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Los forenses denuncian que su transferencia a Euskadi ha sido un "fracaso" por la mala gestión del Gobierno

Representantes del Instituto Vasco de Medicina legal denuncian la "grave crisis de funcionamiento" que sufre esta institución y la "pasividad" del consejero de Administración de Justicia, Josu Erkoreka

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Los médicos forenses vascos denuncian que la mala gestión del Gobierno vasco ha supuesto un "absoluto retroceso y un fracaso" en la aplicación de la transferencia  de esta competencia a Euskadi en 1996 y de la creación del Instituto Vasco de Medicina Legal en 2002, que constituyó "un hito" en España.

Un grupo de la plantilla del Instituto Vasco de Medicina legal ha difundido un comunicado en el que denuncia la "grave crisis de funcionamiento" que sufre esta institución y la "pasividad" del consejero de Administración de Justicia, Josu Erkoreka. Bajo el título 'Médicos forenses, en Euskadi, todo mentira", el colectivo recuerda que en Euskadi los médicos forenses son un pequeño grupo de unos 50 profesionales, dentro de un colectivo de 2.246 funcionarios de Justicia, y que la creación del Instituto Vasco de Medicina Legal, se convirtió "en un referente de organización y gestión de medios humanos y materiales para el resto" de institutos forenses de España. 

Los forenses advierten en su comunicado de que a pesar de que en la Memoria de 2014 de este instituto "fue mostrada en plena campaña electoral como un modelo de funcionamiento y de eficacia institucional", la realidad es que "el fracaso en la gestión" ha supuesto "una desmotivación del colectivo médico".

Así mismo, los médicos advierten de que en la primera década de andadura "aquel Instituto Vasco  resultó puntero" pero "por su nefasta gestión y la ausencia de un plan de mantenimiento y formación continua", se ha ido convirtiendo "en un órgano obsoleto, sin planes realistas de futuro", añaden.

Por otro lado, el colectivo denuncia "la sucesiva exclusión" de los forenses de las mesas de negociación con las organizaciones sindicales, lo que les ha convertido en el "único cuerpo de Justicia cuya transferencia al Gobierno vasco no ha supuesto ningún tipo de mejoría retributiva ni de condiciones laborales".

"Muy al contrario, las condiciones tanto de formación continuada, nivel retributivo como de derechos laborales han resultado desfavorables en comparación con la situación en la que se encuentran nuestros compañeros del resto del Estado, algo sorprendente dada la envidiable situación de Euskadi de la que hacen gala nuestros responsables políticos", afirman.

Por ello,denuncian que el Gobierno vasco "realmente no puede o no desea asumir con la debida responsabilidad la transferencia de los médicos forenses que hace casi veinte años recibió aparentemente con júbilo" y dicen tener "serias dudas" sobre si este Departamento de Justicia se encuentra "capacitado para asumir competencias de gestión de este tipo de personal".

En este sentido, se refieren a que Erkoreka reclamara en septiembre al ministro de Justicia, Rafael Catalá, la transferencia a Euskadi del cuerpo de secretarios judiciales cuando aún mantiene "sin resolver" el conflicto con la plantilla de forenses que "conoce de primera mano" y del que han recibido el "silencio por respuesta".

Asimismo, este colectivo de médicos forenses dice compartir una reciente encuesta del Consejo General del Poder Judicial que se señalaba que el 68 % de los jueces y magistrados españoles decía que la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de las comunidades autónomas no ha sido beneficiosa para la Administración de Justicia.

"La situación actual de este Instituto Vasco de Medicina Legal es tan insostenible que incluso los propios cargos de confianza nombrados en él por el Departamento del Gobierno Vasco la han calificado recientemente como de 'absoluto retroceso'", subrayan.

La comunicación "no existe, los problemas no se arreglan y como tal nuestra función cae en un vacío efectivo difícilmente entendible en el día día", una situación que, advierten, les afecta a ellos pero también "a la calidad de la Justicia y a la calidad de la atención a los ciudadanos".

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