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8,6 millones perdidos por la paralización de los sondeos de hidrocarburos en la costa vasca

Fulmar

Iker Rioja Andueza

El Gobierno vasco ha comunicado al Parlamento que la paralización del permiso Fulmar para la exploración de hidrocarburos en el mar cantábrico, a unos 20 kilómetros de la costa de Bermeo y Elantxobe, supondrá la pérdida de 8,6 millones de euros, de los cuales 2,5 son inversiones directas del Ejecutivo autonómico. Fulmar, que se dividía en dos sondeos distintos, Fulmar y Pelícano, ha sido suspendido por “la falta (por el momento) de rentabilidad en una posible explotación debido a los cambios bajistas en las condiciones de mercado”, según las palabras de la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, que adelanta que esta decisión se hará pública próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fulmar se puso en marcha en 2009 a unos kilómetros al norte de La Gaviota, la agotada plataforma petrolífera a unos pocos kilómetros de Matxitxako. El Gobierno vasco, a través de la sociedad pública SHESA y de la mano de Repsol, adquirió una participación en los sondeos Fulmar y Pelícano ya que en la fase de transición hacia las energías renovables se interpretó como una oportunidad el buscar nuevos recursos fósiles “para intentar lograr el mayor grado posible de soberanía energética”, según valoró Tapia en 2014. Era cuando España debatió con intensidad sobre este tipo de prospecciones marítimas a la luz de los seísmos provocados en Castellón y Tarragona por el proyecto Castor. Precisamente en esas mismas fechas llegó del Gobierno de España, impulsor de estas plataformas, la declaración ambiental favorable para los dos sondeos en la costa vasca.

Tapia, a preguntas de Dani Maeztu (EH Bildu), matiza que Fulmar no se suspende, sino que se desmantela porque caducan los permisos del Ministerio de Industria y Energía sin que se hayan producido avances. “No se han generado ingresos en este permiso puesto que, lamentablemente, la fase exploratoria no ha culminado en un descubrimiento que hubiese permitido su futura explotación y, consecuentemente, la generación de ingresos por ventas, creación de empleo y riqueza asociada”, argumenta Tapia, que ya antes había aludido a las complejidades técnicas de extraer hidrocarburos desde la superficie con una profundidad del mar muy superior a la de la plataforma de La Gaviota a pesar de su cercanía. Euskadi crítica veladamente que Industria tardará en dar luz verde a la declaración de impacto ambiental, lo que ha reducido los trabajos efectivos.

Renuncia al 'fracking'

El Gobierno ha remitido a la Cámara dos cuadros con las inversiones totales y propias que ha supuesto el fallido proyecto Fulmar. En total, desde 2009 se han gastado 8,6 millones de euros, de los cuales algo más de 2,5 han salido de las arcas autonómicas. La inversión, reconoce Tapia, no es recuperable, aunque destaca la aportación en investigación geológica y marina que han aportado los trabajos de sondeo de estos años.

Esta noticia coincide en el tiempo con la presentación, la pasada semana, del plan estratégico vasco de Energía hasta 2030, en el que formalmente se renuncia también al ‘fracking’ o fractura hidráulica para la extracción de gas del subsuelo terrestre. El Gobierno no renuncia a la explotación de las grandes bolsas de energía que tiene identificadas bajo Euskadi, sobre todo en Álava, pero parece decantarse por técnicas convencionales ante la fuerte oposición social generada por el ‘fracking’ y ante la ley vasca que le pone coto (aunque no lo veta) con restricciones ambientales y urbanísticas.

Tapia explica que el Ejecutivo “apuesta claramente por el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables como ejes estratégicos de la estrategia energética”, aunque asume que tiene que haber un escenario de “transición” hasta alcanzar un ‘mix’ “totalmente renovable” frente a un modelo actual con el petróleo como eje.

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