El Gobierno admite el impacto presupuestario si se reconocen los días de antigüedad a “miles de funcionarios”
La vista oral vivida este vienes en Bilbao por los recursos contras los recortes del presidente Mariano Rajoy de 2012 ha revelado varias cosas. La más importante es que el Gobierno vasco es consciente del problema presupuestario que se le viene encima si, como parece, sigue perdiendo los juicios relacionados con los días de antigüedad recortados por la aplicación del 'decretazo de Rajoy' de julio de 2012. Y, además, que hay una magistrada en Euskadi que considera que algunos de los recortes aplicados por el Gobierno vasco en la Función Pública en materia de días de antigüedad y otros beneficios reconocidos a los funcionarios en los convenios colectivos por orden de Rajoy están afectando al eslabón más débil. “Al final la parte más perjudicada, la mas débil”, ha concluído la jueza en la vista oral, lo que parece avanzar otro bloque de sentencias condenatorias contra la Administración vasca.
En la vista celebrada en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Bilbao, la letrada del Ejecutivo vasco Idoia Zapirain ha admitido ante la magistrada que si sigue fallando en contra del Gobierno -ya lo ha hecho en varias sentencias- deberán “compensar económicamente las miles de reclamaciones, con el consiguiente perjuicio para las haciendas públicas”. Este jueves se han visto 112 asuntos que implican a 1.120 agentes de la Ertzaintza. Lo que traducido en dinero, según la estimación realizada por el sindicato recurrente Erne, mayoritario en la policía vasca, serían unos 900.000 euros por las 36.000 horas que se deberían pagar. Y hay más recursos pendientes, en la policía vasca, pero también en Osakidetza. En la vista estaban presentes representantes del sindicato de enfermería SATSE, que ha anunciado ya otros 1.500 casos.
Aunque las causas son individuales -esto es, que las sentencias no se extienden de manera automática al resto de funcionarios- el Gobierno podría decidir llevar el tema a la Mesa General de la Función Pública e incluirlo en la negociación, si siguen perdiendo casos en los tribunales. Preguntado por este asunto, el portavoz Josu Erkoreka simplemente ha dicho que tendrán que estudiar la respuesta a dar por parte del Ejecutivo.
De unos 42.000 empleados publicos -sin contar Osakidetza, que es un ente público de derecho privado- el número total de funcionarios que pueden beneficiarse de estas resoluciones judiciales son 23.757. Por sectores dependientes de la Función Pública del Ejecutivo vasco, los empleados públicos se reparten de esta manera: Educación (13.139 trabajadores), Administración general (4.344 trabajadores), Seguridad (6.202), Justicia (72). En total, 23.757 empleados públicos, según datos oficiales facilitados por Función Pública. A este número hay que sumar los trabajadores de Osakidetza -que cuenta con una plantilla estructural de 25.807- que tienen más de 18 años de antiguedad: en total 17.289. Es decir, que el cómputo total es de 41.046 empleados. No hay una estimación presupuestaria de lo que supondría esto para las arcas públicas vascas, que en 2015 debe cumplir también el límite de déficit fijado por España y la UE.
Magistrada heterodoxa
De momento, la vista oral de este viernes da muy pocas esperanzas al director del equipo de letrados de los servicios jurídicos del Ejecutivo, dependientes del Departamento de Justicia que dirige Josu Erkoreka. El director de lo Contencioso, Alberto Saiz Garitaonaindia, que ha participado en la preparación de esta causa, ha estado presente en el juicio. La heterodoxa magistrada del Juzgado Número 6 de lo Contencioso-Administrativo, Ana María Martínez Navas, a lo largo de la vista apuntó la “incongruencia” del Ejecutivo vasco al recurrir ante el Tribunal Constitucional los recortes de Rajoy vía Real Decreto de julio de 2012 y defenderlos luego en los pleitos de la Ertzaintza.
“Ustedes han recurrido ante el Constitucional por invasión competencial, pero ¿están conformes o disconformes con el contenido de ese Real Decreto?” de Rajoy, inquirió con vehemencia la jueza a la letrada gubernamental. “Veo una clara incongruencia, aquí se mantiene un cosa y en el Tribunal Constitucional, la contraria. El Gobierno vasco estaba en contra de lo ocurrido con la paga extra y dijo: cumplo, pero no, y decidió adelantar la paga extra de junio. El Gobierno vasco fue coherente, en este caso no lo sé. Se lo digo porque si no estos pleitos no tienen sentido”, ha argumentado la jueza.
La letrada, sorprendida por las preguntas de la magistrada -que llegó a cuestionar la capacidad del legislador para echar por tierra “derechos consolidados” como las pagas extras, los trienios, etc- intentó zafarse como pudo. Y le recordó a la jueza que el Ejecutivo “debe aplicar la norma, aunque no nos gusta”. Ante la incredulidad del equipo de letrados del Ejecutivo, la jueza llegó a parar la grabación de la vista en dos ocasiones para que no constaran las preguntas que realizó a la abogada del Gobierno en relación con su opinión sobre si los días de antigüedad ahora recortados por Rajoy o los trienios formaban parte de los “derechos consolidados” que ningún legislador puede tocar. Algo que para ella son intocables, a tenor de la defensa realizada por la jueza en la vista.
