Los astilleros advierten que esta decisión supone la quiebra del sector
El sector naval español vive el momento más crítico de su historia. Su futuro depende de una resolución de la Comisión Europea que prepara la Dirección de Competencia que depende del vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia. El pronunciamiento, que se espera para el 17 de julio, significará devolver las ayudas obtenidas durante la práctica totalidad del periodo de vigencia del antiguo sistema de financiación, conocido como ‘tax lease’.
Esta decisión supondrá la muerte de todo el sector naval privado, y con él la quiebra de los 19 astilleros y la pérdida del empleo para las 86.735 personas que dependen de esta industria en España, según ha señalado la patronal en una nota de prensa.
Álvaro Platero, presidente de PYMAR, la sociedad que agrupa a esos 19 pequeños y medianos astilleros, y Almudena López del Pozo, la consejera delegada, han ofrecido una rueda de prensa hoy en Madrid previa a la asamblea anual del sector naval español.
La resolución que prepara el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia obligará a devolver las ayudas desde 2005 a 2011, prácticamente su totalidad. En ese caso, se dirija contra quien se dirija, el resultado es el mismo: la defunción del sector naval español.
Almunia ha asegurado que, de obligar a la reversión de ese dinero, implicaría solo a los financiadores e inversores en la construcción de buques. Sin embargo, el comisario conoce perfectamente -dispone de toda la documentación- que el perjudicado final sería el astillero.
Una decisión negativa no solo implicará la devolución de miles de millones, sino que además se creará una inseguridad jurídica irreversible para el futuro. Los armadores buscarán otros países donde contratar sus buques y los inversores negarán el crédito y la financiación para contratar y seguir construyendo.
España tan solo reclama al comisario el mismo trato que ha dispensado a otros países como Francia donde, tras declarar ilegales las ayudas al sector naval, eximió a los astilleros de la devolución de los beneficios fiscales.
Por eso, PYMAR y sus astilleros piden a Almunia que no ceda en la guerra comercial contra el naval español en favor de Holanda. De lo contrario, supondrá el principio del fin de la construcción naval no solo en España sino en toda la UE, porque la guerra entre Estados no ha hecho más que empezar. El sistema holandés está también en fase de investigación. Los únicos beneficiarios de esta escalada de denuncias son los astilleros asiáticos de Corea y China.
Los astilleros piden también una posición común al Gobierno de España y al principal partido de la oposición, el PSOE. Les demandan que presionen ante la UE para propiciar un cambio de posición que no termine con una actividad industrial competitiva y tecnológicamente avanzada.
Pérdida de contratos
Desde que la CE abrió el expediente a España hasta ahora, los astilleros privados han perdido 50 buques debido a la inseguridad jurídica que se ha generado. A eso se suma la incertidumbre en el futuro cercano. La industria naval española está ofertando ahora 40 nuevos contratos, que llevaría asociada una facturación de casi 2.000 millones de euros. Sin embargo, están en riesgo de perderse.
Ni siquiera el hecho de que en noviembre de 2012 la CE aprobara el nuevo esquema de financiación de activos aplicable a buques ha permitido despejar la crítica situación. De hecho, no se ha contratado ni un solo barco con este nuevo sistema. El retraso en la decisión sobre el régimen anterior está impidiendo la firma de operaciones, a pesar de que la Administración haya realizado las modificaciones normativas necesarias.
La desaparición del sector de la construcción naval supondría un gasto en prestaciones por desempleo de más de 637 millones de euros, una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de casi 130 millones y una disminución en la recaudación por IRPF de 306 millones. Además, conllevaría una reducción de la recaudación por IVA y otros impuestos indirectos de más de 67 millones de euros, de la recaudación del Impuesto de Sociedades de casi 47 millones y de las aportaciones empresariales a la Seguridad Social por otros 519 millones. Por último, supondría un aumento del déficit comercial español de 669 millones de euros.
