“En dos años saldremos del túnel de las basuras en Gipuzkoa”

Las obras del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa, que incluye la incineradora, han comenzado  en terrenos de Zubieta, en San Sebastián. La instalación, que será construida y gestionada por la UTE liderada por Urbaser y las empresas guipuzcoanas LKS, Moyua, Murias, y Altuna y Uria, por el fondo francés Meridian Investments y por el tecnólogo alemán Steinmuller Babcock, estará finalizada y comenzará a funcionar en otoño de 2019.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha asegurado que “Gipuzkoa siempre ha tenido fama de que plantea debates infinitos que nos paralizan y hoy demostramos que Gipuzkoa avanza”. “La planta de Zubieta tiene un evidente carácter simbólico” en la medida en que “ha simbolizado la parálisis en el territorio”.

Con la puesta en marcha de esta infraestructuras, Olano considera que se responde a una doble petición de la ciudadanía. “Nos piden resolver la cuestión y no permanecer en el debate infinito, con ese mensaje y con esa misión entramos en la Diputación esta legislatura”, ha afirmado. Además, ha apuntado que la segunda petición ciudadana es que se haga “con los máximos requisitos medioambientales, desde el punto de vista de los parámetros del ahorro energético y de las emisiones”. “Hemos respondido a esas dos cuestiones poniendo en marcha una de las plantas de referencia a nivel mundial en esta materia”, ha añadido.

En esa línea, ha asegurado que los criterios a nivel medioambiental que la Diputación estableció a la hora de licitar el proyecto “van a ser cumplidos con creces”, al tiempo que ha subrayado que van a ser “muy transparentes en todo lo relacionado con esta planta”.

“Cuenta atrás”

Por su parte, el diputado de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ha recalcado la idea de que “comienza la cuenta atrás” para que “se haga realidad la solución que el territorio necesita para sus residuos”. “Dentro de dos años saldremos del oscuro túnel en el que estábamos inmersos y supondrá el fin definitivo de los vertederos”, ha destacado.

“Vamos a contar con un centro de vanguardia Gipuzkoa, económica y ambientalmente sostenible, al servicio de las necesidades de Gipuzkoa y con el control público del Consorcio de residuos y todo ello con una gestión de puertas abiertas y una política de transparencia, que ofrecerá información permanente acerca de sus procesos, de las emisiones y del cumplimiento de la normativa”, ha reiterado.

El complejo contará con una planta de tratamiento que recuperará (7%) los materiales reciclables que vengan mezclados con la basura. A continuación, los residuos pasarán a una planta de biosecado que reducirá su peso y su volumen y permitirá que la producción energética de la planta de valorización sea más eficiente. La energía generada será suficiente para cubrir las necesidades de 45.000 hogares.

Los residuos de la valorización energética serán también reciclados en una planta que se construirá a tal fin en la segunda fase. Por último, se contará con una planta de biometanización para producir energía a partir de la materia orgánica recogida selectivamente.

Emisiones

La instalación se ha dotado de un sistema de limpieza de gases en dos etapas “absolutamente innovador, que no dispone actualmente ninguna instalación en España y que está comenzando a instalarse en alguna planta del norte de Europa”. Tampoco habrá ningún vertido de aguas de proceso y la generación de residuos será mínima.

El sistema de depuración permite mejoras muy importantes en las emisiones, destacando una reducción del 70% de las emisiones de dioxinas que fija la normativa europea. En partículas totales, las emisiones del centro serán 15 veces menores que las que la normativa permite para una cementera, 10 veces menor que las autorizadas para la siderurgia o 75 menores que las aplicadas a la industria química.

La UTE deberá hacerse cargo de una inversión de 217 millones de euros para la construcción y puesta en marcha del CMG, con sus plantas de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) y de Valorización Energética (PVE). En el momento en que el complejo comience a funcionar, el contratista recibirá 24 millones anuales, cantidad que comprende los pagos por la inversión realizada y por la gestión de la instalación, lo que hace un total de 768 millones durante los 32 años de vigencia del contrato. Se crearán 80 puestos de trabajo directos y 100 indirectos.