La 'okupación', un delito con un incipiente respaldo social
El debate sobre la permisividad o prohibición hacia los movimientos que ocupan de manera ilegal pisos o edificios abandonados resurge estos días en Vitoria-Gasteiz. El Ayuntamiento y los okupas de un piso del barrio de Errekaleor han tenido cita en los Juzgados. La sociedad pública de Ensanche 21 denunció a estos jóvenes por la vía civil por instalarse en esa vivienda propiedad municipal. Queda pendiente una segunda vista ya que la primera, debido a la ausencia del abogado de oficio de los denunciados, no se ha celebrado. El colectivo alojado en Errekaleor se presenta como un grupo de autogestión, que trata de sacar provecho a ese espacio infrautilizado y deshabitado.
Al igual que en el barrio vitoriano, según recoge la 15Mpedia, una enciclopedia de libre participación sobre movimientos sociales, en Euskadi hay al menos 15 centros autogestionados por movimientos juveniles. 7katu en el Casco Viejo de Bilbao o en Sestao, Txirbilenea son dos de los ocho activos en Bizkaia. Otros seis permanecesn abiertos en Gipuzkoa y uno en Álava, en referencia al clausurado de San Francisco. Aunque la realidad demuestra que están en uso más centros sociales que los resgistrados en ese censo. En toda España se estiman unos 215.
Para estos jóvenes 'okupas' prevalece el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna recogido en la Constitución frente al delito que comenten cada vez que se atrincheran en un piso ajeno. Dicen que son espacios infrautilizados al que ellos dan un nuevo uso e introducen en el debate un dato, el número de viviendas deshabitadas en Euskadi, 60.020, el 6% del parque. Su reclamación de un techo bajo el que vivir cuenta con el respaldo de ciertas plataformas sociales y vecinales que salen en defensa de estas iniciativas. Consideran “legítima” su práctica pese a esta prohibidas por Ley. El movimiento de Vitoria tiene el apoyo de la Plataforma de Derechos Sociales de Vitoria. El representante de Elkartzen, Guillermo Perea, ha defendido en comisión municipal en el Ayuntamiento la pervivencia de esta iniciativa y de similares. “Estamos hablando de viviendas municipales, del propio Ayuntamiento, para las que todavía no tienen planes, no tiene fecha de derribo. Deben dejarles estar ahí porque no tienen donde marcharse. Nosotros creemos que se debería ocupar más vivienda porque hay mucha gente en esta ciudad que no puede optar ni a pisos sociales y hay 10.000 viviendas vacías en Vitoria. Es totalmente legítimo lo que hacen”, declara Perea.
“Un techo bajo el que vivir, no la propiedad”
Los okupas dicen que no les queda otra alternativa. “Yo estoy aquí porque se me obliga, no tengo más posibilidades para emanciparme que ésta. Aquella idea romántica del hippie que toca la flauta y que 'okupa' edificios abandonados no es la filosofía que me ha guiado en mi decisión”. Este estudiante de 24 años, 'alojado' en Errekaleor en Vitoria, asegura que “tal y como está hoy en día el mercado laboral ”, no les queda otra que anclarse a la casa de sus padres en vez de independizarse. Pero la idea de continuar en la vivienda familiar no les seduce. Así que optaron por tomar de manera ilegal el piso mencionado y allí conviven desde hace meses. “Aquí somos todos estudiantes. Yo he acabado Historia y ahora hago otro curso para poder dar clases de secundaria en algún centro. Pero los trabajos a los que optamos son muy precarios. De monitor un par de fines de semana o sirviendo copas. Como mucho te sacas 200 euros el mes que no te falla el curro. Y con eso ¿dónde vamos?. Ni compartiendo piso, porque no te llega. Además del alquiler hay que pagar gastos, comida y vestir. Imposible” relata Carlos.
Este universitario se aferra con todas sus fuerzas a la casa que comparte con una decena de moradores en lo que han denominado como el proyecto Errekaleor Bizirik. Han hecho de ese lugar su hogar y su presencia ha devuelto algo de vida al barrio, que fue muy dinámico en sus tiempos de esplendor, en plenos años 50-60, pero que acabará derruido por los nuevos planes urbanísticos -aún por definir- para esa zona. “Queríamos corresponder de alguna manera a la gente del barrio. Nos hemos instalado y nos han aceptado bien. Nos toca devolverles el gesto, dentro de nuestra posibilidades”, explican.
Son ocho las familias que residen en ese área del sur de Vitoria-Gasteiz y conviven con el colectivo de okupas. Los vecinos se resisten a marchar como hicieron el resto. El Ayuntamiento realojó a la mayoría en otras zonas poque esas antiguas construcciones, dado su mal estado y conservación, no reúnen las necesarias condiciones de habitabilidad y acabarán derruidas.
Proyecto comunitario para el barrio
El reducto de opositores ha acogido con entusiasmo a los nuevos inquilinos, según relatan los propios okupas, que han conseguido reactivar algunos equipamientos como el cine o el centro social y su biblioteca. Estos servicios se autogestionan con la colaboración mútua. Otro de los proyectos estratégicos es la huerta con la que los jóvenes se autoabastecen. “Pretendemos que los vecinos tengan su propia parcela y participen de esto”, explica Carlos.Cultivan acelgas, patas, lechugas, puerros y cuidan de un corral de cuatro gallinas que les proporcionan huevos. “Los periodistas siempre preguntáis si tenemos luz o agua en la casa y nos sorprende. Lo tenemos, pero no es la principal de nuestras preocupaciones. Primero hay que comer y con esto no digo que lo de lavarse sea secundario, que es otro de los estereotipos que circulan sobre nosotros”, puntualiza Carlos.
Otro de los centros autogestionados, el bloque número 3 de la Cuesta San Francisco, fue abandonado hace meses por los okupas que llevaban 3 años de vida comunitaria en el edificio. Disponían de un cenador vegano abierto al público que funcionaba un día a la semana, una tienda de intercambio de ropa y de otros enseres y acondicionaban salas para ofrecer talleres de madera o marionetas. Pero ante la amenaza de una orden judicial decidieron marcharse antes de la llegada de la Policía. “Nosotros queremos continuar con nuestras actividades en otro edificio. No queremos quedarnos con la propiedad de nadie. Solo queremos tener un techo bajo el que vivir y demostrarles a los vecinos que hay otras alternativas y otras formas de vida en común totalmente respetuosas como la nuestra”, relata Nerea, que recuerda que entraron al inmueble contando con el permiso del propietario y salieron tras negociar con el dueño la retirada de la denuncia judicial.
