Las fundaciones estarán obligadas a presentar sus cuentas o se cerrará su registro
Las fundaciones se verán obligadas a presentar anualmente sus cuentas o el Gobierno vasco procederá al cierre de sus registro. Así lo recoge el Proyecto de Ley de Fundaciones aprobado este martes por el Ejecutivo y que actualiza una normativa vigente desde hace 20 años.
Hasta ahora solo la mitad, de las más de 600 fundaciones que hay en Euskadi, hacía públicas sus cuentas al cierre de cada año. En los últimos años, el Gobierno había detectado una serie de incumplimientos en un sector cuyo patrimonio neto supera los 1.300 millones y emplea a más de 13.000 personas. Otra medida que recoge la nueva normativa es la obligatoriedad de revertir los fondos aportados a la Administración Pública de origen tras su liquidación.
El Ejecutivo considera que el texto crea un marco jurídico y operativo nuevo para el sector fundacional vasco con el objetivo de responder a la demanda del sector que solicitaban la simplificación de la creación de nuevas entidades fundacionales, la eliminación de trabas administrativas “innecesarias” y avanzar en su “eficacia y buen funcionamiento”.
El Proyecto de Ley de Fundaciones aprobado este martes será enviado a la Cámara para su debate, negociación y en su caso aprobación por parte de los grupos Parlamentarios.
El Gobierno vasco, considera que la nueva ley es necesaria para avanzar en la colaboración público-privada, favoreciendo la participación de la ciudadanía en actividades sin ánimo de lucro, propiciar el crecimiento económico del país y ahondar en la profesionalización y acomodo del sector a los nuevos modelos de organización y gestión empresarial.
Según ha informado, la reforma que recoge el texto se rige por los principios de “transparencia, publicidad y buena gestión” e incluye novedades destacadas con respecto a la ley actual. En concreto, las fundaciones tendrán la obligación de mantener el registro plenamente actualizado en todo momento.
En un plazo no superior a los seis meses desde la adopción del acuerdo, las fundaciones deberán inscribir toda la información relativa a su constitución, cambios, nombramientos, ceses y variaciones de todas las personas integrantes del Patronato.
Cierre de registro
La norma incluye la previsión de “cierre de registro”, de manera que las fundaciones que no cumplan con la presentación de las cuentas, no podrán inscribir algunos de los acuerdos que puedan adoptar, hasta que den cumplimiento a la referida obligación. Las fundaciones de relevancia económica, tendrán la obligación de someterse anualmente una auditoría de sus cuentas.
Por otro lado, el Gobierno elaborará un Plan de Inspecciones a las fundaciones para comprobar si éstas han cumplido con sus obligaciones. La Administración podrá realizar un expediente de verificación, para aquellos supuestos en los que se prevea la existencia de irregularidades graves en el funcionamiento de una fundación.
Además, los órganos de las fundaciones deberán cumplir obligatoriamente la Ley de igualdad entre mujeres y hombres, y se regula la utilización de las nuevas tecnologías añadiendo la obligación de tramitar ciertos procedimientos vía online en las condiciones y plazos previstos en la propia Ley.
También se creará el Consejo Vasco de Fundaciones, como órgano colegiado consultivo. A través de éste, la Administración y las fundaciones vascas mantendrán una interlocución permanente. Asimismo, se añaden como tipo especial y diferenciado las fundaciones del sector público o las fundaciones bancarias de Euskadi, y se impulsa la aprobación de códigos de conducta y buenas prácticas por parte de las fundaciones.
Fotografía del sector
Previa a la elaboración de este Proyecto de Ley, el Gobierno vasco ha analizado la situación del sector fundacional vasco. A fecha del análisis, en Euskadi había 621 fundaciones, la mayoría de ellas pertenecientes al sector docente y de investigación.
Este análisis demostró que 325 fundaciones, apenas el 52,3% del total de las inscritas en Euskadi cumplen con el requisito obligatorio de presentar sus cuentas anualmente.
De estos datos se concluye que el sector fundacional vasco ingresa anualmente unos 764 millones de euros y gasta unos 781 millones de euros. Su patrimonio neto total es de 1.320 millones de euros y emplean a más de 13.000 personas, lo que supone un gasto global de personal de más de 377 millones de euros. El salario medio anual de sus trabajadores es de 24.637 euros.
