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“Hubo intereses industriales para implantar la TDT”

Luis Sahún, director general del operador de satélites Astra Ibérica, espera extender el satélite para ver la TV en áreas aisladas, tras la decisión de la Comisión Europea de que no hubo neutralidad al primar la TDT.

Se concedieron 235 millones  ayudas públicas en España, de ellas 15 en Euskadi, que deberán devolverse. “Se está pactando hacerlo en un periodo transitorio”.

“El mantenimiento de la TDT en zonas aisladas cuesta 70 millones al año. Con el satélite, se cubre el mantenimiento durante diez años”.

“Hay comunidades en las que no se ven canales y hay interferencias. La TDT no va a poner desarrollar la ultra definición. El satélite, igual que el cable, garantiza todo eso”.

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Luis Sahún, director general del operador de satélites Astra Ibérica.

Luis Sahún, director general del operador de satélites Astra Ibérica.

Luis Sahún (Zaragoza, 1955) es el director general del operador de satélites SES Astra Ibérica (tiene 54 satélites en órbita que cubren el 99% de la población mundial). Desde que la Comisión Europea dictaminó en junio que las ayudas públicas para la implantación de la TDT en zonas aisladas fueron ilegales, y por tanto perjudicaron a su empresa que ofrecía hacerlo vía satélite, ha iniciado una campaña para explicarlo por diferentes lugares de España, entre ellas Euskadi, y defiende el menor costo de la implantación del satélite para ver la televisión.

Pregunta. La decisión de la CE es solo para zonas con dificultades en la señal televisiva.

Respuesta. Sí. La cobertura obligatoria es de hasta el 96% en operadores públicos y del 98% en los públicos. Son porcentajes medios, porque hay comunidades autónomas que cobertura casi del 100% y otras más despobladas o de mas difícil acceso donde igual son el 90%.

P. Estamos hablando de ayudas de 235 millones de euros en España y de ellos casi 15 en Euskadi. La denuncia fue de su empresa. ¿Qué supone esa decisión?

R. Primero voy a explicarlo un poco. Nosotros pusimos la queja ante la Dirección General de Competencia de la Comisión porque, porque al llevar la televisión a estas zonas había un fallo de mercado y se podían aplicar ayudas de Estado. Formamos parte de un club de la UE y esas ayudas se tenían que aplicar con unas condiciones: comunicarlas a la Comisión y con criterios de  neutralidad tecnológica, que permita beneficiarse a todas las tecnologías.  Ninguna de las dos se cumplieron. Bruselas no sabía nada hasta que presentamos nuestra queja y las aplicaron a favor de la tecnología digital terrestre. Encima el satélite es mucho más eficiente y barato para los ciudadanos. La principal consecuencia es que los beneficiarios deben devolverlas.

P. ¿Quiénes fueron los beneficiarios y ahora afectados?

R. Son operadores de red, fundamentalmente, como Abertis y otros operadores como Retegal en Galicia, Itelazpi en el País Vasco, Aragón Telecom, Opnatel en Navarra… Lo que hay que hacer ahora es recuperar el dinero, aplicar los criterios de neutralidad y ver cuál es la solución más eficiente. Pensamos que es el satélite. En otros países europeos, se ha tenido en cuenta y en Francia cinco millones de hogares ven la TV por satélite y en Gran Bretaña, 1,5 millones.

P. ¿En qué situación está la devolución de esos 235 millones, porque Bruselas daba un plazo de cuatro meses?

R. El Gobierno español y algunas comunidades, como Euskadi, han recurrido la decisión ante el Tribunal de Luxemburgo, y pidieron medidas cautelares como la no devolución del dinero. Pero el Tribunal las ha denegado y ha dicho que las ayudas hay que devolverlas. Y ahora hay conversaciones entre la UE y el Gobierno  de España para ver cómo se implanta. Por lo que sabemos, se está pactando un periodo transitorio, en el que se puedan plantear nuevos concursos realmente neutrales y fijar los plazos para hacerlo. Se habla de 12-14 meses, y llegaríamos a finales de 2014.

