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El coste de no hacer la incineradora se eleva a más de 13 millones

Alberto Uriona

No construir la incineradora de Gipuzkoa costará más de los 8 millones anunciados, según la oposición. Si ayer el PNV ya apuntó una cifra en torno a los 13 millones, el portavoz del PSE Denis Itxaso ha concretado la cantidad en 13,2: los casi 8,2 millones del acuerdo anunciado este miércoles por EHBildu con las constructoras y otros 5 millones que “también han pactado” y que se han ocultado, según Itxaso.

“Bildu no dio las verdaderas cifras”, ha afirmado al asegurar que ambas partes han acordado finiquitar también una serie de gastos realizados, entre los que está la redacción del proyecto, que suman los cinco millones. El secretario de Medio Ambiente del PSE guipuzcoano ha asegurado que en el coste total de paralizar la infraestructura hay que incluir igualmente otros 2,5 millones abonados hasta ahora por los créditos contraídos para financiar la incineradora, que “han ido corriendo mes a mes aunque la infraestructura no se construía”.

Itxaso ha asegurado que la cobertura de estos préstamos, que se dejó de pagar hace unos meses porque el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa “se declaró en rebeldía con los bancos”, asciende a 24 millones de euros durante una vigencia de 25 años, un tema ahora en los tribunales y que “habrá que ver cuánto se acaba pagando”.

Sobre la culpabilidad de lo ocurrido, ha señalado al PNV, el impulsor del proyecto en la pasada legislatura, de ser “tan responsable o más que Bildu de lo que está pasando”. Considera que los peneuvistas muestran una “doble cara” al censurar el acuerdo de la indemnización pero “permitiendo que todo esto pase. Sólo ven el final de la legislatura. Que Gipuzkoa se hunda, ya vendrán luego ellos a salvarla”.

EH Bildu, que también ha valorado el acuerdo, ha destacado que ha “cumplido” su palabra con la “desaparición” del proyecto de construcción de la incineradora. Su portavoz Iñaki Ostolaza ha recordado que “la no construcción de esa planta y el impulso de una nueva política de recogida y gestión de residuos urbanos” fueron dos de sus compromisos al presentarse a las elecciones locales y forales de 2011. Por ello, la anulación del contrato con el pago de la indemnización supone “la victoria de todas las personas que han trabajado por detener el proyecto de la incineradora”.

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