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Un año y medio después, sigue sin publicarse la lista de bancos morosos con las comunidades de vecinos

El parlamentario socialista Bixen Itxaso durante un pleno en el Parlamento vasco.

Eduardo Azumendi

Las haciendas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa acaban de anunciar que publicarán en 2016 la lista de morosos con deudas superiores a un millón de euros con el fin de combatir el fraude fiscal en Euskadi. El 10 de abril de 2014, el Parlamento vasco ordenó al Gobierno de Vitoria publicar la lista de los bancos dueños de pisos frutos de los desahucios que no pagan su cuota correspondiente a las comunidades de vecinos. Un año y medio después, esa lista sigue ‘escondida’ en algún cajón porque el Gobierno vasco no ha publicado nada. Son dos raseros de medir a los morosos y en uno de ellos los bancos resultan mucho mejor parados.

El listado que reclama el Parlamento debe identificar a los bancos deudores con su nombre e incluir el importe global de las deudas o sanciones que tienen pendientes de pago. Tanto el PNV como el PP votaron en contra de la proposición no de ley impulsada por el PSE. En esa proposición, también se solicitaba al Gobierno vasco que articule un plan para atender la desprotección legal y las situaciones de necesidad.

En el año 2012 los bancos debían a las comunidades de propietarios 12 millones de euros, un 17% del total de la deuda contabilizada por estas comunidades, según un informe del Observatorio Vasco de Vivienda. “El hecho de que los bancos no paguen las cuotas que les corresponden a las comunidades de propietarios deja a estas en una situación delicada para afrontar los gastos ordinarios y los de mejora o rehabilitación”, recalca Bixen Itxaso, parlamentario del PSE que impulsó esta iniciativa en abril de 2014 y que ahora, ante la inacción del Gobierno, requiere al lehendakari que fuerce la publicación de la lista.

Itxaso recalca que no se trata de morosidad por insolvencia sobrevenida, sino que es morosidad consciente, “partiendo de la posición dominante que ejercen los bancos para explotar una situación de ventaja”. El parlamentario tiene claro que los bancos no van a pagar “si no es en presencia de sus abogados”. “Y las tasas judiciales”, añade, “impiden a muchas comunidades reclamar en los juzgados esas cantidades. Por eso, si no hay capacidad para litigar por parte de la comunidad, el banco sale de rositas. Las comunidades de propietarios sean considerados como consumidores finales, de forma que no se le apliquen las tasas judiciales en los procesos de recuperación de impagos.

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