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Ninguna medida aprobada por el Parlamento para favorecer el alquiler social está en vigor

La Cámara dio el visto bueno a que las rentas que pagan los inquilinos de Alokabide no superen el 30% de sus ingresos, incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad.

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El portavoz de la plataforma con las firmas y el docuemnto entregado en Alokabide.

Inquilinos de Alokabide protestan ante la sede de la sociedad.

Ocho meses después de que el Parlamento vasco aprobara una serie de medidas para favorecer el alquiler social de los pisos públicos todo sigue igual. Ninguna de esas medidas ha entrado en vigor, demostrando una vez más que la última palabra, en muchas ocasiones, la tiene el Gobierno. El caso es que el pasado mes de abril, el Parlamento aprobó una resolución garantizando que las rentas que pagan los inquilinos de Alokabide (sociedad dependiente del Gobierno vasco encargada de los alquileres sociales) no superen el 30% de sus ingresos, incluidas las tasas y los gastos fijos de comunidad. Una reivindicación "vital" para los inquilinos, muy castigados por la crudeza de la crisis.

Una delegación de inquilinos de Alokabide expondrá la próxima semana en el Parlamento su situación y la ausencia de medidas. "Es una situación insostenible y una tomadura de pelo", se queja Arturo Val del Olmo, miembro de la plataforma Stop Desahucios Araba y uno de los portavoces de los inquilinos de Alokabide. Junto con el límite de la renta, la Cámara de Vitoria aprobó en abril la adecuación del precio por metro cuadrado de las viviendas de alquiler a la "bajada sufrida en el precio de mercado" y  que la renta sea revisada anualmente de acuerdo a los ingresos de la unidad convivencial.

Es decir, que cuando se produzca un cambio notable de los ingresos, la adaptación de la renta de alquiler se haga en el plazo más breve posible y que se aplique desde el momento de ese cambio. Además, el Parlamento también solicitó al Gobierno vasco que los inquilinos de Alokabide puedan acceder a la prestación complementaria de vivienda y el establecimiento de los mecanismos que permitan a los inquilinos su participación directa en la gestión de los gastos de comunidad, con el fin de reducir gastos.

"Sin duda", apunta Val del Olmo, "lo más importante es que la renta no supere el 30% de los ingresos de los inquilinos, incluidos los gastos fijos de comunidad. ¿Cómo es posible que el Parlamento apruebe estas medidas y resulte imposible aplicarlas porque el Gobierno no quiere? ¿Para qué sirven entonces los pronunciamientos del Parlamento?". Una pregunta que ronda por la mente de muchos ciudadanos.

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