Los jueces exigen a Urkullu inversiones para evitar “serios retrasos”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha destacado que la informática judicial en Euskadi, que fue “punta de lanza” de la modernización, es en la actualidad “el mayor problema” para implantar la Nueva Oficina Judicial y ha exigido inversiones al lehendakari, Iñigo Urkullu.

Además, ha pedido que se cree “una oficina provincial única como servicio común de justicia anejo al juzgado de guardia, en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz”, que evite “que vuelva a ser noticia la puesta en libertad, por falta de información o por error de identidad, de personas sujetas a medidas cautelares o de condenados pendientes de cumplimiento”.

Durante su discurso en la apertura del Año Judicial celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao, Ibarra ha subrayado que la implantación y el desarrollo del modelo de articulación de servicios de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) “está siendo el factor dinamizador en la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia”.

De esta forma, destaca que ya cuentan con nueva oficina judicial once de los catorce partidos judiciales, aunque todavía faltan el partido judicial de Barakaldo y los de Donostia/San Sebastián y Bilbao, los dos partidos judiciales con mayor número de juzgados y tribunales.

Según ha indicado, la redefinición de servicios que comporta la NOJ facilita la colegiabilidad entre los jueces, así como las prácticas de coordinación en la gestión de los servicios comunes. Con ello, se estimula “la unificación de criterios interpretativos, la protocolización en las actividades de registro, tramitación, señalamiento y ejecución; y se abre el camino a una más eficaz relación con la policía judicial”.

De manera muy singular, dice que se facilita un marco operativo para la coordinación de los titulares de los órganos judiciales con los Secretarios Judiciales, a quienes corresponde la responsabilidad central en el gobierno y en la distribución de los recursos personales de los servicios comunes. En este último campo, señala que se ha desplegado “un constante esfuerzo de promoción y apoyo a la coordinación”.

“Serios retrasos” por la infraestructura informática

En su opinión, “las dificultades en la gestión del cambio se están viendo agravadas por los serios retrasos” que se padecen “en la renovación y adaptación de la infraestructura informática”. “Debemos reconocer que la informática judicial del País Vasco, que fue durante muchos años la punta de lanza del programa de modernización, se ofrece, hoy, como el problema de mayor gravedad en relación con la implantación de las nuevas oficinas judiciales”, apunta.

“Para superar el actual déficit infraestructural en nuevas tecnologías resulta necesario que la Comunidad Autónoma refuerce, desde luego, la inversión presupuestaria; pero, también, la gestión de la ejecución técnica”, asevera.

Además, se ha dirigido al lehendakari para recordar que su Gobierno acaba de dar a conocer los nuevos compromisos de inversiones en la Administración electrónica y le ha pedido que en estos compromisos de inversión se incluya a la Administración de Justicia.

“Con ello y con un eficaz impulso de gestión ejecutiva debemos poner fecha cierta al expediente judicial electrónico. Requerimos de un impulso en la gestión que termine con la ausencia de interoperabilidad de nuestra plataforma informática de gestión procesal y de gestión gubernativa con la plataforma del Ministerio de Justicia, con las de las demás Comunidades Autónomas y con la del Ministerio Fiscal”, señala.

Conexión informática segura

Asimismo, cree necesario “establecer ya una conexión informática segura de los juzgados de guardia con los diferentes servicios de la Policía judicial que permita hacer realidad el atestado policial informático”.

“Requerimos, sin demora, de herramientas de gestión informática que nos permitan operar con cuadros de mandos para la distribución de recursos disponibles en orden a la mayor eficiencia y calidad de la actividad judicial y de la oficina judicial”, manifiesta.

Juan Luis Ibarra asegura que la Judicatura ha dado “sobradas muestras de que las dificultades no les amilana, sino que les motivan en un mayor esfuerzo para abrir nuevos caminos y encontrar soluciones renovadas”.

“Es buena prueba de ello el avanzado estado del proyecto de Convenio a suscribir entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco que permitirá el establecimiento en el próximo año de tres oficinas provinciales para el cumplimiento de las obligaciones de presentación y comparecencia impuestas a personas imputadas o condenadas en procesos penales”, indica.

Oficina provincial única

Por ello, confiamos “firmemente en que la creación de esta oficina provincial única como servicio común de justicia anejo al juzgado de guardia, en Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, evitará que vuelva a ser noticia la puesta en libertad, por falta de información o por error de identidad, de personas sujetas a medidas cautelares o de condenados pendientes de cumplimiento”.

“Este servicio judicial permitirá dotar de una mayor operatividad a las Unidades Adscritas de Policía Judicial a fin de obtener el máximo rendimiento de las distintas bases de datos informáticas de las Policías Judiciales en la tarea de comprobar la identidad de las personas comparecientes evitando errores y suplantaciones; permitirá localizar de forma inmediata las requisitorias y averiguaciones de domicilio de las personas sujetas a comparecencia judicial”, señala.

Asimismo, cree que este nuevo servicio “facilitará la inmediata celebración de las ruedas de reconocimiento para la instrucción de los denominados como juicios rápidos y el consiguiente acortamiento en la celebración del juicio oral”.

En esta línea, ha agradecido a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia; al consejero portavoz de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y al Jefe Superior de Policía “por su decisivo apoyo al proyecto”.

“Seguro que ambos compartirán conmigo la conveniencia de que la primera oficina de este nuevo servicio que se abrirá en los próximos meses en el juzgado de guardia de Bilbao, lleve el nombre de nuestro recordado alcalde Iñaki Azkuna porque fueron sus leales y constructivas críticas, efectuadas desde un sabio sentido de la seguridad ciudadana, las que nos comprometieron en esta tarea”, añade.