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Vitoria retira su plan de privatizar seguridad y fichar policías interinos

Una patrulla de la Policía de Vitoria, en dirección contraria tras imponer una sanción de tráfico

Iker Rioja Andueza

Aunque según datos oficiales apenas un 10% de la plantilla de la Policía Local de Vitoria participa en la movilización, lo cierto es que las multas de tráfico a conductores, ciclistas y peatones impuestas en la capital vasca continúan muy por encima de la media, al igual que el enfado ciudadano. Las sanciones han llegado a ser hasta seis veces más que las habituales. En este escenario, este jueves los 'negociadores' del Ayuntamiento, el concejal de Seguridad, Carlos Zapatero, y el coordinador de Alcaldía, Iñaki Gurtubai, se han sentado por cuarta vez con los sindicatos del cuerpo para trasladarles una “nueva propuesta” que satisfaga las demandas laborales de la plantilla, que tienen su origen en la escasez de personal. Según las fuentes sindicales consultadas, la principal novedad es que el Gobierno local de PNV y PSE-EE retira su oferta más polémica para paliar de manera rápida la falta de efectivos: funcionarios interinos y seguridad privada.

El Ayuntamiento, en un comunicado, ha valorado el “clima de normalidad” y las “posiciones constructivas” de ambas partes, aunque no ha explicitado que ha retirado la posibilidad de contratar interinos y vigilantes privados para que cubran las vacantes en la plantilla. En teoría, la nueva plataforma será trasladada por escrito este viernes y se convocará una nueva reunión para escuchar la respuesta sindical. Entretanto, según ha informado 'Diario de Noticias de Álava', la plantilla votará en asamblea si continúa con la presión en forma de multas o si, por el contrario, se limita a extremar el celo informando a coches, bicicletas y paseantes del incumplimiento del reglamento de circulación.

El Gobierno local de PNV y PSE-EE insiste en su “compromiso” de convocar una segunda OPE en 2018 que se sume a las 32 plazas ya ofertadas en 2017. “Ayudarán a cubrir vacantes y, por lo tanto, a reducir la actual carga de trabajo a la que está haciendo frente a la plantilla”, indican desde el Ayuntamiento, que repite que el número de nuevos empleos es siempre el “máximo” que permite la normativa básica estatal de reposición de funcionarios.

Más problemático es el calendario interno de refuerzos de la Policía Local, que marca un buen número de días al año en los que se restringen los permisos “por necesidades de servicio” ('días en negrita'). El Ayuntamiento, según su comunicado, también tiene “disposición” para “negociar” el reglamento de refuerzos porque, alega, “existe margen de mejora”. Según la información sindical a la que ha tenido acceso eldiarionorte.es, el Departamento de Seguridad plantea, por ejemplo, el “abono de compensación en tiempo y dinero de los cambios voluntarios de turno del personal” para incentivar precisamente los refuerzos especiales.

El Ayuntamiento, según estas fuentes, también plantea “revisar grupos de trabajo”, turnos de modo que se puedan “reforzar” unidades críticas como las de Investigación o Violencia de Género. Zapatero y Gurtubai, eso sí, han retirado de la mesa su idea de incorporar policías interinos -algo inusual en este tipo de cuerpos- y privatizar algunas funciones de vigilancia al modo en que la Ertzaintza ha externalizado la seguridad de Arkaute, Lakua o su base central de Erandio.

Sobre este punto, el sindicato Sipla (Fepol) ha sido tajante: “Nos parece absurdo y lamentable. Se precarizan servicios y disminuyen la calidad de éstos además de privatizar algunos de ellos”. Esta central rechaza de plano abonar seguridad privada con dinero público. También Erne entiende que “se han eliminado ciertos condicionantes inadmisibles que impedían llegar a un acuerdo”.

En un comunicado de principios de semana, Sipla (Fepol) también denuncia la “caza de brujas” que, a su entender, padecen los agentes locales en la ciudad a raíz de que el alcalde, Gorka Urtaran, haya calificado de “abusiva” su actitud. “Lejos de apaciguar los ánimos y acercar posiciones, está consiguiendo soliviantar a la ciudadanía vitoriana contra su propio servicio de Policía provocando situaciones no deseadas en las que los ciudadanos de Vitoria-Gasteiz han llegado a insultar, calumniar e injuriar a agentes en el ejercicio de sus funciones”, sostiene esta central, que pone sobre la mesa la “hipocresía” del Ayuntamiento que tramita las multas y obtiene “más dinero para sus presupuestos” mientras “considera ilegal la actuación de los agentes”. Sería oportuno “que se remitan instrucciones concretas y escritas” para que los agentes sepan “cómo proceder en materia de tráfico”.

Erne, por su parte, valora que es “perentorio” no “vicitimizar” a los agentes “por la realización de su trabajo”. Reclama también que se “destierre” la apertura de expedientes a los agentes que han participado en la oleada de multas, como ha decidido ya el alcalde Urtaran.

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