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Los escándalos urbanísticos en Aia: prevaricación y delitos contra el territorio

El primer caso fue el de la construcción de una casoplón de 11 habitaciones y 11 baños por la familia de una concejal del PNV de Zarautz

La Justicia investiga ya a este pequeño municipio de 2.000 habitantes por delitos de prevaricación, ordenación del territorio y contra el patrimonio

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Imagen del chalet.

Imagen del chalet.

Aia, un pequeño municipio guipuzcoano de 2.000 habitantes situado entre Zarautz y Orio, tiene el dudoso honor de ser investigado por los tribunales por presuntos delitos en dos casos urbanísticos. Primero fue la construcción de un casoplón de 11 habitaciones y 11 baños de la familia de una concejal del PNV de Zarautz que incumple la ley según el Ararteko y, desde febrero, la Fiscalía de Gipuzkoa investiga un delito de malversación del Ayuntamiento  debido a la permuta de un edificio municipal con una constructora sin informes técnicos económicos que valoraran la información y sin informar a la Diputación, como exige la ley.

Como en muchos municipios vascos de pequeño tamaño, Aia es gobernado con mayoría absoluta por los peneuvistas (7 ediles frente a 4 de EH Bildu) "y se ha acostumbrado a gestionar y tomar decisiones sin contar con nadie", señalan en la oposición municipal. Pero en el último año, los tribunales han empezado a acorralar la gestión del consistorio.

Primero fue el polémico palacete de la familia Garrastazu, construido sobre el acantilado entre Orio y Zarautz a partir de un caserío en ruinas, pero cambiando su ubicación se duplicó  la superficie y se construyó en un área rural de especial protección y en un corredor ecológico, donde habita una pareja de halcones peregrino. Todo ello con un informe contrario del Ararteko que ha concluido que, al tratarse de un suelo no urbanizable de especial protección, “solo cabe autorizar las obras de reconstrucción de caseríos existentes” en casos excepcionales y la ley de suelo “no permite el cambio de ubicación”.

Hasta tres juzgados diferentes investigan en estos momentos este proyecto por tres diferentes delitos: prevaricación, contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio. Las últimas diligencias se abrieron en marzo por parte del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia debido a las obras de urbanización de acceso al palacete acometidas sin licencia, como ha reconocido el propio ayuntamiento de Aia. La juez ha remitido además el caso a la Fiscalía de Gipuzkoa para que intervenga.

En esta nueva investigación, los denunciados son dos hermanas de la familia Garrastazu (quienes pidieron las licencias de obras de acceso), la alcaldesa y el anterior alcalde así como el secretario, el arquitecto y el aparejador municipales, que han avalado con sus informes las obras del casoplón.

Vista aérea.

Vista aérea.

En este caso igualmente hay un  informe “fantasma” de la Ertzaintza: el área de Medio Ambiente de la Policía Autónoma pidió hace un año al juzgado que el Instituto de Geología y Minas de España elaborase un estudio detallado del área donde se ubica el casoplón; otro informe sobre sonometría (el ruido y el riesgo de deslizamiento han sido los motivos esgrimidos por la familia Garrastazu para justificar el cambio de ubicación); una medición exacta de la edificabilidad y volumetría del palacete (casi duplica la superficie construida: 567 metros cuadrados frente a los 309 del antiguo caserío, y la planta del palacete es 2,5 veces mayor: 469 metros cuadrados frente a 183); y la toma de declaración del aparejador municipal de Aia, quien concedió la primera licencia de rehabilitación. No ha habido ninguna respuesta.

Bajo la lupa judicial

Ahora está bajo la lupa judicial una cuestionada permuta de patrimonio municipal. Se trata de un edificio del Ayuntamiento de Aia por el que una constructora ha pagado un precio ínfimo: 226.000 euros por un edificio de dos plantas construibles que será derribado para futuras viviendas.

Son dos enajenaciones: la construcción de la nueva escuela y un supermercado para una cooperativa de Aia y un edificio en el que se emplazaba el supermercado, cuyos dueños son dicha cooperativa. En la operación aprobada por el ayuntamiento, la constructora Murias edifica la nueva escuela y el supermercado. En contrapartida, el consistorio cede su edificio de dos plantas a Murias, que se encarga del derribo y la edificación de un nuevo inmueble en el que albergará viviendas.

Este caso fue denunciado en enero por el grupo municipal de EH Bildu de Aia, en cuya demanda se recoge la falta de un proceso de adjudicación de la enajenación del edificio que se vende a la constructora ni una valoración técnica-económica del nuevo local construido para la escuela y el supermercado. El propio secretario municipal de Aia reconoce, según aparece en la demanda, que no existe ninguna valoración en una reunión celebrada en agosto. Posteriormente, el pasado 6 de octubre la alcaldesa de Aia, Nekane Arrizabalaga (PNV), aporta una valoración técnica pero sin firma ni datos de su procedencia.

La operación no se ha comunicado a la Diputación de Gipuzkoa, en contra de lo que regula, en su artículo 109,  el reglamento de bienes de las entidades locales de 1986.

El Ayuntamiento de Aia apenas ha aportado información de este caso. Sólo consta una comunicación escrita, en noviembre pasado, en la que la alcaldesa afirma que la valoración económica no la ha realizado ningún perito sino los “servicios jurídicos y económicos” del Consistorio, algo inusual en este tipo de informes.

Aumento de edificabilidad

A todo ello se une el aumento de edificabilidad aprobado en marzo por el Ayuntamiento de Aia, únicamente con los votos del PNV. Hasta entonces, las normas urbanísticas prohibían edificar un nuevo piso bajo cubierta de forma independiente. Desde marzo, se ha eliminado esa limitación, que beneficia claramente en la operación de permuta a la constructora Murias. El cambio fue solicitado por la propia empresa al consistorio, según han reconocido en privado fuentes municipales. EH Bildu considera que se beneficia el  “el interés particular” de la constructora pero la alcaldesa aseveró, en el pleno de marzo que aprobó la modificación, que ese cambio de edificabilidad se tramitó porque hubo  más peticiones de vecinos.

La Junta de la cooperativa, que agrupa a más de 200 socios, ha defendido la actuación municipal y señala que el precio pagado está por debajo "del valor asignado" por parte de la Hacienda Foral de Gipuzkoa. Afirma que el inmueble cedido a la constructora estaba "en situación de precariedad", por lo que solicitaron ayuda al Ayuntamiento. "De operación sospechosa nada de nada, más bien tabla de salvación", argumenta la Junta.

Mientras, la Fiscalía ha pedido al Ayuntamiento de Aia la copia completa del expediente administrativo de esta operación urbanística así como un informe escrito de valor del edificio enajenado y cómo se determinó dicho valor. 

La actuación de la Fiscalía ha retrasado, al parecer, el derribo del edificio, previsto para esta primavera y ahora el consistorio baraja la concesión de la licencia de demolición para septiembre.

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