“La criminalización de la protesta se combate con más movimiento social”
Los movimientos sociales que luchan por contrarrestar el incremento de las desigualdades y de la exclusión toman a diario las calles de las ciudades para alzar su voz contra el desmantelamiento de lo público, los recortes de servicios y su privatización. Se trata, según exponen los expertos participantes en el XVII Congreso Anual de Política Social celebrado en la Facultad de Letras de la UPV-EHU en Vitoria, de instrumentos imprescindibles de cambio que permitirán a la larga que se produzcan transformaciones legislativas reales necesarias para minimizar en lo posible las situaciones de exclusión.
El actual Gobierno para neutralizar estas formas de interacción social, muy críticas con sus políticas y que ponen en duda el sistema neoliberal y apuestan por otras alternativas de funcionamiento de lo público, ha encontrado en una de sus principales herramientas de trabajo, la protesta, la justificación oportuna para atacar a su adversario, según han trasladado los participantes en la jornada organizada por la Escuela de Trabajo Social. “Antes los derechos sociales servían para otorgar legitimidad al poder político, pero ese espacio se ha reducido. El estado ya no es garante así que ahora se ocupa y preocupa de proporcionarnos seguridad. Y traslada a la opinión pública que este tipo de movimientos ponen en riesgo nuestra integridad. Refuerzan este argumento para mantener así la legitimidad del poder que van perdiendo”, explica Amaia Inza, doctora en Ciencia Política y Profesora en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la UPV-EHU. La criminalización de la protesta trata al mismo tiempo, según relata la autora del libro “El secuestro neoliberal del bienestar ¿Es factible la justicia social?”, de maniatar a estos movimientos y frenarles en su intento de vertebrar una alternativa creíble al sistema vigente.
Para combatir esa “persecución” los ponentes proponen que los activistas y la ciudadanía en general ejerzan con mayor ahínco y frecuencia sus derechos fundamentales. Sostienen que una mayor y continuada presencia en las calles es un eficaz mecanismo de respuesta a este hostigamiento que denuncian. “La única forma de revertir esta situación es ejerciendo más los derechos fundamentales. Cuanto más gente los ejercite, más dificultades se les ponen para seleccionar a cuatro o cinco que paguen el pato”, afirma Pedro Santiesteve, Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza y miembro fundador de la asociación aragonesa ASAPA de apoyo jurídico y social a personas detenidas y presas. El experto opina que la Reforma del código penal ante este tipo de delitos relativos a las protestas rompe el equilibrio entre el derecho de autoridad y los derechos fundamentales de libertad, seguridad, reunión, manifestación, libertad de expresión y libre comunicación de las ideas. “Cuanto más emerge ese principio de autoridad anclado en visiones incluso despóticas que nos retrotraen a otros tiempos más se vulneran los derechos fundamentales”.
El populismo punitivo
El profesor advierte que el concepto de peligrosidad social y la penetración de la moral “contaminan” cada vez más el derecho penal. “Se olvida un derecho penal que debe atender única y exclusivamente a la materialidad de la acción y a la lesividad del hecho, es decir, cuál es el daño producido y cuál es la acción que ha producido ese daño. Eso es lo que es perseguible en derecho penal. Nadie puede o debe ser condenado un estado democrático por lo que piensa o por su condición moral. Es un el derecho penal de autor que incrimina la interioridad, la identidad del sujeto...son estatus subjetivos directamente incriminables, es un esquema punitivo que al no está anclado a la comprobación empírica de acciones criminales subvierte valores constitucionales. No se puede comprobar si existe un riesgo en la persona de comisión futura de delitos de mayor gravedad o no se pueden deslindar conceptos como no participa, pero incita o el tiempo de pena cumplido, un argumento que utiliza un juez de vigilancia penitenciaria, no supone una suficiente intimidación que disuada al sujeto de cometer en el fututo nuevos delitos esto es moralina pura y duro, el que lo hace la paga y no vale con una pena y una exclusión social y un cumplimiento en la cárcel, tiene que haber un algo más”.
Santiesteve sitúa esta nueva estrategia del poder en lo que los teóricos denominan populismo punitivo. “La clase política percibe que las reformas penales pueden dar votos. Y difundiendo además esos criterios de tolerancia cero consiguen a la vez neutralizar esas formas emergentes de interacción social porque generan desconfianza hacia ellas. Rompen la comunidad desde dentro porque la comunidad es precisamente lo que socava el capitalismo”. Ambos expertos han puesto en valor el papel de la comunidad, que no sociedad, como elemento tractor de cambio y los activista y trabajadores sociales deben ser forjadores de comunidad para facilitar los procesos transformadores.
