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'Itinerario institucional' para evitar desahucios

Aitor Guenaga

Bilbao —

Las instituciones han decidido dar un paso al frente para actuar de manera conjunta ante los casi cinco desahucios que se producen en el País Vasco al día. Y lo han hecho para atajar los casos de personas de especial vulnerabilidad y en riesgo de ser lanzadas de sus domicilios habitules por impago del alquiler o de la hipoteca. El Gobierno vasco, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) firmaron ayer un convenio para posibilitar que las instituciones, dentro de sus competencias, adopten medidas de carácter social que pongan freno a este drama.

El objetivo es detectar cuanto antes -bien por los servicios sociales de las administraciones o bien por los jueces cuando la causa está judicializada- los casos de especial vulnerabilidad y evitar el desahucio o, en su caso, que estas personas que están atenazadas por la quiebra social se queden en la calle.

Cada institución se compromete en el convenio a facilitar que esa labor coordinada evite finalmente los desahucios de las viviendas habituales. El CGPJ pondrá a disposición de los juzgados información sobre la organización, funcionamiento y competencias de los servicios sociales y trasladará los ayuntamientos los datos no confidenciales relativos a las personas que se encuentren en riesgo de exclusión social. El Ejecutivo adjudicará de manera directa las viviendas de protección oficial a personas en riesgo de perder su vivienda habitual. Además, pondrá a disposición de las personas que lo demanden el servicio de mediación hipotecaria creado por el gobierno socialista en la anterior legislatura, la asistencia jurídica gratuita o las ayudas de emergencia.

Servicios sociales

La tercera pata de este convenio interistitucional es la red de servicios sociales de los ayuntamientos. Eudel se compromete a que los consistorios den una tramitación urgente a las solicitudes remitidas por los juzgados y comuniquen la resolución que ponga fin al expediente. Los servicios sociales municipales valorarán las circunstancias concretas en colaboración con los servicios sociales de la Viceconsejería de Vivienda y/o de la Dirección de Servicios Sociales del Gobierno vasco.

Los consejeros vascos de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, la vocal del CGPJ Margarita Uria y la presidenta de la Asociación de Municipios Vascos (EUDEL), Ibone Bengoetxea, firmaron ayer el convenio en la sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en un acto presidido por Juan Luis Ibarra, y al que han acudido, entre otros, los jueces decanos del País Vasco, el Fiscal Superior de País Vasco, Juan Calparsoro, y varias viceconsejeras del Ejecutivo vasco. Aburto ha valorado este pacto como un paso “imprescindible para acercar la administración a los problemas reales de las personas, buscando soluciones a situaciones excepcionales”. Aburto ha animado a los afectados a no encerrarse en sí mismos y a hablar con los servicios sociales.

Los desahucios han aumentado en Euskadi un 12,3% en 2012 respecto al año anterior. De esta forma, han sido 1.724 los inmuebles desalojados en Euskadi el pasado año, frente a los 1.535 del pasado año. Del total de 1.724 lanzamientos que se han producido el año pasado en Euskadi, el territorio más afectado ha sido el de Bizkaia, con 1.000 desahucios, frente a los 423 contabilizados en Álava y los 301 de Gipuzkoa. En los cinco desahucios que se producen al día están incluidos toda la tipología de lanzamientos: viviendas habituales, segundas residencias, lonjas, etc.

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