citen con nombres y apellidos”. El parlamentario de UPyD ha destacado que “sus nombres son claros y conocidos”, por lo que ha reclamado al lehendakari que destituya a los seis cargos que forman parte de su Gobierno y que se encuentran entre las personas a las que apunta el informe. “Tiene que cesarlos, han sido considerados responsables del fiasco de 'Epsilon' y de la pérdida de millones de euros”, ha reclamado a Urkullu.

A continuación, ha mencionado el nombre de estas personas. “Pedimos el cese de Arantza Tapia (consejera de Desarrollo Económico), Ana Agirre (vicenconsejera de Justicia), Juan Miguel Bilbao (viceconsejero de Hacienda), Hernando La Calle (director de Presupuestos), Rodrigo García (director de Coordinación de Seguridad) y Alejandro López Cárcamo (director de Desarrollo Industrial)”.

Informe “político”

El lehendakari ha respondido a Maneiro que, aunque “respeta” el dictamen del Parlamento, no lo “comparte”. Según ha dicho, se trata de un informe “político” que ha concluido con una sentencia “política y predeterminada”.

Además, ha asegurado que ni en los informes del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), ni en el dictamen de la Cámara vasca ni en resolución judicial alguna existe “base” para “adoptar medidas” como las solicitadas por el parlamentario de UPyD. “No adoptaré medidas contra personas que han actuado en todo momento dentro de la legalidad”, ha asegurado.

En la misma línea, ha asegurado que no va a “condenar” a “personas inocentes sobre la base de un informe político plagado de medias verdades”. El lehendakari ha reprochado a Maneiro que sólo le interese “el escarnio de seis personas que cuentan con el aval de legalidad en todas sus actuaciones”.

Urkullu, además, ha recordado que en el análisis del proyecto 'Epsilon' no sólo participaron cargos del PNV, dado que también se le concedieron apoyos desde algunas diputaciones, desde el Gobierno vasco del PSE-EE y desde el Ejecutivo central.