La oposición estudia vías para impedir el archivo de la causa contra Alonso y Maroto
La causa abierta en el Tribunal de Cuentas por el sobreprecio millonario “pactado” en Vitoria por el equipo de Alfonso Alonso llegará hasta el final, al menos, según asegura la oposición del Ayuntamiento de Vitoria. PSE, EH Bildu y PNV estudian fórmulas para impedir el archivo de la caso. Estas formaciones temen que se quede en actuaciones previas y no se llegue a celebrar un juicio contable. Para que se de este paso deben presentar demanda alguno de los órganos legimitados para ello. El abogado del estado, el represente legal del Ayuntamiento o el Ministerio fiscal pueden hacerlo, pero en caso contrario, los grupos municipales se encargarán de dar continuidad a las diligencias y “llegar hasta el final”. Quieren una sentencia firme sobre lo ocurrido y que se depuren responsabilidades contables, en caso de que el órgano fiscalizador así lo determine.
Antes de implicarse ellos mismos en el proceso pretenden que el alcalde Javier Maroto atienda a razones, “actúe con honestidad, asuma sus responsabilidades y de instrucciones a la abogada del Ayuntamiento para que presente demanda”. Aunque reconocen que no confían en esta posibilidad. Por este motivo, estudian una tercera vía. La alternativa que se plantean es recurrir a la acción pública contable. “Bajo esta fórmula, cualquier persona física que se sienta damnificada por lo ocurrido, podría personarse y así permitir el avance del proceso”, ha explicado el portavoz del PNV, Gorka Urtaran. Desde el PSE respaldan esta fórmula o cualquier otra que “nos garantice conseguir el objetivo final: que se depure el daño económico y que revierta a las arcas públicas”, ha declarado el portavoz, Peio López de Munain.
En la fase preliminar el Tribunal ha declarado a Alfonso Alonso y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Vitoria responsables del polémico alquiler que ha ocasionado un perjucio económico al consistorio. La operación se gestó en el 2007 cuando el actual Ministro de Sanidad era alcalde de la ciudad y el actual regidor, Javier Maroto, concejal de Hacienda. El polémico alquiler benefició al conocido empresario, restaurador y presidente del Deportivo Alavés Gonzalo Antón, quien por un inmueble que le costó 2,7 millones firmó un contrato blindado de alquiler, con importantes revisiones anuales de precios, por un período de 20 años y con un coste total máximo de unos 7 millones de euros, el doble de lo que pago al comprarlo.
Por el perjucio económico causado al Ayuntamiento de Vitoria con su actuación y porque considera que tienen una responsabilidad contable en el caso se le reclama a todo el equipo de Gobierno de Alonso abonar medio millón de euros que deben pagar en un plazo de diez días.
