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Se plantan en Sabin Etxea contra los recortes para 2014

Colectivos sociales y familias vizcaínas se concentran junto a la sede del PNV en Bilbao bajo el lema ‘el paro y los recortes sociales son una mierda’.

Denuncian que el presupuesto del año que viene del Gobierno vasco volverá a ser insuficiente para cubrir las prestaciones de emergencia social.

Un baracaldés con un empleo precario relata cómo subsiste gracias a un complemento de la RGI mientras ve acercarse la fecha en la que se quedará sin ayuda.

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Protestan contra los recortes sentados en retretes frente a Sabin Etxea. /G. A.

Protestan contra los recortes sentados en retretes frente a Sabin Etxea. /G. A.

Familias afectadas por los recortes y colectivos sociales de Bizkaia se han concentrado hoy delante de Sabin Etxea, sede del PNV en Bilbao, para protestar contra el proyecto de presupuestos del año que viene. Bajo el lema ‘el paro y los recortes sociales son una mierda’ y sentados en paños menores sobre varios retretes, los activistas han denunciado que las cuentas de 2014 no serán suficientes para cubrir las prestaciones del Servicio vasco de empleo-Lanbide ni las ayudas de emergencia social. Por lo que han dado a entender, verse afectado por los tijeretazos es el mejor remedio contra el estreñimiento.

Y así se lo han hecho saber al partido gobernante con una protesta escatológica, que ha tenido que ser disuelta antes de tiempo por la intervención de la Ertzaintza. Sin embargo, antes de que la policía autonómica haya podido actuar, los manifestantes han tenido tiempo de explicar sus motivos. La principal razón para la concentración es que no creen que la dotación presupuestaria del año que viene sea suficiente para cubrir las ayudas de emergencia social. Este año se han destinado 17 millones euros para pagarlas y la partida se agotó en junio. Para el año que viene han previsto 20, una cantidad que a juicio de los colectivos sociales vizcaínos alcanzará para llegar hasta julio.

Asimismo, también ven insuficiente la cuantía dedicada a cubrir los servicios de apoyo de Lanbide, como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la prestación complementaria para personas que tengan un empleo precario o el complemento de pensiones. Desde su punto de vista, esto provoca que se mantenga el recorte del 7% en la cuantía de las ayudas establecido por el anterior gobierno y que cada vez se pongan mayores trabas a las personas que las solicitan.

Del mismo modo, han denunciado las “continuas campañas de criminalización sobre las personas perceptoras de las prestaciones sociales”. “Cuando el propio Gobierno vasco admite que de las 11.050 suspensiones que ha realizado Lanbide en 2012 y 2013 nueve de cada diez familias vuelven a cobrar la ayuda al aportar la documentación que se les requiere”, ha apuntado su portavoz, Miguel Ángel Miguel.

En su opinión, todos estos recortes están provocando que más de 400.000 vascos estén por debajo del umbral de la pobreza y que la tasa de riesgo de caer en ella en Euskadi haya aumentado un 21,15% desde el inicio de la crisis según los datos del Instituto Nacional de Estadística. O que 8.000 personas más hayan recurrido en 2013 al banco de alimentos de Bizkaia llegando hasta las 36.000, más del doble de los 17.000 usuarios que tenía antes de la crisis.

También han advertido de que en los próximos meses la situación se verá agravada por el endurecimiento de los requisitos para acceder a las ayudas de Lanbide, como el plazo máximo de tres años para las personas que reciben un complemento salarial por tener un empleo precario, la retirada de la RGI a familias monoparentales o la ampliación del tiempo de empadronamiento necesario para acceder a ella. Por estos motivos, en la actualidad hay casi 7.000 familias que tienen suspendido el derecho para recibir prestaciones y calculan que en los próximos meses las perderán otras 30.000.

“En una situación de crisis, cuando las prestaciones sociales son cada vez más necesarias, el Gobierno vasco hace un recorte drástico de las mismas”, ha censurado Miguel. “Además, vemos que la dotación presupuestaria del año que viene es insuficiente incluso para cubrir lo que queda”, ha añadido el portavoz. Los activistas reunidos hoy junto a las familias vizcaínas pertenecían a los colectivos sociales Argilan, Asamblea Abierta en Defensa de las Prestaciones Sociales, Berri-Otxoak, Danok Lan, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos, Renta Básica Universal Taldea y SOS Racismo.


Incertidumbre

Gorka García, baracaldés de algo más de treinta años, ha sido una de las personas que, afectada de lleno por los recortes y la precariedad laboral, ha participado en la protesta de hoy. Gorka trabaja como monitor en una de las contratas del Ayuntamiento de Berango y ve peligrar su puesto de trabajo día sí, día también debido a la cada vez más acusada escasez presupuestaria de los municipios vizcaínos.

Su contrato es de algo menos de media jornada por la que se embolsa 700 euros al mes. Un salario con el que tiene que cubrir la mitad de un “chollo” de alquiler de 650 euros que comparte con un amigo en Barakaldo y todas sus necesidades básicas. “Tenemos la suerte de que la pareja propietaria de la casa necesita hacer reformas y como los dos están en paro se han ido a vivir a casa de sus padres y han alquilado la suya para poder pagar las obras”, comenta Gorka. En febrero, sin embargo, su contrato de arrendamiento vence y no cree que pueda volver a encontrar otro inmueble tan barato.

Actualmente completa sus ingresos con un complemento salarial que le da Lanbide por tener un empleo precario. Son 250 euros que le han sacado de más de un apuro. “Pero le han puesto una caducidad de 3 años y tampoco me queda mucho más tiempo”, se lamenta el joven baracaldés. A partir de ese momento la incertidumbre en su vida será total y eso si consigue mantener su actual empleo.

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