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El guiso de Urkullu (se cocina en Sabin Etxea)

Los socialistas quieren un acuerdo global en el que se fijen los nuevos ingresos, pero también su destino.

El PNV prepara ya las reuniones bilaterales con todos los partidos.

El lehendakari sólo se comprometió a una cosa en la mesa de partidos: presentar en julio una propuesta de redimensionamiento del sector público.

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El PNV pide templanza al Gobierno y "no caer en el gesto fácil" de ir contra Bildu

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, en su despacho de Sabin Etxea. /EFE

No hay fogón malo, sino manos torpes e ingredientes pobres, dicen los sukaldaris que pueblan los txokos de este país. Y Euskadi parece haber entrado en una etapa de comida rápida en la que los partidos deben ponerse a la tarea para alumbrar un acuerdo en materia de reforma fiscal y de lucha contra el fraude. El plazo máximo es finales de junio, si se pretende lograr una tramitación exprés en las diputaciones y en las juntas generales para que las nuevas normativas forales esté vigentes el próximo 1 de enero. Esta es la consecuencia más inmediata de la reunión de la mesa de partidos celebrada el martes en Lehendakaritza.

Tras tres horas y cuarto de reunión, el lehendakari Iñigo Urkullu vino a decir, parafraseando la cita de Lenin, aquello de "¡Todo el poder a los partidos!" -el revolucionario bolchevique hablaba de soviets, claro-. O para ser más exactos: todos los fogones a Sabin Etxea. Y puso en marcha la sucesión de reuniones bilaterales que comenzarán de manera inmediata. El PNV ya está preparando la agenda con el resto de partidos y el mismo día de la reunión repartió al resto de formaciones sus propuestas en materia de fiscalidad.

Hay elementos novedosos tanto en materia de IRPF, como en el Impuesto de sociedades. Por ejemplo, se propone mantener la deducción por la compra de vivienda, aunque incorpora una reducción del importe deducible anual a un máximo de 1.500 euros. Por contra, se quiere eliminar los incentivos previstos para jóvenes y familias numerosas. En los tramos impositivos, el PNV presenta una propuesta progresiva de tributación según la base liquidable: más de 90.000 euros (que pasaría a ser del 46%), a 120.000 euros (del 47%) y por encima de 175.000 euros (tributarían al 49%).

Y en lo que toca a la lucha contra el fraude fiscal, el PNV recupera la idea expresada por Urkullu por primera vez en su documento de bases presentado a los partidos para acordar los Presupuestos de crear una "comisión de lucha contra el fraude", junto a la "comunicación de las bases de datos tributarias de las Haciendas forales en tiempo real". Algo aún bastante alejado de la interconexión total y en tiempo real de esas bases de datos, que defienden PSE-EE y EH Bildu.

"Si el PNV quiere pactar con el PSE ya saben lo que pensamos del papel del Parlamento vasco en relación con fijar la política armonizada fiscal de este país. Y saben lo que opinamos de la interconexión de las bases de datos para perseguir el fraude fiscal.


Lo extraño de la reunión del pasado martes no es que el PNV planteara sus posiciones en la mesa de partidos. Lo raro, y así lo denunció toda la oposición al término del encuentro, es que el lehendakari no planteara ninguna propuesta, hiciera suya la del único partido que le sustenta y el material que llevó al encuentro no era sino un remedo de la propuesta ya presentada a los partidos en la negociación presupuestaria. El portavoz gubernamental, Josu Erkoreka, puso literalidad a esta nueva etapa con la frase: "El Gobierno ha diseñado un marco general de actuación". Para todos los partidos de la oposición -inusitadamente dura estuvo la flamante líder del PP, Arantza Quiroga- fue la constatación de que el gobierno está en la "inacción", no lidera y carece de propuestas para sacar a Euskadi de la recesión e incentivar la economía productiva. Ese mismo día, Urkullu abdicó en el PNV. Y decidió que su guiso fiscal lo cocinaban mejor en Sabin Etxea. Y los sukaldaris de la sede peneuvista, Koldo Mediavilla y Joseba Aurrekoetxea, dirigidos por Andoni Ortuzar, entraron en acción.

No es que el PNV lo tenga ahora más fácil por la reforzada disposición al acuerdo mostrada por Patxi López tras el encuentro. De hecho, el líder de los socialistas ya ha dejado claro que los consensos serán sobre un todo, o no serán. Traducido: el PSE no va a pactar exclusivamente un nuevo tramo impositivo o si la tributación de las rentas más altas debe llegar hasta el 49%. También quiere decidir sobre dónde se van a destinar los nuevos ingresos que provengan de esa reforma fiscal. En definitiva, para qué se va a gravar más a los contribuyentes y a las empresas. Sin olvidar un plan serio y conjunto de lucha contra el fraude para poner freno a esa sangría de 2.500 millones anuales que escapan al fisco. "Nosotros estamos donde estábamos. Y si el PNV quiere pactar con el PSE ya saben lo que pensamos del papel del Parlamento vasco en relación a fijar la política armonizada fiscal de este país. Y saben lo que opinamos de la interconexión de las bases de datos para perseguir el fraude fiscal", afirma una persona que se sientan en la Ejecutiva socialista. Y en esas materias, las posiciones siguen atascadas donde ambos partidos las dejaron hace unos meses.

Ortuzar conoce el grado de responsabilidad que ha adquirido. Y pese a todo se muestra confiado en poder cerrar un acuerdo en junio. "Tenemos muy avanzados los acuerdos y los desacuerdos", señala, al tiempo que recuerda que "todas las reformas fiscales de este país las hemos pactado con el Partido Socialista". Aunque para no levantar resquemores tampoco desdeña las posiciones "más abiertas" de Bildu. "Vamos a explorar la negociación con toda intensidad", resume, mirando a ambos lados.

Mientras los fogones de Sabin Etxea se ponen a punto, en Lehendakaritza se afanan en preparar el único compromiso que adoptó el lehendakari en la reunión del martes: redactar para julio una propuesta de redimensionamiento del sector público, algo que ha sido una exigencia de toda la oposición, pero sobre todo del PP y de UPyD. El objetivo, según los estrategas de Lehendakaritza, es lograr un sector público "menos amplio y disperso", más eficiente, "reduciendo las estructuras directivas y evitando la reducción traumática de empleo". Una cuadratura del círculo que, esta vez sí, queda reservada para el fogón de Lehendakaritza. Para otoño queda la creación de la ponencia parlamentaria sobre la arquitectura institucional vasca y el autogobierno, algo que el Gobierno ha querido ligar expresamente, recogiendo un planteamiento inicial de los socialistas: que Euskadi decida su estatus en relación con el resto de España, pero también que se mire hacia adentro y compruebe que, probablemente, el modelo diseñado en la Ley de Territorios Históricos (LTH) debe repensarse seriamente. Una ponencia donde el PNV estudiará la posibilidad de incorporar al sistema jurídico político el "reconocimiento y la legitimación del derecho a decidir". Mirando, en esta ocasión, a EH Bildu. Todos estos movimientos apuntan a que el PNV no acaba de decantarse por nadie en exclusiva y, según sea el ingrediente (fiscalidad o nuevo estatus), cocinará acuerdos con comensales distintos.

Ese parece el diseño, pero la sociedad (parados, pensionistas, excluidos...) tiene hambre de medidas que sirvan para salir de la crisis cuanto antes. Y son muchos, y cada vez están más escualidos, los llamados a esa mesa.


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