La oposición reclama a Maroto que medie para que socorristas y monitores conserven sus condiciones laborales
La oposición en bloque sale en defensa de los socorristas y los monitores de los centros cívicos que han convocado huelga para el próximo lunes 6 de mayo si sus condiciones laborales no se respetan. PNV, PSE y Bildu reclaman al alcalde Javier Maroto que medie con las empresas adjudicatarias para que los monitores y socorristas de los centros cívicos no vean reducido su salario mientras se incrementa su jornada laboral. “Maroto no puede permanecer impasible y asegurar que apuesta por el empleo de calidad, mientras ese importante número de vitorianos corre serio peligro de ver reducido su salario en un 40% de promedio, así como empeorar su situación laboral con un incremento de 180 horas en su jornada anual”, han resaltado representantes de los tres partidos.
Esos cambios que pretenden incorporar las empresas Aiteko y Disport implicarían además, despedir a parte de la plantilla formada por 150 trabajadores, ya que sobraría personal.
El Convenio de Actividades Deportivas para Terceros de Álava finalizó su vigencia en el 2008. En octubre del 2012 la negociación para la renovación del convenio se activó y tomó un buen ritmo, hasta que en enero, coincidiendo con el inicio del proceso la nueva adjudicación de estos servicios, se bloqueó. Las empresas anunciaban que no iban a cumplir con los compromisos adoptados con la parte sindical dentro de la negociación.
Ante esta situación el colectivo de trabajadores convocó huelga indefinida, que de no haber cambios, iniciarán el próximo lunes 6 de mayo.
Por todo ello, los grupos de la oposición proponen para su debate y aprobación en el pleno que se celebrará mañana que el gobierno municipal se ponga en contacto con las empresas del sector, para que, de forma inmediata, inicien la negociación con los trabajadores y se comprometan a llegar a un acuerdo y se mantengan las condiciones laborales actuales de este colectivo. “El alcalde debe intervenir para que prosiga la negociación entre las empresas implicadas y los trabajadores, de forma que se mantenga el convenio colectivo provincial y se garanticen así las actuales condiciones laborales, frente a las vigentes en el Estado, que son sensiblemente peores”.