P. Pero todo esto, ¿en qué le afecta al ciudadano de a pie?

R. Le afecta en que puedan ver la TV. Desde el apagón analógico en 2010, hubo que hacer una nueva adaptación para los nuevos canales y ha habido incluso dos o tres cambios de frecuencia. En las individuales hay menos problemas pero en las antenas colectivas hay que poner amplificadores, con el coste que conlleva. En municipios donde se depende de un transmisor, y el ayuntamiento y la comunidad no ha tenido recursos económicos, hay canales que no se ven. En zonas próximas al mar (Cádiz, Huelva, Mallorca, Menorca), y sobre todo en verano, tampoco se ven algunos canales.

P. Dice que la implantación de la tecnología de satélite para ver la televisión es más barata.

R. Ese 4% de la red de zonas aisladas cuesta unos 70 millones de euros al año en mantenimiento, o sea unos 1.000 millones en 10 años. La misma solución, con el satélite, costaría 70 u 80 millones en esos 10 años. La Unión Europea plantea eso mismo: si hay una solución más eficiente, porque se gasta 10 veces más, que pueda aplicarse. Además, está el tema de que el 1 de enero de 2015 bandas anchas que usa la TV ahora se van a utilizar para los operadores móviles. Con eso, la TDT va a quedar constreñida y ahora ya hay interferencias en la señal. Y todo eso de la alta definición y ancho de banda potente, la ultra definición, no se va a poder desarrollar. El satélite, igual que el cable, garantiza todo eso.

"Se apostó indebidamente por la TDT"

P. El Gobierno, ¿benefició entonces a la TDT?

R. Se aposto indebidamente solo por la TDT ignorando todas las dificultades que iba a haber. No tenemos nada en contra de la TDT pero si pedimos una posibilidad de TV gratuita por satélite y que los ciudadanos lo elijan.

P. ¿Por qué cree que, sabiendo ese menor coste, solo se apostó por la TDT?

R. Me lo puedo imaginar, no lo sé. Hemos hablado con este Gobierno y el anterior. En marzo de 2008 se nos adjudicó el concurso en Cantabria para llevar la TV a zonas aisladas. Tres semanas antes de ponerlo en marcha, en noviembre, nos cancelaron el proyecto con una carta que lo justificaba por la decisión sobrevenida de darlo gratuitamente, aunque eso lo pagamos todos los ciudadanos, a todas las comunidades autónomas. Había intereses industriales.

P. El Gobierno ha tenido interés en beneficiar a empresas privadas.

R. Ese es tu análisis. Yo cuento los hechos. En Cantabria nos indemnizaron con cuatro millones por la cancelación del proyecto, que, tras un recurso, han quedado en 3 millones de euros. Nunca hemos querido el dinero sino dar el servicio.

P. Y para las zonas no aisladas, ¿es mejor la TDT?

R.  La tecnología terrestre se ha utilizado desde los años 50 y las televisiones tienen una concesión para terrestre y la forma habitual ha sido la terrestre. La gente está acostumbrada a eso y se han ido haciendo los cambios sucesivos. En muchos países, la principal forma de ver la TV es a través del satélite. A las televisiones del Estado no les interesa el satélite porque tienen la licencia en TDT. Pero se priva a ciudadanos de tener otras opciones. La TDT se queda corta. Tiene muchos problemas de futuro.

P. Exigen un nuevo concurso público. ¿Supondrá otro apagón como se hizo con el analógico?

R. Si ganamos concursos para hacerlo por satélite, no va a haber gente que se queda sin TV. Coexistirían los dos. La TV por satélite se implanta rápida: la señal se pone en dos o tres meses y luego lo que se adapte el ciudadano. En la TDT hay que cambiar en todos los centros de transmisión. En nuestro caso es inmediato. Es una de las ventajas del satélite.

P. En Euskadi la implantación de la TDT se hizo a través de Itelazpi, una sociedad pública que recibió casi 15 millones de euros. O sea que el Gobierno vasco tiene que quitarse dinero dado a sí mismo.

R. Puede haber soluciones mixtas: mantener algunos centros terrestres y en otras zonas más dispersas, darlo por satélite. Hay que ver.

P. Se está hablando de mucho dinero y afecta a empresas.

R. Se plantea una disyuntiva: si seguimos como hasta ahora y nos gastamos 1.000 millones en esta solución o rompemos eso y planteamos una solución más económica. El coste anual de esta red es el mismo que 10 años para un satélite. Hay intereses que chocan pero a costa de que los ciudadanos paguemos más. Ese dinero puede ir a la sanidad, asuntos sociales.

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