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Vecinos de José María Lidón denuncian que se pretende desahuciar a 31 familias con alquileres sociales
En un comunicado remitido por Sendia, los vecinos, tras denunciar la “falta de respuesta” de la viceconsejería de Vivienda para solucionar su problemática, han explicado que, tras llevar residiendo en dicha promoción de viviendas ocho años en el caso de la mayoría de los vecinos, a 31 de las 84 familias residentes en dichos portales les han comunicado por carta que han de dejar su vivienda.
En concreto, se alude, para ello, tres motivos, el desahucio por no disponer de recursos económicos a los vecinos que no pueden pagar la renta mensual; por no entregar toda la documentación requerida y por sobrepasar el límite de ingresos máximos fijados en su día y firmado en 33.100 euros, “cantidad que ningún vecino sobrepasa”.
Los vecinos han señalado que, cuando entraron a vivir en estas viviendas, de régimen especial y de alquiler social, adjudicadas por el Gobierno vasco, firmaron el contrato por cinco años, con prórroga de otros tres años más y, posteriormente, prorrogable de año en año y sin cambiar las condiciones del contrato de alquiler.
“Ahora, a los 8 años, nos quieren hacer firmar otros contratos nuevos, mucho más favorables a sus intereses económicos y mucho menos sociales”, han denunciado.
A modo de ejemplo, han apuntado que, “bastará no pagar la renta de un mes para vernos en la calle” y, además, “podrán ofrecer las viviendas al mejor postor”. Además, han denunciado que están subiendo, “de manera desproporcionada” las rentas más bajas, “castigando así a los vecinos y a las familias que disponen de menos recursos económicos, ya que para Alokabide son poco rentables”.
Por ello, han solicitado al Gobierno vasco una “solución” y que “paralice de inmediato” todo procedimiento de desahucio “hasta buscar una solución a cada uno de los casos”.
Asimismo, han reclamado que se renueve el contrato que firmaron hace ocho años, que se revise la renta de alquiler para conseguir que, en cada momento, refleje la realidad económica de cada vecino y su familia, que la renta de ningún vecino sobrepase el 30 por ciento de sus ingresos y que se establezca un criterio único en el precio de alquiler de las viviendas sociales, independientemente del régimen al que pertenezcan, basado en niveles de renta familiar y teniendo en cuenta la tipología familiar y los grupos de riesgo.
