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“Si las empresas de los comedores no compiten, la calidad de los menús no mejora”

La presidenta de la Agencia Vasca de la Competencia, Pilar Canedo.

Eduardo Azumendi

“Hay que tener claro que cuando las empresas se ponen de acuerdo para hacer algo solo es para su propio beneficio”. Pilar Canedo, presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), enfatiza que la competencia entre las empresas sirve para mejorar todo, desde la calidad del producto hasta el precio. En el caso del cártel de los comedores escolares, que se ha saldado con una multa de 18 millones de euros a ocho empresas, Canedo destaca la idea de que “si hay un reparto y cada empresa sabe lo que se va a llevar porque tiene una concertación con el resto carece de ese incentivo para mejorar los menús. Porque la mejora se traduce en precios, innovación, calidad, rapidez, en logística…..”. Doctora en Derecho por la Universidad de Deusto, especialista en Derecho de la Competencia y profesora de Derecho Internacional Privado, Canedo considera que el Gobierno vasco no ha influido en la concertación del mercado de los comedores escolares, pero advierte de que lo ocurrido debe ser un toque de atención para cambiar la manera de funcionar a la hora de las licitaciones y tener en cuenta el ámbito de la competencia.

¿Cómo es posible que durante 10 años se pudiera dar este amaño en la gestión de los comedores escolares y el Gobierno vasco no se diera cuenta?

La sensibilidad que se tiene sobre la contratación pública y la competencia ha surgido hace poco tiempo. Y eso es así en todo el mundo. Hace 15 años la OCDE publicó las primeras directrices de la relevancia que tenía la competencia en la contratación pública porque a nivel internacional se empezó a verificar que se daban prácticas de entendimiento de empresas. Lo que hay que valorar es que se paralicen estas prácticas y no permitir que vuelva a ocurrir porque generan mucha desventaja en el interés general.

¿Este cártel de los comedores ha podido contar con algún tipo de connivencia o complacencia del Gobierno?

La Autoridad Vasca de la Competencia lleva expedientes sancionadores, no trabaja con conjeturas. Lo que considera probado se pone en el expediente y no hay problema en incluir a la administración si se considera probado que ha tenido algún tipo de responsabilidad. En el caso de los comedores, no hemos considerado acreditado que el Gobierno vasco influyera.

Parece que en los concursos públicos las empresas tienden a repartirse el pastel en lugar de ir a competir. ¿Cómo ha influido esto en la calidad de los menús que se ofrecían en los comedores?

La competencia genera incentivo a la mejora en todo, en la calidad y en el precio. Es cierto que los menús están muy tasados en cuanto a las condiciones que deben reunir. Cuando las empresas tienen que llevarse un lote hacen ofertas atractivas en todo, pero si hay un reparto y cada una sabe lo que se va a llevar porque tiene una concertación con el resto de empresas carece de ese incentivo para mejorar. Y la mejora se traduce en precios, innovación, calidad, rapidez, en logística…..

El Departamento de Educación garantiza que la existencia de un cártel no ha repercutido en el precio que han tenido que pagar las familias. ¿Es cierto?

Lo que es cierto es que la Administración fija un precio estable por menú cada año. Paga un 35% y el 65% corre a cargo de cada familia. Lo que es razonable pensar es que cuando el precio se eleva, el precio fijo que establece la Administración también será más alto. Aunque no haya una repercusión de un porcentaje fijo, entiendo que si el precio sube la Administración lo repercute a las familias.

Es decir, que ¿el amaño sí que ha repercutido en el precio que han debido pagar las familias?

La respuesta exacta la tiene el Gobierno que es el que ha fijado el precio a las familias. Hablo de manera general: los presupuestos que ha supuesto cada uno de los lotes y el dinero que el Gobierno dedica. Si el precio hubiese sido más bajo, la repercusión sobre lo que pagan las familias también hubiera sido más baja.

Si esto ocurre en un ámbito controlado por la Administración, el temor del consumidor final es que se puede producir en cualquier ámbito.

La sociedad debe ser consciente de que cuando las empresas se ponen de acuerdo los que salen perjudicados son los usuarios de los servicios. Hay una cierta tendencia a pensar que cuando sale algo en lo que todos los operadores están de acuerdo debe ser porque tiene que ser así, pero eso solo beneficia a las empresas. Y sucede en todos los ámbitos de la competencia. Cuando hay competencia libre en un mercado siempre sale beneficiado el más débil de la cadena, es decir, el consumidor. Los ciudadanos deben exigir de las instituciones que saquen a la luz las disfunciones porque las empresas tienen grandes equipos de comunicación que alardean de sus ventajas y lo bien que lo hacen. Hay que tener claro que cuando las empresas se ponen de acuerdo para hacer algo solo es para su propio beneficio.

Pero el primero en concienciarse, por ejemplo en el caso de los comedores escolares, tendría que ser el propio Gobierno vasco.

Completamente de acuerdo. Hay una cuestión evidente: la directiva de contratación que estuvo vigente hasta hace poco tiempo la palabra competencia aparecía en el artículo 1. El año pasado se aprobó una nueva normativa, que todavía no se ha traspuesto a nuestro sistema, en el que se habla 43 veces de competencia. Es una tendencia mundial la relevancia que tiene la aplicación de las normas de competencia en la contratación pública. La Administración es muy grande, es inflexible y la contratación pública tiene que hacerse de una manera muy formal. Eso tiene ventajas e inconvenientes, que son no fijarse en que se produzca la libre competencia. Hay que conseguir que las instituciones y la Autoridad de Competencia trabajemos de la mano para evitar que las empresas alteren la contratación. Hay muchas veces que las empresas se ponen de acuerdo para repartirse lotes de diferentes administraciones y la única manera de detectarlo es trabajar de la mano.

A la vista de lo ocurrido con el cártel de los comedores, ¿el Gobierno vasco ha sido suficientemente celoso para propiciar esa libre competencia o directamente ha pasado?

No ha considerado que había que mirar con lupa una situación en la que se iban reiterando empresas a lo largo de los años. Desde la perspectiva de contratación no produce pegas, pero desde la normativa de competencia se encienden las alarmas rápidamente. Hay instrucciones a las administraciones para evitar que se produzcan casos como el de los comedores. Es preciso analizar la contratación pública desde una perspectiva que a la Administración aún le resulta novedosa.

Durante 10 años las mismas empresas se han repartido el mercado y solo cuando ha intentado entrar otra y no le han dejado se ha descubierto el entramado.

Las administraciones están acostumbradas a verificar que se cumple todo lo relacionado con la contratación, que también es algo relativamente nuevo. Se están produciendo cambios normativos que generan ventajas para los usuarios, pero son recientes y las instituciones estaban acostumbradas a otro modelo.

A partir de ahora, el Gobierno vasco debería consultar con la Autoridad Vasca de la Competencia a la hora de licitar.

Sería lo óptimo porque todo es dinero público y no se puede perder. Las instituciones tienen que ser garantistas en la contratación, pero también eficientes. El último contrato que salió para los comedores tuvimos contactos informales con el Ejecutivo y aceptaron algunas de nuestras recomendaciones para modificar los pliegos. Hasta ahora había un cierto desconocimiento de nuestra labor, algo que se va superando.

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