La autoridad portuaria de Pasaia pide el archivo de la causa de corrupción
El presidente de la autoridad portuaria de Pasaia, Ricardo Peña, ha comunicado al consejo de administración de la infraestructura, reunido este martes, que los servicios jurídicos del puerto han solicitado al juzgado de San Sebastián el archivo de la causa abierta por presunta corrupción en la construcción de la lonja de pescado. La última auditoría, elaborado por Intemac, certificaría según el equipo de Peña que no se produjo ningún tipo de irregularidad más allá de los problemas administrativos que sí se admiten. Asimismo, la autoridad portuaria ha puesto sobre la mesa el archivo ya consumado de la causa paralela abierta en el Tribunal de Cuentas del Estado, a lo que hay que añadir que la Guardia Civil, en su informe tras la entrada y registro en Pasaia, ocurrida hace un año con agentes de la OCU, no ha extraído ninguna conclusión en este sentido.
Fue en abril de 2016 cuando la abogada del Estado en Euskadi, consejera de Pasaia y asesora jurídica del consejo de administración Macarena Olona, elevó el caso a la Fiscalía a título individual tras varias denuncias internas que apenas ha secundado el sindicato abertzale LAB. Olona, con varios informes bajo el brazo, sostuvo que existía un posible “desvío” de 4,9 millones de euros por unas obras que ni siquiera habían concluido y que corrían a cargo de FCC y Lurgoien. Se iniciaron en 2011, su final estaba previsto en 26 meses y hoy, más de un lustro después, continúan sin haber sido completadas. La fiscal guipuzcoana Mercedes Bautista presentó una denuncia ante el juzgado por posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, estafa, falsedad documental y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, lo que derivó en la operación de la UCO de la Guardia Civil.
En medio, el Tribunal de Cuentas inició también una causa por presunta responsabilidad contable de los gestores de Pasaia, pero apenas unos meses después quedó archivada. Durante este tiempo, el proceso penal ha sido una sucesión de informes poco concluyentes. El propio Peña ha aportado a la causa la última auditoría de Intemac, que tampoco constata la corrupción. Se da la circunstancia de que Intemac está implicada en una investigación por irregularidades en otro puerto del Estado, el de Barcelona, precisamente por un presunto desvío que autorizó y que benefició a FCC. En una decena de puertos españoles hay causas judiciales similares abiertas, generalmente siempre con la misma contratista.
Peña y su equipo, reiteradamente, han defendido siempre que los problemas de la lonja no pasan de cuestiones técnicas y administrativas. La solicitud de archivo se enmarca en esa estrategia de defensa, reforzada ahora con el documento de Intemac. En todo caso, el procedimiento depende de los peritos seleccionados por la juez (Intemac fue elegida por puertos del Estado), que deberán emitir su dictamen definitivo. De momento, eso sí, no se ha producido ninguna imputación en este caso.
